Publicado: 19/09/2020 04:45
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado un escrito de defensa en la pieza separada del caso Lezo sobre la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el que pide anular las grabaciones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según consta en el documento de 70 páginas firmado por el abogado Esteban Mestre, que busca invalidar todo el procedimiento.
En concreto, el letrado destaca que los micrófonos fueron instalados por los agentes en el despacho profesional de Ignacio González, cuando este "estaba ejerciendo la profesión de abogado, en el ámbito de la consultoría y el Derecho Mercantil, y estaba dado de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el 6 de octubre de 2015". Y esta cuestión, siempre según el escrito de defensa, ha sido rechazado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
"Es evidente que si en estas ocasiones se ha decretado la nulidad de las intervenciones, con mayor motivo debe acordarse en el presente caso, en el que se colocaron artificios de escucha en lugar cerrado para realizar grabaciones orales, pues la exigencia de respeto de aquellos principios debe ser mayor", destaca el letrado de González.
"Nulidad del auto"
"Por todo ello", prosigue Esteban Mestre, "debe declararse la nulidad del auto de 14 de octubre de 2016, pieza separada de observaciones telefónicas, así como de sus prórrogas", destaca el escrito de defensa dirigido a la Sala de la Audiencia Nacional en julio pasado.
Además, el letrado defensor de Ignacio González indica su "absoluta disconformidad con los escritos de acusación, ya que los hechos que se le imputan en ellos no se corresponden con la realidad, pues mi cliente no ha participado en ninguno de los hechos objeto de acusación", zanja.
También el escrito de defensa dice que Ignacio González "ni ha tenido relación alguna con la adquisición de la sociedad Emissao por parte de la compañía uruguaya Soluciones Andinas del Agua (perteneciente al 50% a Canal Extensia y a Inassa), ni ha dirigido ninguna trama delictiva". Tampoco ha solicitado, prosigue el letrado, "ninguna comisión, ni ha tratado de beneficiarse personalmente de actuación alguna, ni ha participado ni colaborado en ningún plan delictivo para defraudar a la Administración".
"No hubo sobreprecio"
El expresidente de la Comunidad de Madrid rechaza, en el mismo sentido, que en la operación de Emissao el Canal de Isabel II pagara diez millones de más:r "Ni existió sobrepecio alguno en la adquisición, pues ésta se hizo a precio de mercado; ni mi cliente ideó ningún plan para delinquir, ni aceptó ninguna operativa delictiva de Luis Vicente Moro; ni encargó a Edmundo Rodríguez la compra para garantizar el cobro de comisiones; ni tuvo la supervisión y vigilancia de la operación, ni solicitó, ni recibió, ni le fue destinada a él, ni repartió, nunca, ninguna comisión".
Asimismo, el letrado del expresidente madrileño asegura que no existe ninguna prueba que acredite que su cliente participó en la trama: "No hay ningún documento intervenido en el domicilio o en el despacho de mi representado, ni en cualquiera de los otros registros practicados a otros investigados, ya sea en España o en Colombia, que haga sospechar la intervención que le atribuyen a mi representado los escritos de acusación".
"Motivos políticos"
Y finalmente, el letrado de González explica por qué Ignacio González mantenía reuniones periódicas con otro de los implicados en la trama: "Existían motivos de interés político mediático para mantener esos contactos", porque Edmundo Rodríguez Sobrino tenía vínculos con el Grupo A3 Media, "uno de los dos grupos informativos más importantes de España, y mantenía estrecho contacto con algunos de sus más destacados dirigentes, lo que le hacía conocedor de personas relevantes del mundo político y mediático, y de información en dichos ámbitos, y especialmente de cuestiones políticas".
En el escrito Ignacio González sí reconoce que solicitó ayuda a otro de los imputados, en concreto al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, "para conocer quién era el instigador de las noticias falsas y bulos que estaban saliendo sobre el tren de Navalcarnero y mi representado, en noviembre de 2016 y enero de 2017, pues mi tenía la intuición de que había alguien que quería hundirle política y personalmente", concluye.
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