Publicado: 11/11/2023 18:37
Actualizado: 11/11/2023 18:48
La ley de amnistía ha causado gran revuelo desde el momento en que se puso sobre la mesa. A lo largo de las últimas semanas han tenido lugar manifestaciones y protestas en contra de las concesiones a Puigdemont y los encausados del procés en diferentes ciudades del país. Un malestar que no solo ha afectado a la ciudadanía: asociaciones e instituciones se han sumado a esta oposición contra el pacto entre PSOE y Junts.
Entre las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, tanto el Partido Popular (PP) liderado por Alberto Nuñez Feijóo como Vox han confrontado la ley de amnistía desde el principio, celebrando y alentando distintas manifestaciones en todo el país. A ellos se suma la Unión por el Pueblo Navarro (UPN), quienes salieron como la cuarta fuerza más votada en Navarra.
Este rechazo hacia el pacto PSOE-Junts avanza hasta la mayoría de gobiernos autonómicos, que han acusado a ambos partidos de generar una desigualdad en el reparto de fondos. La Junta de Andalucía, liderada por el popular Juanma Moreno, creaba poco después de la investidura fallida de Feijóo una proposición no de ley en contra de esa 'posible' amnistía. Juanma Moreno, en declaraciones a los medios, manifestaba entonces que le avergonzaba "que el futuro de nuestro país se decida a miles de kilómetros con un prófugo de la Justicia".
Me avergüenza que el futuro de nuestro país se decida a miles de kilómetros con un prófugo de la Justicia y me apena que el PSOE pierda su condición de partido de Estado por un sillón.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 31, 2023
Jamás se debería haber llegado a esta situación. pic.twitter.com/aJAGx9xxfA
Los Gobiernos de Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Murcia, La Rioja y la Comunidad de Madrid entre varios otros han seguido el ejemplo de la Junta de Andalucía y se han posicionado públicamente en contra de la amnistía.
Jueces, abogados y funcionarios se posicionan contra el acuerdo de investidura de PSOE y Junts
Gran parte del mundo judicial se suma a este rechazo por el acuerdo firmado entre Sánchez y Puigdemont. El Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) publicaba un comunicado al poco de su aprobación en el que reflejaban su "oposición frontal" ante el acuerdo. "La iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes", explicaba la CPGJ en el documento.
📄 Comunicado de la Comisión Permanente en relación con las referencias al 'lawfare' contenidas en el acuerdo suscrito hoy por el PSOE y Junts pic.twitter.com/I7yN1jUnXP
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) November 9, 2023
Los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha, junto con la Comisión Permanente de los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España y diferentes asociaciones de jueces se unen al rechazo del acuerdo para la investidura de Sánchez.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha mostrado su rechazo. Compartía el pasado 9 de noviembre a través de su cuenta de X (antes Twitter) un comunicado en el que dejaban claro que no apoyaban ni las referencias al lawfare ni lo reflejado en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
"Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes", manifestaba la UPF.
Comunicado de la Upf en relación al acuerdo entre PSOE y JUNTS. Problemas en el acceso a la cuenta de X nos han retrasado más de lo deseado. pic.twitter.com/RCty3GmAIL
— UPFiscales (@UPFiscales) November 9, 2023
En el ámbito jurídico, los abogados también se han posicionado en contra de la amnistía. No sólo la Asociación de Abogados del Estado, sino distintos Colegios de abogados han expresado su oposición al pacto. "Rechazamos cualquier alusión al concepto de lawfare", comunicaba la Asociación de Abogados del Estado.
La asociación de Abogados del Estado pic.twitter.com/CJQYfKshu9
— Lupe Sánchez (@Proserpinasb) November 10, 2023
Desde la CEOE, Antonio Garamendi ha convocado este lunes un Comité Ejecutivo extraordinario para abordar "la situación de España", debido a que existe "una grave preocupación en el mundo empresarial" a consecuencia del acuerdo del PSOE con el independentismo.
La Guardia Civil y la Jupol (sindicato de la Policía Nacional) han declarado más de una vez su rechazo tanto a la amnistía como otras propuestas realizadas por Pedro Sánchez de cara a su investidura. A ellos se ha sumado una larga lista de funcionarios: la Asociación de Diplomáticos Españoles, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Indignación y rechazo en la Administración Pública al acuerdo de Sánchez: "Rompe el régimen constitucional y vulnera la legalidad"
— inspectoresdetrabajo (@instrabajoyss) November 11, 2023
https://t.co/RnMTQAy1iU
A estos comunicados se unen otros también críticos con los acuerdos de Sánchez. Este sábado se ha conocido que las principales asociaciones de la Seguridad Social se han posicionado en contra de los acuerdos firmados por el PSOE con el PNV. De este modo, las grandes instituciones de empresarios, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de Justicia y Trabajo valoran como "inconstitucionales" los pactos alcanzados por el presidente del Gobierno en funciones para revalidar su mandato.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
"Jupol, CEOE o CGPJ: todas las instituciones que se posicionan en contra de los pactos de Sánchez con Junts"
Todo esto está "mu bien", y hasta resulta muy encomiable que "todo cristo" institucional de insuficiente grado se manifieste pacíficamente como quiera contra el acuerdo entre los "rompedores de España".
Pero una cosa es incuestionable: Nada de eso suspendería, ya constituido el nuevo Gobierno, el efecto de la aprobación de una ley de amnistía en los términos que se apuntan, + el reconocimiento de la aplicación (política) del llamado "lawfare" ,+ infracciones a la norma europea, son argumentos declarativos tan graves que implícitamente se está declarando por las partes intervinientes que vamos a entrar en lo que los expertos llaman una "mutación constitucional" (cargarte la actual Constitución por mecanismos ajenos a los que establece la misma).
Què quiero decir con todo este rollo? :
1) Que por muchos recursos posteriores que se presenten (partidos políticos, jueces, etc. etc.) ante el TC contra la ley ya aprobada éstos no la suspenden (este poder de suspensión, de aceptarse por éste, sólo lo detenta un "presi" de Gobierno) y producirán los efectos jurídicos que contenga dicha ley sin posibilidad de retroactividad para los ya beneficiados por la misma.
2) La única posibilidad de "parar esto" solo está, OJO AL DATO, en el Jefe del Estado, quien, al amparo del artículo 62 d) CE, y teniendo en cuenta que cuando lo propuso para ser investido él desconocía este intento de "mutación constitucional", ahora se la ANULA por cuanto que ya sabe que lo que pretende es contrario a nuestra "norma normarum".
Poco plazo nos queda si se quiere parar la cosa. Quién le pone "el cascabel al gato", dijo uno ellos en el cuento de aquella reunión para cómo salvarse.