Guerra judicial contra el blindaje de Ribera al lobo: "Los ataques y las pérdidas aumentarán"

Ni a las comunidades autónomas, ni mucho menos a los ganaderos, les ha sentado bien la orden ministerial que impide desde el pasado miércoles cazar lobos en España. Galicia, una de las CCAA con más población de este animal, cree que la prohibición les deja "sin cobertura para financiar los ataques del lobo". Los ganaderos, más pesimistas, creen que la normativa les "condena a la extinción". En cualquier caso, las autonomías intentarán paralizar la orden en los tribunales.

Hasta el 22 de septiembre, la caza de lobo estaba permitida al norte del Duero, donde se encuentra en situación favorable, mientras que en el sur ya estaba prohibida. El cambio se ha realizado a través de una polémica orden ministerial que se publicó en el BOE el martes 21. El Ministerio de Teresa Ribera cumple así el plazo de elevar la protección de la especie antes del 25 de septiembre y da respuesta a las "diferentes propuestas recibidas". Ahora, perseguirlos y matarlos es un delito tipificado en el Código Penal con penas de seis meses a dos años de cárcel.

La nueva orden cierra el grifo de las ayudas que recibían las CCAA para compensar a los ganaderos por los daños producidos por los ataques del lobo

Con la norma, el Ministerio pretende "unificar el nivel de protección de la especie" y fijar "medidas preventivas, indemnizaciones y mecanismos de control para evitar y paliar los daños por ataques a la ganadería extensiva". Cuenta, además, con el visto bueno del Consejo de Estado y el Comité Científico.

El nuevo texto materializa una propuesta muy criticada en los últimos meses por las comunidades más afectadas —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— y que ha indignado a las asociaciones ganaderas y a cazadores. Todo comenzó hace casi dos años, cuando ASCEL (la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo) propuso incluir a todas las poblaciones de lobo en España en el Catálogo Español de Especias Amenazadas, dentro de la categoría de 'vulnerable'. El Comité Científico examinó el proyecto y concluyó que sólo era posible incluirlo en el LESPRE. En un primer momento, el Ministerio no se posicionó de forma clara. Pero en mayo, finalmente, publicó sus planes para incluir al cánido en el listado.

Polémica con el resquicio que deja el Ministerio

Las reacciones a la orden del Ministerio han sido inmediatas. Ya no sólo por la norma en sí, sino porque el texto incluye dos disposiciones adicionales con las que no se contaba. Una de ellas abre la puerta a que las comunidades puedan autorizar medidas de extracción y captura de estas especies si se cumplen una serie de condiciones. Pero los requisitos son tan exigentes que en la práctica son muy difíciles de cumplir.

Para Ignacio Martínez, presidente de ASCEL, estas excepciones planteadas en la orden demuestran una "hipocresía supina" y que el Ministerio "no entiende la normativa de protección" y ha pretendido "quedar bien con todo el mundo". Pese a ello, la asociación cree la nueva norma repara un "error histórico" como es el de que el lobo fuera hasta ahora "la única especie de carnívoro terrestre de España" que no estaba protegida.

La otra disposición adicional de la orden aborda la creación de una estrategia de conservación y gestión del lobo. El Gobierno se comprometió en su día a aprobar la estrategia antes de prohibir la caza del canis lupus, pero no ha sido así. El texto del BOE establece que las CCAA y el ministerio deberán elaborar la nueva estrategia antes de que termine el año.

Batalla legal

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que albergan cerca del 90% de la población de lobo ibérico en España, irán de la mano contra la normativa. Con la nueva orden ministerial, sus planes regionales de gestión de la especie decaen. Ya no son válidos. Y, por tanto, se les cierra el grifo de las ayudas que recibían para compensar a los ganaderos por los daños producidos por los ataques del lobo. Las cuatro regiones, junto con Andalucía, Madrid y Murcia, presentarán un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional para paralizar la orden. A ellas se les sumará el PSOE de Castilla y León.

Esta misma posición la comparten ganaderos, agricultores y cazadores, que creen que la medida pone en peligro el mundo rural. Otro 'culebrón' dentro de esta historia son las reservas al plan de Ribera que ha manifestado en varias ocasiones el Ministerio de Agricultura. Ahora, el ministro, Luis Planas, ha apoyado la orden de Ribera, no sin defender que los ganaderos "sienten miedo muchas veces" y que las medidas de compensación y defensa "frente a los ataques" ocasionales están justificadas.

Ante esta situación, las cuatro comunidades autónomas y los representantes de las principales organizaciones agrarias (COAG, ASAJA y UPA) se reunirán el martes para coordinar la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional que paralice de forma cautelar el 'blindaje' de Ribera del lobo. Las tres organizaciones agrarias acusan al Gobierno de "condenar a la extinción a la ganadería" al impulsar una medida "irresponsable".

"El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará", alertaron los ganaderos en un comunicado conjunto.

Ecologistas: "Un paso importantísimo"

Frente a estas críticas a la normativa, los ecologistas celebran la inclusión del lobo ibérico en el listado. En declaraciones a Europa Press, WWF España asegura que "supone un paso importantísimo para el equilibrio de nuestros ecosistemas". Una medida que, según Ecologistas en Acción, llega "tras años de denuncias, estudios, manifestaciones, informes y procesos judiciales". Para Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, advierte de que su partido velará porque se garanticen esa protección de la especia con recursos que fomenten la ganadería extensiva.