El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha advertido de que las cartas amenazantes enviadas a responsables políticos e institucionales constituyen "hechos graves" que deben ser investigados por las fuerzas de orden y la Justicia.

No obstante, ha rechazado hablar de "efecto contagio" y ha considerado "importante" que "se hable de estas cuestiones" del mismo modo que otro tipo de delitos, para que no se vea afectada la información recabada en el marco de las investigaciones.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al ser preguntado por las cartas amenazantes y con balas que han recibido tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, o la misiva con una navaja enviada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otros.

Pérez ha trasladado su "respeto" tanto al trabajo de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que tienen "la obligación" de investigar lo ocurrido, y ha apelado a dejar actuar a los cuerpos de seguridad y a la Justicia, sobre todo después de que alguno de estos casos ya "se ha judicializado".

La campaña como escaparate

El secretario de Estado de Seguridad ha señalado que ya se había iniciado una investigación policial cuando el Ministerio del Interior y la dirección de la Guardia Civil comunicó la recepción de las cartas y el contenido de las mismas y ha atribuido la "repercusión" de estos hechos respecto a otros similares en el pasado al proceso electoral en la Comunidad de Madrid.

"Tenemos que ser especialmente respetuosos con lo que se comunica", ha insistido, además de asegurar que "cada vez que se ha producido alguna incidencia" similar en el pasado "se ha podido dar a conocer".

En todo caso, ha insistido en que se trata de hechos "graves" que es necesario aclarar y ha pedido de nuevo "respeto" por la investigación abierta por las fuerzas de seguridad y la Justicia.