El clan Pujol al completo será juzgado por fraude fiscal y blanqueo, entre otros delitos. El magistrado Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán, Jordi Pujol, y sus siete hijos por la gestión de su patrimonio en el extranjero. De esta forma envía al banquillo a toda la familia -a excepción de Marta Ferrusola, a quien le archivó la causa por demencia- y también a una decena de empresarios a los que implica en el entramado de la familia Pujol Ferrusola. Además pide para el hijo mayor una fianza de 7,5 millones de euros.

Pedraz, que heredó la causa del magistrado José de la Mata, les atribuye a todos ellos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución. Actúa en sintonía con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción (que también les retiró el delito de organización ilícita) pero no de la Abogacía General del Estado, la cual exculpó al exmandatario catalán y puso el foco en su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola.

El magistrado les mantiene la condición de libertad y también la obligación de dejar constancia del domicilio en España para ser notificados. De esta forma, la investigación que arrancó en el año 2012 por la gestión del patrimonio en el extranjero, queda nueve años después en manos de la Sala para que juzgue los hechos. Pedraz solo pide fianza para dos de los acusados. En concreto reclama una caución de 7,5 millones de euros para el primogénito de la familia y 400.000 euros para la que fuera su mujer, Mercé Gironés.

El mayor de los siete hijos de Pujol ha gozado de un papel protagonista en esta causa por haber gestionado la apertura de cuentas en Andorra y el posterior reparto de los fondos entre los hermanos. De hecho, tanto Fiscalía Anticorrupción como Abogacía General del Estado son los que le piden una mayor pena de prisión. Así, mientras el Ministerio Fiscal reclama para él una pena de 29 años de cárcel, la Abogacía -cuyo escrito se conoció este martes- reclama 25 años y fianza de 7,7 millones por presunto fraude fiscal cometido entre los ejercicios 2007 y 2012.

La influencia de Pujol

No obstante, hay diferencias notables entre las acusaciones. Mientras Anticorrupción sitúa al expresidente catalán en la trama (al igual que las acusaciones de Podemos y Grand Tibidabo), los servicios jurídicos del Gobierno piden librarle del banquillo y otorgan el papel de "dirección operativa" al hijo mayor y la mujer del exmandatario catalán, quien se hacía llamar "madre superiora de la congregación". En julio del año pasado el anterior instructor propuso juzgar a todos los miembros de la familia por integrar una presunta organización criminal aprovechando su posición privilegiada en la vida política de Cataluña.

En ese punto incluyó también a una decena de empresarios, algunos de ellos muy vinculados a Jordi Pujol padre, como Carles Sumarroca o Carles Villarrubí. A todos les implica en operaciones con el mayor del clan bien mediante "pagos millonarios" a cambio de "concretas influencias" que se materializaban, principalmente, en adjudicaciones y cambios de calificación urbanística "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán". Estos pagos se hacían, o bien simulando operaciones ficticias de asesoramiento cuya concreción no se demostró, o bien aprovechándose de este concepto para ocultar otros movimientos.

"Es muy importante insistir de nuevo en este extremo: los "pagos" a la familia Pujol Ferrusola en ocasiones estaban vinculados y se producían como contraprestación por la influencia ejercida por la familia ante distintas autoridades. Pero en otros muchos casos, sin embargo, esta vinculación específica no existía, y los pagos se realizaban por personas y empresas para crear o mantener una buena relación con la familia Pujol Ferrusola y así ser tomadas en cuenta para futuros negocios o adjudicaciones ilícitas", sentenció De la Mata al término de esta investigación en julio del año pasado.

Pelotazos urbanísticos

Entre ese tráfico de influencias al que aludió De la Mata y que ratifica Pedraz destaca el ejemplo del Vertedero de Vacamorta. Según los investigadores, Jordi Pujol Ferrusola se habría embolsado 5,2 millones de euros con este 'pelotazo' que impulsaron los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola bajo el último gobierno del líder de la extinta Convergència. Según el magistrado, el vertedero contó con todas las autorizaciones y licencias del ejecutivo autonómico pese a que la Justicia falló en contra del proyecto y ordenó su paralización en reiteradas ocasiones.

No obstante, los negocios traspasaron las fronteras del país. En concreto el instructor recogió inversiones en el negocio del juego en México o la compra del puerto de la ciudad argentina de Rosario mediante empresas de las que eran titulares Pujol Ferrusola y Gironés. Dichas operaciones, que salpican a otros acusados de la red, dieron paso también a "préstamos ficticios y simulados" como el de 6 millones de euros que recibió el primogénito en 2007 de Bernardo Domínguez Moreno bajo la modalidad de línea de crédito. "El contenido de estos escritos es sorprendente puesto que todas las peticiones se efectuaron en México pero se solicita que las cantidades se entreguen en metálico en Andorra", expuso De la Mata.

Precisamente en Andorra es donde se sitúa el grueso de esta investigación penal por ser el destino donde los Pujol Ferrusola desviaron ingentes cantidades de dinero en metálico y vía transferencias. Las acusaciones sostienen que el hijo mayor se encargó del reparto de los fondos a los otros hermanos así como de la creación de sociedades "absolutamente opacas" a las que los hermanos fueron desviando el dinero con el fin de ocultarlo a Hacienda. En 2014, sin embargo, se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro todos excepto el hijo mayor del exmandatario catalán y Josep Pujol Ferrusola.