Tribunales

El juez imputa a Podemos por la presunta financiación ilegal

El excoordinador jurídico de la formación que dirige Pablo Iglesias también denunció a la cúpula del partido por blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos

La portavoz del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el secretario general del partido, Pablo Iglesias
La portavoz del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el secretario general del partido, Pablo Iglesias EFE

El juez que investiga la supuesta 'caja B' de Podemos, Juan José Escalonilla, ha imputado al partido político, según consta en el auto al que ha tenido acceso de forma parcial Vozpópuli. En la misma resolución el magistrado cita a declarar como investigado al responsable de Comunidad de la formación morada y considerado como número dos de Pablo Iglesias en el partido, Juan Manuel del Olmo; y también al responsable de finanzas, Daniel de Frutos, según la información adelantada por Público.

También está investigada la gerente de Podemos, Rocío Esther Val. Todos deberán declarar ante el magistrado Escalonilla a partir del 20 de septiembre. La decisión del instructor se produce después de que el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente denunciara a estos y otros dirigentes por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. En el auto se incluye también la malversación de caudales públicos.

En la denuncia, Calvente asegura que la ejecutiva de Podemos habría ordenado, "con la complicidad del responsable de Finanzas", que no se aprobaran los presupuestos de 2019. Y esta decisión, según explica este letrado de forma literal: "Supone un importante riesgo para el partido, dado que el solo hecho de hacer disposiciones de fondos sin ningún tipo de soporte presupuestario podría suponer responsabilidades penales por un delito de administración desleal de los bienes de la organización".

"Estricta opacidad"

Para Calvente, la realidad es que las cuentas de Podemos "se manejaban en la más estricta opacidad tanto hacia afuera como hacia los propios órganos del partido y eso permitía disponer de los fondos de forma totalmente arbitraria y sin control legal y financiero, como ha ocurrido".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, conversa con los miembros de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, Alberto Rodríguez e Ione Belarra.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, conversa con los miembros de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, Alberto Rodríguez e Ione Belarra. EFE

Este extrabajador de la formación morada, que declaró ante el juez Escalonilla como testigo el pasado 29 de julio por videoconferencia, dirige su denuncia contra los tres dirigentes de Podemos citados, Del Olmo, Val y De Frutos, pero también contra Juan Carlos Monedero, Rafael Mayoral, Ana Marcello Santos y Marta Flor Núñez García, como presuntos responsables de los hechos que considera delictivos.

Tribunal de Cuentas

El juez Escalonilla ha dictado varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También ha requerido abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de Policía Judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado "los primeros 41 minutos y 52 segundos" de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media, según informa Europa Press.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera "una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse".

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