El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha adjudicado este miércoles la revisión y mantenimiento de los arcos detectores de metales instalados en nueve de sus dependencias, que van desde las propias oficinas centrales del Ministerio del Interior hasta otras oficinas que dependen orgánicamente de la cartera. Entre ellas, la sede del CITCO o la Subdirección General de Asilo.

El objeto de la licitación, tal y como reza el pliego de condiciones, es garantizar el “mantenimiento” de los arcos detectores de metales, empleados en la detección de “todo tipo de armas peligrosas”: “El Área de Seguridad gestiona el control de acceso de personas y objetos a sus instalaciones, utilizando para ello equipos detectores de metales […]. Para garantizar el correcto funcionamiento de dichos equipos así como su adecuación a la normativa vigente, se considera necesaria la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo”.

El Ministerio del Interior ha adjudicado el servicio a la empresa Comercial de Tecnologías Electrónicas, con un valor de 9.982,5 euros, IVA incluido. El contrato incluye una revisión semestral de los equipos correspondientes al modelo PD6500I. Todo trabajo será previamente “programado y comunicado”. Los expertos que desempeñen las labores tendrán que redactar un comprobante con detalle de las tareas realizadas y de las “anomalías detectadas”. El presupuesto no incluye las piezas de repuesto, en caso de necesitarlas.

La información disponible en la Plataforma de Contratación detalla que el procedimiento de la adjudicación fue "negociado sin publicidad". El Ministerio del Interior contempla el pago de 6.100,42 por los servicios prestados en 2021 y de 3.882,08 para 2022, con un plazo estimado de duración del contrato de 18 meses.

Las oficinas de Interior

La licitación contempla la supervisión y mantenimiento de los arcos detectores de metales instalados en nueve dependencias de Interior o que están vinculadas orgánicamente al mismo. Entre ellos, la sede del propio Ministerio, en la calle Amador de los Ríos (Madrid), o el “palacete donde radican las dependencias propias del Titular del Departamento”.

También se revisarán los sistemas instalados en la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la Subdirección General de Inspección de Servicios de Seguridad, así como dos oficinas de la Subdirección General de Asilo; todos ellos, en Madrid.

Los controles de seguridad en dependencias ministeriales han centrado la polémica en las últimas semanas después de que varias cartas con amenazas -incluidos objetos prohibidos como balas o amenazas- fuesen remitidas a diferentes figuras públicas y políticas, incluidos el propio Marlaska, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

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Imagen del escáner por el que pasaron las balas dirigidas a Iglesias, Marlaska y Gámez.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso este diario, el contrato se centra en los arcos de seguridad que deben atravesar todas las visitas, y no en los sistemas de revisión de la mensajería. La adjudicación se firmó este miércoles, 5 de mayo, después de la polémica de las cartas con amenazas que marcó la campaña electoral en la Comunidad de Madrid.

El pliego de condiciones y características técnicas, no obstante, se publicó el 15 de septiembre de 2020, antes de que el Ministerio del Interior informase de la batería de misivas dirigidas al propio Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tratan de identificar al remitente de todas ellas, si bien los investigadores descartan que se trate del mismo vecino de El Escorial diagnosticado de esquizofrenia que envió una navaja a la ministra Reyes Maroto.