Inquietud entre mandos de la Guardia Civil por el retraso de la oferta de plazas: "La situación es crítica"

¿El adelanto electoral afectará a la anunciada oferta pública de empleos de la Guardia Civil? Esa es la inquietud que se acrecienta entre los mandos del Instituto Armado, que ven cómo se aproximan los comicios del próximo 23 de julio y se reducen las oportunidades para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva convocatoria. "La situación es crítica", advierten desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la asociación que tiene una mayor representación entre los mandos del cuerpo. Todo ello coincide con la cadena de cambios que se ha producido en la cúpula, con tres directores en lo que va de año.

"Los guardias civiles estamos expectantes ante el retraso de la publicación de la oferta de empleo público para la Guardia Civil, a la que se le ha cruzado en el camino la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones anticipadas que, parece haber acaparado la dedicación de nuestros dirigentes políticos", lamentan desde esta asociación en un comunicado.

A juicio de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, una convocatoria tardía de la oferta de empleo para la Guardia Civil provocará un retraso en cadena, con retrasos en el proceso de oposición, en el inicio y la finalización de la formación y, en consecuencia, en la incorporación al servicio de los nuevos agentes.

"La situación de las plantillas es tan crítica que la Guardia Civil se ha visto en la necesidad de solicitar, además de oferta correspondiente a la tasa de reposición, 1.000 efectivos adicionales", asegura la asociación. Y añade: "La situación actual lleva a que en muchos casos solo sea posible componer una patrulla uniendo efectivos de dos acuartelamientos distintos, y esto se verá agravado si no se aprueba una oferta de empleo suficiente y lo antes posible.

La Unión de Oficiales advierte de que la falta de personal "afecta directamente" a la capacidad de respuesta y, en definitiva, a la seguridad ciudadana, "con aspectos tan sensibles como la protección de las víctimas de violencia de género".

"Es necesario entender que las Fuerzas de Seguridad, a diferencia de otros servicios públicos, no pueden acudir al mercado de trabajo a contratar personal -prosigue la asociación en su comunicado-. Por ejemplo, si un colegio necesita profesores o un hospital necesita enfermeros, solo tiene que acudir al mercado de trabajo y contratar profesionales como interinos, con la posibilidad de ponerlos a trabajar al día siguiente. La Guardia Civil no puede contratar guardias civiles y ponerlos a trabajar al día siguiente porque su personal debe ser formado en academias donde se les dota de una formación específica que, a diferencia de otras profesiones como las citadas que se obtiene en centros públicos o privados, la formación para formar parte de la Guardia Civil solo se obtiene en nuestros centros".

De este modo, "los guardias civiles que comenzamos a formar hoy son los que comenzarán a trabajar como profesionales dentro de dos años": "Ignorar esta situación y retrasar la oferta de empleo podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad", alertan desde la asociación.

Tres directores de la Guardia Civil

El llamamiento de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil coincide con la cadena de cambios que se han producido en la cúpula del Instituto Armado en los últimos meses. La renuncia de María Gámez por la implicación de su marido en una investigación policial abrió las puertas a su sucesora, Mercedes González. Ésta última también ha renunciado en el cargo tras anunciarse su presencia en las listas del PSOE para las próximas elecciones generales. Fernando Grande-Marlaska ha designado ahora en su lugar a Leonardo Marcos, hasta el momento director general de Protección Civil y Emergencias.
A pesar de todos esos cambios y de la convocatoria adelantada de elecciones generales, Unión de Oficiales de la Guardia Civil insta a los dirigentes a convocar nuevas plazas para el Instituto Armado: "Es importante recordar, e insistimos, que la oferta de empleo público no solo es una necesidad imperante, sino también una obligación del gobierno, sin que la disolución de las Cortes justifiquen que el gobierno descuide esta responsabilidad al no existir impedimento legal para su aprobación y puesta en marcha del proceso de oposición para ingresar en el Cuerpo".