La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha concluido por mayoría que hay indicios para que el alto tribunal asuma la investigación contra Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. De esta forma, la plana mayor de los fiscales tumba la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, contraria a investigar al expresident catalán.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que el nuevo informe lo redactará la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, ante las discrepancias de los dos fiscales jefes de la Junta: Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Se trata de la primera vez que se produce esta disyuntiva en la Junta. Por ello ahora se tiene que seguir lo estipulado en el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
De los quince fiscales presentes en la reunión, 12 han respaldado que se investiguen estos hechos por terrorismo, frente a tres que se han opuesto. En una segunda votación 11 de los presentes han considerado que hay indicios para actuar contra los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, frente a cuatro que han votado en contra. Así pues el criterio de la mayoría fuerza la redacción de un nuevo informe donde predominará el criterio de la teniente fiscal y que se remitirá a la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Nuevo informe sobre Puigdemont
Fuentes de la propia junta anticipaban ya este lunes un cónclave especialmente intenso. Aunque se reúnen todos los martes, el encuentro de hoy era clave no solo por el contenido del asunto a tratar, sino también por la polémica acerca del primer "borrador" que redactó Redondo en el cual, según informó el diario El Mundo, plasmaba un criterio totalmente contrario al informe que finalmente se ha deliberado este martes.
Dicho documento se presentó en la Junta del pasado martes previa visita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, Redondo negó que en dicho encuentro el fiscal general le diera instrucciones para cambiar su criterio.
Con este caldo de cultivo ha arrancado la reunión pasadas las 10.00 horas. La Junta ha estado presidida por los fiscales Cadena y Sánchez-Covisa y la integran fiscales de prestigio como, entre otros, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, estos últimos representantes del Ministerio Fiscal en la causa del procés.
El debate ha girado en torno a la ponencia de Álvaro Redondo de cuya existencia informó al resto de fiscales en la reunión del pasado 30 de enero, según las fuentes consultadas. En dicha reunión Redondo informó que tenía el informe redactado y que iba a dar traslado del mismo a los miembros de la junta. No dijo nada acerca de la existencia de un primer borrador que contendría una valoración antagónica a la deliberada este martes.
El documento, al que ha tenido acceso este medio, aborda la exposición razonada del magistrado Manuel García Castellón contra Puigdemont y una decena de imputados en la causa de Tsunami Democràtic por presunto delito de terrorismo. El fiscal determina en su informe que los indicios recogidos por el instructor no son suficientes como para abrir causa contra los dos aforados y el resto de imputados, apuntando además, que la tipificación penal que él contempla apunta más a desórdenes públicos y coacciones.
Se trata de un criterio idéntico al defendido por el fiscal de la Audiencia Nacional al frente de la causa desde su inicio en el año 2019. El fiscal Miguel Ángel Carballo ha virado su proposición inicial (puesto que estas diligencias nacieron por terrorismo) y considera que los hechos más graves de este movimiento -como el asedio al aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019- no pasarían de unos desórdenes públicos graves.
"Indios demasiado abiertos"
Es por ello que ha recurrido el auto de imputación de Carles Puigdemont, así como la exposición razonada del instructor. Ambos asuntos están pendientes de ser resueltos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, siendo su respuesta especialmente relevante porque si se retira el delito de terrorismo el órgano perderá la competencia y se tendrá que inhibir en favor de los juzgados ordinarios de Cataluña.
Con todo, en paralelo a este movimiento, el alto tribunal aborda su respuesta a la petición del instructor del caso Tsunami. Por ello, la Sala de lo Penal dio traslado a la Fiscalía hace apenas unas semanas para que emitiera informe sobre la solicitud del magistrado. El sentido del mismo se conoció el pasado domingo, cuando trascendió su criterio contrario a abrir causa contra Puigdemont.
En su informe, el fiscal explica además que, en relación a los aforados Puigdemont y Rubén Wagensberg, no se han recabado nuevos indicios. Al contrario, asegura que los mismos "resultan demasiado abiertos" como para avalar que el Supremo asuma la causa. Por ello propone devolverla a la Audiencia Nacional para que el instructor siguiera investigando la implicación de los líderes independentistas en todas las acciones de Tsunami.
Negociación de la amnistía
Con este giro de guion, la Fiscalía del alto tribunal complica el horizonte de la ley de amnistía, la cual sigue su tramitación en el Congreso tras el rechazo de Junts a aprobarla hace apenas una semana. Los de Puigdemont tenían muy bien atada la derivada del procés -por la cual el expresidente catalán tiene pendiente sentarse en el banquillo de los acusados- pero los últimos movimientos en Tsunami han provocado cambios en la redacción con el foco puesto en el terrorismo.
De hecho, el último desencuentro en el PSOE y la formación independentista reside en la redacción de este punto. Los de Junts quieren que se amnistíe el terrorismo del procés de manera global. Por ello se niegan a respaldar el texto conforme a su redacción actual, puesto que la misma excluye de la amnistía los artículos segundo y tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Se trata, precisamente, de los mismos a los que apela el magistrado García Castellón en sus últimos pronunciamientos. El magistrado insiste en que, indiciariamente, se tiene que mantener la investigación por terrorismo a tenor de la ocupación de 8.000 personas del Prat, la batalla campal del 18 de octubre en el centro de Barcelona donde resultaron heridos tres policías, y los disturbios durante la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019.
