El interventor de las Cortes, Luis de la Peña, ha presentado su renuncia por discrepancias con el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, el hombre designado por Pedro Sánchez y Francina Armengol para dar asesoramiento jurídico y técnico a los órganos de la Cámara Baja, dirigir a Administración del Congreso de los Diputados y ejercer la jefatura superior de los servicios administrativos del Congreso. Según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar este diario, la salida de De la Peña responde al malestar que ha surgido entre lo cargos que dependen de la secretaría general del Congreso por las formas de Galindo.
Fuentes del la presidencia del Congreso explican: "Hay cambios y nombramientos que está haciendo el secretario general con los que algunos [en referencia al ya exinterventor] no están conformes porque esperaban otros movimientos". Luis de la Peña ha notificado su dimisión con un oficio en el que manifiesta su completo desacuerdo con la manera en la que Galindo está desempeñando sus funciones, un modelo de administración parlamentaria que considera incompatible con su permanencia en las Cortes Generales.
Fernando Galindo Elola-Olaso se convirtió el 2 de noviembre en el letrado mayor del Congreso en sustitución de Carlos Gutiérrez. La mayoría progresista de la Mesa le dio el puesto con los votos de PSOE y Sumar. Galindo coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Ayuntamiento de Madrid. Ambos fueron concejales del Consistorio entre 2008 y 2009. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, le eligió tras acordarlo previamente con Sánchez.
Galindo, licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, y miembro del cuerpo de letrados del Congreso desde 2010, desembarcó así en la Cámara tras un breve periplo en la subsecretaría del Ministerio de Política Territorial. Al puesto de letrado mayor sólo pueden aspirar letrados con, al menos, cinco años de servicio activo. Y Galindo cumple el requisito. Ya ejerció como director de Relaciones Internacionales, de Comisiones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y como director en funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses.
Su designación fue minuciosamente pensada dados los movimientos de las negociaciones del PSOE con los independentistas para dar luz verde a la amnistía. Armengol necesitó a Galindo para registrar la proposición de ley con la medida de gracia en el Congreso, donde ya se está tramitando. El secretario general aseguró ese apoyo. Cabe señalar que su pareja, Mercedes Cabrera, era directora general de Relaciones con las Cortes, mano derecha del secretario de Estado, Rafael Simancas. Es más, esta se vio obligada a dimitir para evitar un conflicto de intereses. Ahora, a Galindo se le están rebelando sus subordinados, porque la de Luis de la Peña no ha sido la primera salida. Hay que sumar la del secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno, y otras bajas en varias direcciones, como la de Comisiones o la de Gobierno Interior.
Hay que recordar que los letrados del Congreso emitieron la semana pasada nuevo informe en el que advierten serias dudas sobre la constitucionalidad de la futura ley de amnistía. Los juristas de la Comisión de Justicia exponen que en la Carta Magna no se recoge ningún precepto que ofrezca la posibilidad de aprobar una medida de gracia como la que intenta sacar adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En el escrito desarrollan sus dudas sobre la cabida de la ley de amnistía en la Constitución y, en respuesta al texto presentado por los socialistas en la Cámara Baja plantean interrogantes sobre si la norma podría estar amparado por los mismos supuestos que la Ley de Amnistía de 1977. Los letrados señalaron en el informe que "la afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución".