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El juez cita para el 25 de abril a los empresarios de las mascarillas y les embarga los bienes

Les imputa por el cobro de seis millones de dólares en comisiones presuntamente irregulares y acuerda también el embargo preventivo de todos los artículos de lujo que compraron con estos fondos

EP

El magistrado que investiga el pelotazo de las mascarillas en Madrid ha citado a declarar en calidad de imputados el próximo 25 de abril a Luis Medina y Alberto Luceño. Según informan fuentes jurídicas, el juez Adolfo Carretero les tomará declaración a partir de las 12.30 horas de la mañana por las presuntas comisiones irregulares que obtuvieron del contrato con el Ayuntamiento de Madrid. Del mismo modo, ha ordenado el embargo preventivo de los bienes que adquirieron tras el reparto de seis millones de dólares por esta licitación.

Se trata de la primera medida de calado que acuerda el titular del Juzgado de Instrucción número 47 tras admitir a trámite la querella de la Fiscalía por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Los investigadores constataron que los dos empresarios se habrían repartido comisiones de seis millones de dólares por el contrato para suministrar grandes remesas de mascarillas, test covid, y guantes en plena pandemia.

El magistrado ya avanzó este jueves que citaría a los dos querellados para después de Semana Santa. Del mismo modo ofreció acciones al Ayuntamiento de Madrid para que se personara en la causa en calidad de perjudicado, movimiento que ya ha acordado el consistorio. El propio Martínez-Almeida defendió tras saltar el escándalo que la administración es víctima de lo ocurrido, que no tuvo línea directa con ninguno de los dos empresarios y que de haber sabido el desvío de comisiones no se hubiera firmado este acuerdo comercial.

Además, el instructor ha acordado el embargo de los bienes de los dos empresarios. La Fiscalía recogió en su querella todos los artículos que se compraron con las comisiones de este contrato millonario. Así, Luceño adquirió doce coches de lujo (entre ellos un Lamborghini, un McLaren, un Ferrrari y dos Mercedes), cuatro relojes Rolex (por valor de 42.450 euros) y una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón. La querella acreditaba, además, que parte de esos fondos fueron para pagar la estancia en un hotel de Marbella entre los días 10 y 16 de agosto de 2020 por la que abonó 60.000 euros.

El yate de Luis Medina

En lo que respecta a Luis Medina, hijo de Naty Abascal, destinó parte del millón de dólares cobrado en comisiones para la compra de un yate modelo Eagle 44 que costó 325.500 euros y que bautizó como 'Feria'. El empresario lo registró en Gibraltar a nombre de una sociedad gibraltareña de la que es socio junto con su hermano Rafael de Medina Abascal, según Anticorrupción. Del mismo modo destinó otros 400.000 euros en compra de bonos.

El Ministerio Público detalló el destino de todos estos fondos ante la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Según recogió en su querella, Luceño y Medina cobraron sus respectivas comisiones de 5 y un millón de dólares en una cuenta abierta en Maybank (el mayor banco de Malasia). Cuando lo transfirieron a sus bancos en España, las entidades les solicitaron documental específica del contrato al constatar que se trataba de cuantías muy elevadas sobre las cuáles no había una especial justificación.

Luceño aportó un documento fechado el 29 agosto de 2019 en el que figuraba su firma y la de otra persona como director de la mercantil encargada de suministrar las mascarillas y una carta de designación suya y de un tercero como agentes exclusivos de la empresa a la que compraron todo el material sanitario. La misma tenía por objeto social (según este documento) el suministro y obtención de productos de carne congelada (incluidos productos de protección sanitaria) para su importación y exportación a China y otros mercados asiáticos.

Sospechas de los bancos

Sin embargo, Anticorrupción sostiene que esta documental que aportó estaba falsificada. Lo mismo ocurrió con Luis Medina. En su caso, y ante el requerimiento de justificación de los fondos por parte de su entidad, recurrió a Luceño. El empresario, considerado el verdadero cerebro de la operación, le remitió los documentos falsos. A los mismos añadió la firma que el propio Medina le envió por correo.

Todo esto hizo levantar la sospecha de los bancos, los cuáles dieron la voz de alarma al Sepblac. La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, avisó a la Fiscalía Anticorrupción de posibles operaciones de blanqueo de capitales en relación a dichas partidas. Esta alerta fue la que propició el inicio de las pesquisas en noviembre de 2020 para esclarecer si las comisiones cobradas con el contrato firmado en el peor momento de la pandemia fueron o no irregulares.

Un contrato de 11 millones

Las mismas las asumió el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol y se han prolongado durante 16 meses. En este tiempo les tomó declaración a Medina, el cual sostiene que él simplemente actuó de intermediario, y a Luceño. En su querella constató que Medina aprovechó su imagen de personaje público y el contacto que tenía con el primo de José Luis Martínez-Almeida, para ofrecerse a suministrar grandes remesas de mascarillas en un momento especialmente grave de la pandemia.

A partir de ese momento Luceño se encargó de gestionar con el departamento de Hacienda este contrato que se firmó desde una empresa municipal del consistorio. El acuerdo implicaba el pago de más 11 millones de dólares para una partida de un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantas y 250.000 test rápidos. Los investigadores precisan que las comisiones pactadas entre ambos empresarios iban incluidas en el precio final, lo cual implica que se abultó el precio de estos productos muy por encima de lo que costaban originalmente.

Así, por ejemplo, el contrato de mascarillas era cuatro millones de dólares superior al precio que debía costar en un principio. En relación a los guantes, se cobraron a un precio de dos dólares por par cuando en realidad valían 0,08 euros y, en lo relativo a los test rápidos, las comisiones pactadas entre ambos eran de 915.000 dólares, aunque Luceño se repartió más parte a espaldas de Medina, según la Fiscalía, la cual constata también la mala calidad de estos productos. De hecho los guantes eran tan defectuosos que devolvieron al Ayuntamiento 4 millones de dólares.

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