El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea ese órgano el que continúe con la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic tras la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont y del diputado de ERC Rubén Wagensberg.
En una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado explica que debido a la condición de aforado de estos dos imputados interesa la remisión de todo el procedimiento a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en consonancia con lo solicitado por la Asociación Dignidad y Justicia.
En la providencia el magistrado explica que existe "indiciaria responsabilidad penal" en los hechos tanto de Puigdemont, el cual está aforado por su condición de diputado en el Parlamento Europeo, como de Rubén Wagensberg, diputado este último de ERC en el Parlament catalán. El magistrado, que inició la investigación de Tsunami en 2019, les imputó recientemente junto con una decena de personas (entre ellas Marta Rovira) por delito de terrorismo.
Delito de terrorismo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 actuó tras adherir un informe de la Guardia Civil que acotaba la implicación de todos ellos en la planificación y ejecución de las acciones de Tsunami Democràtic. En concreto se centró en los cortes de la AP-7 y el colapso del aeropuerto del Prat, acciones ejecutadas en el marco de la oleada de protestas que impulsó la plataforma contra la sentencia del Tribunal Supremo del procés.
Ahora, en una exposición razonada de más de 100 hojas, el magistrado expone que la cuestión de la competencia para investigar esta causa es "nuclear" y por eso entiende pertinente actuar de acuerdo a lo solicitado por Dignidad y Justicia para que el alto tribunal determine si es competente o para investigar los hechos.
El análisis de los informes de los Mossos permite inferir elementos relevantes en orden a la tipificación como delito de terrorismo
El movimiento se produce en dirección contraria a lo solicitado por los imputados que insisten en que las diligencias tendrían que derivarse a los juzgados ordinarios de Cataluña ante la ausencia de delito de terrorismo.
Sin embargo, el instructor sostiene que en estos años de investigación policial se han recopilado "indicios sólidos de la comisión de hechos delictivos". "Las diligencias practicadas en las últimas semanas han permitido corroborar, desde la provisionalidad de este momento, algunos de estos indicios obtenidos en estos cuatro años de investigación", indica.
El instructor se refiere en concreto a los oficios de los Mossos d'Esquadra remitidos en los últimos días a la Audiencia Nacional en los que se detalla las acciones de Tsunami en El Prat y también los boicots en la autopista. " El análisis de estos informes permite inferir elementos relevantes en orden a la tipificación como delito de terrorismo", reza la exposición.
El magistrado recuerda las conclusiones policiales acerca de que en la acción desplegada en el aeropuerto en 2019 se utilizaron "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva" y que "se logró perturbar el servicio de la aviación civil" y se puso en peligro la seguridad del aeropuerto. Del mismo modo recuerda que la batalla campal que allí se vivió termino con algunos agentes heridos de gravedad, lo que permite calificar los hechos como "desórdenes públicos de naturaleza terrorista".
El "liderazgo" de Puigdemont
De Carles Puigdemont el magistrado dice que ocupó una posición "ejecutiva y de liderazgo" dentro de Tsunami Democràtic. En concreto la Guardia Civil le ubica en una reunión en Ginebra los días 20 y 31 de agosto de 2019 donde pudo haberse planificado el inicio de las actuaciones. Al respecto los agentes explican que descubrieron esta cita al analizar la agenda de Josep Lluís Alay, su mano derecha, en el marco de otra investigación penal.
Del mismo modo, se alude a una conversación entre Puigdemont y Josep Campmajó, otro de los empresarios imputados, en la que éste último le pone al corriente sobre los disturbios de Tsunami y le pide que tome el "control" o tendrían que comenzar a gestionar el precio de las bajas. El líder de Junts respondió sobre la posibilidad de que hubiera fallecidos.
Recusación del juez
"La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opción generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes (...). El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos", expuso Puigdemont.
En paralelo a la remisión de las diligencias al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha reactivado el estudio de la petición de un imputado de apartar del caso al juez. La Sala de lo Penal ha abierto un expediente gubernativo en el que acuerda requerir al juez Manuel García Castellón el escrito de recusación del imputado Oleguer Serra, que él mismo inadmitió hace unas semanas.
