Juan Romo, exrector de la Carlos III, se sentará en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación

El exrector de la Universidad Carlos III, Juan Romo Urroz, se sentará el próximo 17 de septiembre en el banquillo de los acusados por presunto delito de prevaricación. La causa contra este catedrático y otros cinco docentes del centro, desvelada por Vozpópuli, llega a la Audiencia Provincial de Madrid después de que el tribunal de justicia ordenara reabrir el caso, tras las informaciones publicadas en prensa sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de selección de personal de la institución.

Según informan a este medio fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Getafe decretó el pasado mes de octubre la apertura de juicio oral contra el también expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas (CRUE) y otros cinco altos cargos de la Carlos III. La magistrada envía a juicio a los seis investigados, después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid desestimara los recursos de apelación con los que intentaban esquivar el banquillo.

En el auto, al que ha tenido acceso este medio, los magistrados apuntan a la existencia de "vinculaciones profesionales y personales... que en principio podrían llevar a cuestionar en esencia la transparencia y objetividad que debe preconizarse en principio de los miembros de la Comisión", por lo que procede a mantener la resolución del juzgado de instrucción.

La causa, que llega a la Sección Número 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, arrancó en 2019 a raíz de una querella interpuesta por un particular. El objetivo era desentrañar si el rector de la Universidad Carlos III y otros docentes, entre ellos, el catedrático de Tecnología Electrónica, José Manuel Sánchez Pena, que figuraba como presidente de la comisión evaluadora, cometieron irregularidades en unas pruebas selectivas para acceder a la institución.

Reapertura del caso

En un primer momento, la jueza instructora, tras escuchar las declaraciones de varios catedráticos de la Universidad, decretó el sobreseimiento provisional de la causa al entender que no existía ilícito penal alguno. Sin embargo, el querellante (con el criterio contrarío de la Fiscalía) decidió apelar ante la Audiencia Provincial, que acabó estimando el recurso y reabrió la investigación. El tribunal consideró que las nuevas pruebas aportadas eran lo suficientemente importantes como para reabrir el caso y procesar a los seis querellados.

Por "imperativo" de una instancia mayor, hace cosa de un año, el Juzgado Número 7 de Getafe dictó auto de procedimiento abreviado; los seis investigados serían procesados por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, estos recurrieron el auto, con lo que consiguieron retrasar el proceso hasta ahora.

Más de un año después, la jueza envía al banquillo a los seis procesados en la causa: Marta Ruiz Llata (profesora de la Universidad Carlos III); Emilio Figueres Amorós (catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia), Jimena Olivares Roza, Jesús Ángel Oliver Ramírez (ambos de la Universidad Politécnica de Madrid) y el exrector Juan Romo Urroz.

Polémica tras las elecciones de la Universidad Carlos III

La reapertura del caso coincidió con las últimas elecciones celebradas por la Universidad Carlos para encontrar un sustituto de Juan Romo como rector. Fue entonces, en el preludio de los comicios, cuando uno de los seis candidatos publicó un programa en el que acusaba al que hasta entonces había ostentado dicho cargo y a otros altos de la universidad de "embolsarse dinero público" en concepto de "complementos por publicaciones".

El candidato denunció que, durante los ocho años en los que Juan Romo ha ejercido como rector se convocaron complementos retributivos adicionales ligados a méritos individuales para personal docente e investigador. Cuando, en todo caso, estos complementos se adjudican tan solo a un número limitado de profesores que obtienen la puntuación más alta.

Grado de implicación de Juan Romo

Respecto a los hechos valorados en la causa, Juan Romo alega que él no interviene de manera directa en las decisiones materiales que determinan el proceso selectivo. En el recurso presentando ante la Audiencia Provincial, el exrector defiende que su intervención en dicho proceso era "meramente formal" y que no tenía ningún tipo de interés sobre las personas afectadas por el desarrollo de la selección de personal.

Señala, además, que su intervención "se limita a recibir la propuesta de nombramiento de los candidatos que realizó y seleccionó la Comisión de Selección y firmar y publicar en el BOE la resolución de todos los nombramientos propuestos por las Comisiones de Selección de las plazas convocadas".

Con el objetivo de acreditar la implicación de Romo en el proceso selectivo, los magistrados de la Audiencia Provincial entienden que es necesario ver en juicio oral "la prueba de quienes tienen intervención material efectiva en la fijación de la prevalencia de los criterios y méritos a tener en cuenta en la selección".

El tribunal recoge el criterio de la jueza instructora y entiende que existen indicios para valorar la resolución final de la adjudicación final de algunas plazas no dependían de criterios equitativos y con el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, lo que le lleva a mantener la resolución de la magistrada que decidió enviar al banquillo a los seis acusados.

A la espera de que las partes emitan sus calificaciones, la acusación pide 13 años de inhabilitación para Juan Romo y los demás querellados. El Ministerio Público, por el contrario, no acusa en este caso. El juicio se celebrará el próximo mes de septiembre en la Sección Número 17 de la Audiencia Provincial de Madrid.