El juez García-Castellón responde a Suiza que está obligada a colaborar en Tsunami Democràtic

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha respondido a Suiza que los tratados internacionales le impiden rechazar por motivos políticos el auxilio judicial que solicitó en el 'caso Tsunami Democràtic', ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo.

Un día después de recibir la resolución en la que las autoridades helvéticas cuestionaban si la investigación que dirige tiene tintes políticos, García-Castellón ha dictado un contundente auto en el que considera "inadmisible" que Suiza le pida explicaciones sobre una "hipotética" ley de amnistía que no está aprobada, según ha recogido EFE. Recuerda el juez que en España y en la Unión Europea existe separación de poderes y subraya que no le corresponda formular opinión alguna sobre leyes en trámite, "ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza".

En respuesta a la petición de información del juez, Suiza acordó suspender la tramitación de la comisión rogatoria cursada por García-Castellón y le pidió que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la Justicia española. Pero el juez es claro al respecto: los tratados internacionales suscritos por España y Suiza impiden que se rechace por motivos políticos la asistencia judicial en esta causa en la que se investigan delitos de terrorismo. El juez explica que en la comisión rogatoria facilitaba toda la información "que permite incardinar las acciones de TD (Tsunami Democràtic), en un delito de carácter terrorista", y recuerda que Suiza ha firmado el convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. Un convenio que, precisa, especifica que una solicitud de asistencia judicial basada en delitos de terrorismo contemplados en el texto "no podrá ser denegada por el solo hecho de que se refiera a un delito político, o a un delito conexo a un delito político o a un delito inspirado por móviles políticos".

"Incongruencia"

El magistrado advierte una "incongruencia" en la solicitud de explicaciones sobre los efectos de la eventual amnistía, dado que las autoridades se interesan "llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional" en el que se mueve su comisión rogatoria. "Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación”, subraya el juez, que se abstiene "de consideración alguna". Y deja claro que su competencia y la de todos los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" y que ni a ellos les corresponde elaborar leyes ni tampoco al legislador o al ejecutivo "inmiscuirse" en sus funciones.

García-Castellón zanja el asunto al asegurar que "desconoce cualquier cuestión relativa" a la ley de amnistía, ni advierte el interés que pueda tener para Suiza.

Pide una reunión con Suiza

García-Castellón explica en su auto que el pasado noviembre ya solicitó de urgencia una reunión de coordinación con Suiza en el marco de la agencia Eurojust, sin haber obtenido respuesta, y reitera la necesidad de celebrarla. Una situación "particularmente extraña", dice el juez, dada la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados, y subraya que "la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes".

Sobre otros pormenores que señalaron las autoridades helvéticas, el juez explica que pidió ayuda a Suiza para localizar a Marta Rovira porque al tratarse de una diligencia que afecta a su derecho fundamental, entiende que el instrumento que ofrece más garantías es la cooperación judicial y no la vía policial.

Y, respecto a la petición de información de una cuenta bancaria suiza que podría haber financiado las protestas del otoño de 2019, García-Castellón precisa que solicitó datos hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democrátic.