La titular del Juzgado de Instrucción numero 19 de Madrid ha abierto diligencias contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras cuatro personas más por presunto fraude fiscal y falsedad documental. La instructora, a la que por reparto cayó la denuncia de la Fiscalía, acuerda abrir causa y citar como investigados a los cinco denunciados por el Ministerio Público por estos dos delitos.
El auto que firma la magistrada Inmaculada Iglesias desgrana el contenido de la denuncia de la Fiscalía sobre un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 que se atribuye a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente y otro delito de falsedad en documento mercantil.
La magistrada explica que esta sociedad, de la que es administrador único la pareja de Ayuso, incrementó el volumen de su negocio durante esos ejercicios y, "con la finalidad de eludir su tributación", dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados.
Comisiones en contratos covid
El motivo real sería la ocultación de una presunta comisión de dos millones de euros que la pareja sentimental de la presidenta madrileña cobró tras mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En concreto, Alberto González Amador habría intervenido entre FCS Select Products (el proveedor de confianza de Sanidad) y la firma gallega Mape Asesores para suministrar las mascarillas al departamento que entonces dirigía Salvador Illa.
Aunque la magistrada no aborda este extremo, sí determina que la firma de González Amador giró facturas en los meses posteriores a este acuerdo que no se corresponden con el concepto recogido. Así, en el ejercicio 2020 se dedujo 620.000 euros con una factura remitida a la sociedad de Maxiliamo Niederes (uno de los imputados) pese a que no consta que esta firma realizara ningún servicio.
Dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 Auto de la magistrada
El año siguiente se repitió la misma dinámica con cerca de una quincena de facturas giradas al resto de imputados en esta causa que ahora arranca. Hacienda detectó presuntas irregularidades en una factura 922.585 euros; cuatro por importe 12.800 euros cada una de ellas; dos facturas de 20.000 y 21.200 euros; cinco facturas de entre 10.000 y 20.000 euros y otras dos más de 10.500 y 11.495 euros, respectivamente.
Se trata de recibos que se giraron a firmas de los otros investigados en el procedimiento con es el caso de las empresas de Agustín Carrillo, José Miguel Carrillo y David Herrera.
"Comportamiento fraudulento" del novio de Ayuso
"Como resultado de dicha conducta, el contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos en 2020 y 2021, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público", reza el auto.
La conducta defraudadora, prosigue la juez, consistía en reflejar en la declaración del impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona unos gastos ficticios basados en facturas emitidas a diversas sociedades con la finalidad de eludir el pago de las cuantías defraudadas.
En el informe de la Agencia Tributaria consta que la sociedad de González Amador registró un incremento de sus ingresos, por un lado con la operación de intermediario anteriormente descrita y, por otro, con "unos ingresos cuantiosos" facturados a Quirón Prevención, que se había convertido en su cliente principal en los últimos años.
La denuncia del ICAM
Por todo ello admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, incoa diligencias contra los denunciados y anuncia que se les citará a declarar en su condición de investigados. Del mismo acuerda la citación en calidad de peritos de los inspectores de Hacienda que elaboraron el informe del novio de Ayuso y ofrece acciones a la Agencia Tributaria para que se persone a través de la Abogacía General del Estado.
El avance de estas diligencias se produce en paralelo a la incoación de otra denuncia, esta por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por presunta revelación de secretos con la nota informativa de la Fiscalía dada a conocer la semana pasada. La misma se produjo a tenor de unas informaciones que apuntaban que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador y venían a desmontar esta tesis.
El Ministerio Fiscal apuntó a un correo electrónico enviado por la defensa de la pareja de Ayuso en el que reconocía la comisión de los delitos y ofrecía una conformidad. La filtración del contenido de la comunicación ha provocado un auténtico revuelo y desde el ICAM ya se ha denunciado ante los juzgados de Plaza de Castilla para su posterior reparto. Por su parte, la pareja de Ayuso también prevé querellarse contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros cargos de la Fiscalía por estos hechos.
