Indignación en el Ejército con Sánchez por echarle de Loyola: "No somos moneda de cambio"

La noticia prendía una chispa en el seno del Ejército: el Gobierno cederá las instalaciones del cuartel de Loyola (San Sebastián) para que el Ayuntamiento donostiarra -en cumplimiento de un viejo anhelo de los nacionalistas- erija en esas 20 hectáreas un 'eco-barrio' con 2.000 viviendas. Un traspaso que se hará efectivo en 2021... a cambio del 'sí' del PNV a los Presupuestos Generales del Estado. "Estupor" e "indignación" son las palabras que se manejan desde la institución castrense para definir su sentimiento hacia este acuerdo. Y añaden: "No somos moneda de cambio". El Ministerio de Defensa, por su parte, manifestó abiertamente su rechazo ante este 'trueque'.

Aún es un misterio qué ocurrirá con el medio millar de efectivos del Regimiento de Infantería 'Tercio Viejo de Sicilia' 67 con base en Loyola. "La presencia del Ejército en San Sebastián no es negociable", aseguran desde el Ministerio de Defensa. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, no hay ningún lugar establecido para acoger a esa fuerza militar: el Ayuntamiento donostiarra y el departamento de Margarita Robles tendrán que negociar por un nuevo emplazamiento en la localidad, así como por el precio que se abonará a cambio de la enajenación del espacio.

Y eso que hace apenas dos semanas el Ministerio de Defensa se opuso a este traslado. En esa línea se manifestó la subsecretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, en su comparecencia en el Senado. A su juicio, el cuartel de Loyola era un espacio "vital" para los planes de las Fuerzas Armadas y ningún otro espacio ofrecido por el Ayuntamiento de San Sebastián reunía los "requisitos" para trasladar a este contingente. El Mundo habla de "imposición" de Pedro Sánchez sobre Margarita Robles para asumir esta decisión.

El traslado

Así, el Ejército de Tierra deberá gestionar no sólo el traslado de sus militares -"muchos viven dentro del cuartel y sus hijos van a colegios de la zona", afirman fuentes castrenses-; también tendrá que acondicionar un nuevo acuartelamiento y trasladar todos los recursos de los que dispone en Loyola. Entre otros, las instalaciones habilitadas para la ITV de vehículos militares y de la Guardia Civil.

Un trasvase de envergadura a fin de obtener el 'sí' del PNV a los Presupuestos Generales. "Este es el compromiso que ha arrancado EAJ-PNV al Gobierno español en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y que queda plasmado en una enmienda pactada con el Ministerio de Defensa", se congratula el partido nacionalista. Una enmienda en la que se recoge la intención de construir un 'eco-barrio' con 2.000 viviendas en las 20 hectáreas que quedarán disponibles tras desmantelar el cuartel, como contó Vozpópuli.

Contrapartida militar

"Muchos militares y sus familias tendrán que hacer sus maletas por un acuerdo estrictamente político, no por cuestiones de reestructuración militar o por cambio de destino, que es lo más habitual", lamentan fuentes militares consultadas por este diario. Al mismo tiempo, apuntan la "indignación" que este acuerdo ha provocado en el seno de la institución. Primero, por enterarse de la noticia a través de las palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Y segundo, por verse como contrapartida en un "trueque" en las negociaciones de los presupuestos.

Malestar al que ponen voz algunas de las asociaciones militares representativas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que canaliza las reivindicaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia el Ministerio de Defensa.

"Nos preocupa la situación en la que se quedan las familias, hay que pensar en los colegios de los niños, casas, nunca se piensa en los problemas que acarreará una decisión política con respecto al cierre de una unidad, en qué  situación quedan las militares, el arraigo de la ciudad", afirman desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). "Estas decisiones no son de última hora y no se ha dado margen de acción a los militares".

"Hemos acogido esta noticia con indignación y consternación por la actuación del Gobierno", considera la Unión de Militares de Tropa (UMT). "Más allá de las connotaciones políticas, sociales e históricas que el cuartel de Loyola representa para la ciudad de Donostia-San Sebastián, detrás de esta decisión hay un colectivo de trabajadores que junto con su familia deben sufrir las consecuencias de dicha enajenación de terrenos".

A su juicio, el desalojo del cuartel y el traslado del personal -especialmente de aquellos miembros de tropa y marinería-, puede comprometer la "economía de las familias militares que residen en la localidad": "Volver a empezar de cero y dejar a la familia y amistades con las que durante muchos años se ha convivido es duro para cualquier persona". "Pero este regimiento que ha participado en más de cien campañas y 1.300 acciones de guerra -añaden- va a seguir escribiendo la historia de esta unidad allí donde esté".