El Ministerio de Sanidad mandó el 7 de marzo un escrito a la comunidad evangélica para pedirle que suspendieran por riesgo de contagio un gran acto que tenían previsto celebrar en Madrid. Así lo hicieron. Al día siguiente, decenas de miles de personas se concentraban en las calles de la capital, incluidos varios miembros del Gobierno, en una marcha feminista. “Se nos está utilizando”, se queja ahora Jorge Humberto Fernández Basso, Consejero de Medios de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE).

Fernández Basso estuvo en todas las negociaciones con los responsables de Sanidad y de la Comunidad de Madrid del día 5 y 6 de marzo que se recogen el informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado. Atiende a Vozpópuli con pocas ganas de seguir dando vueltas a este tema: “Se está hablando mucho de nosotros muy a nuestro pesar porque, si te soy sincero, estamos un poco molestos por cómo se nos está utilizando, no para destacar precisamente nuestra responsabilidad que fue la de suspender ese evento”.

El acto al que se refiere es el Unlimited 2020 (IX Congreso de Asambleas de Dios) que iba a llenar la Caja Mágica de Madrid de miles de evangélicos los días 19, 20 y 21 de marzo. Muchos de ellos llegaban de otros puntos del planeta. Según reconoce, esa fue una de las razones que les esgrimieron las autoridades para anularlo: “Podíamos encontrarnos con la situación de que tuviéramos dos o tres personas de las que venían de distintos países del mundo contagiadas de coronavirus, que se diagnosticaran durante el evento y que se pusieran en cuarentena a las miles de personas que estaban en la Caja Mágica”. 

Estaba prevista la asistencia de unas 5.500 personas, pero su organizador, Juan Carlos Escobar, también presente en la reuniones, tuvo que decir adiós a dos años de preparación. “Costó mucho la suspensión del evento cuando no estaba suspendido ni el fútbol ni las fallas ni la Semana Santa”, apunta Jorge Humberto, incapaz de dar una cifra económica de pérdidas que supuso anular reservas de hotel, vuelos, el alquiler de instalaciones… Antes de eso pidió a Sanidad que le mandasen su recomendación por escrito. 

El texto que recibieron el día 7 lo firmaba la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que recomendaba un aplazamiento. “Hicimos lo correcto”, se consuela Fernández Basso al ver cómo evolucionó después la pandemia con miles de muertos. Se alegra de que los evangélicos fuesen los pioneros en la suspensión de grandes eventos, eso a pesar de que nada les impedía haber seguido adelante con sus planes. Según recuerda, todavía no estaba decretado ni el estado de alarma. 

“Yo sé lo que nos recomendaron a nosotros”, pero no sé lo que les dirían a los demás, indica en alusión, por ejemplo, a los seguidores del Atlético que fueron el 11 de marzo a Liverpool o a los propios asistentes a la manifestación del 8-M. En aquellas reuniones estaba él, Escobar y Manuel Cerezo Garrido como secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid. Los tres han declarado como testigos ante la Guardia Civil en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 51 que dirige Carmen Rodríguez Medel. 

Se nos informó que había un peligro real de contagio

Por parte de la administración asistieron el ministro, Salvador Illa (solo uno de los días), el director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el secretario de Sanidad, Faustino Blanco y la directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes. Esta mujer dimitió de su puesto semanas después por sus discrepancias con el ritmo que la Comunidad de Madrid quería imprimir a la desescalada por fases. 

“Las instrucciones que nos dieron las entendimos perfectamente, las asumimos con responsabilidad. Se nos informó que había un peligro real de contagio en nuestro evento y en nuestros cultos. No fue ni una imposición ni una prohibición, simplemente se nos explicaban las razones y nos convencieron”, recuerda ahora Fernández Basso que la publicación del informe de la Guardia Civil les ha situado de nuevo en el centro del debate por el agravio comparativo que supone pedir anular su acto de la Caja Mágica sin haber prohibido aún otros eventos masivos.

Sobre si era una recomendación una prohibición expresa, Fernández Basso confirma una de las explicaciones que le dieron a los agentes de la Guardia Civil: Es verdad que una recomendación con argumentos como los que ellos nos hacían de salud pública tenía un carácter imperativo y así lo entendimos. Pero no se nos dijo en término de amenaza”, concluye.

Están preocupados, dice, porque siguen teniendo cerrados los lugares de culto (unos 4.000 en toda España) y muchas de estas comunidades se sustentan de los donativos. Por ello prefiere pasar página y retomar la normalidad. “Hablan de nosotros para destacar una causa que no es la nuestra. Nos meten a nosotros en el medio sin venir a cuento o para una causa que no nos interesa. En algún medio nos han puesto hasta como denunciantes, nosotros no hemos denunciado nada”, se despide.