La Conferencia Episcopal Española (CEE) se defiende de la acusación de que "no debería tener tantos bienes y que además su inclusión en el Registro de la Propiedad se ha realizado de manera fraudulenta", alegando de la Iglesia ha inmatriculado "los bienes que durante siglos el pueblo 'católico' ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor", que pasan por el apostolado, el culto y la caridad.
Así lo refleja el documento 'Inmatriculaciones de la Iglesia ¿un privilegio?', que la CEE publicó este martes en su web y que añade que, a través de las 40.000 instituciones católicas que hay en España, también ha inmatriculado "otros bienes recibidos a través de legados y herencias, que han sido destinados, de un modo u otro a los mismos fines".
La vicepresidenta primera del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, elevó este martes al Consejo de Ministros el informe elaborado sobre la situación de las inmatriculaciones de la Iglesia y cuyo listado de bienes será presentado en el Congreso.
Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de la Vicepresidencia Primera después de que la Ser adelantara que el Gobierno aprobaría este informe con los bienes que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015.
El documento precisa que "la inmatriculación de los bienes no otorga la propiedad", que "tiene simplemente una función probativa o certificativa, lo que otorga seguridad jurídica, pero no tiene función constitutiva de la propiedad". "Por esta razón, el sistema de inmatriculación prevé un período de 2 años de provisionalidad para corregir errores y presentar alegaciones", matiza.
El episcopado argumenta en su informe que las instituciones católicas pueden inmatricular bienes "como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad" y apunta a que "conocer la historia resulta imprescindible".
Así, la Conferencia Episcopal subraya que el sistema de inmatriculación vigente hasta 2015 buscaba "dar respuesta" a la desamortización de Mendizábal, "que había dejado a la Iglesia sin título de propiedad de muchos de sus bienes" y que, además, "desde el comienzo del Registro de la Propiedad en 1863 hasta 1998 la Iglesia no pudo registrar los lugares de culto", lo que supuso "una discriminación": "La Iglesia católica era la única confesión religiosa en España que no podía inmatricular sus lugares de culto".
El documento niega que las inmatriculaciones de la Iglesia sean "un privilegio franquista" y que tampoco sería correcto aseverar que la reforma de 1998 impulsada por el Gobierno de Aznar aumentase los privilegios de la Iglesia.
Bienes rentables
La CEE también expone que las distintas instituciones de la Iglesia son titulares de más de 3.000 bienes inmuebles declarados de interés cultural y que "son muy pocos los bienes que son 'económicamente rentables' para la Iglesia, precisamente aquellos por los que se insiste hasta la saciedad, frente a otros que pasan de largo".
"Sin embargo, tal y como demostró hace poco un informe de la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB)", apostillan los obispos.
"Incluso aquellos pocos bienes que reportan recursos, como es el caso de la Mezquita-Catedral, los recursos obtenidos son aplicados a fines culturales (restauración de patrimonio) o a los fines propios de la Iglesia entre los que destaca la ayuda a proyectos sociales", añade la CEE que pone de ejemplo que entre 2006 y 2014 el Cabildo de Córdoba destinó 16 millones de euros a proyectos de Cáritas, Proyecto hombre y ayuda a misioneros.