Guerra de los 'call center' contra la 'ley Garzón': afecta a 200.000 personas, el 80% mujeres

La ley que regula los servicios de atención telefónica ha levantado a las empresas de 'call center' en guerra contra Alberto Garzón. El Gobierno es consciente de que el actual texto no cuenta con apoyos y está protegiendo al ministro retrasando su tramitación. De momento, eso sí, el proyecto legislativo acumula más de 400 enmiendas y los profesionales advierten que, de salir adelante su aprobación, más de 200.000 personas, el 80% mujeres, verían peligrar su trabajo.

Así lo asegura a Vozpópuli José Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Expertos en Relación con el Cliente (AEERC), y que en estos meses ha actuado de mediador entre las empresas dedicadas a la atención telefónica, el Gobierno, y los partidos políticos.

Las negociaciones con el Ministerio de Consumo comenzaron en marzo cuando Alberto Garzón dio a conocer el texto del anteproyecto. El texto fue aprobado el pasado mes de junio en el Consejo de Ministros y, desde entonces, se encuentra en tramitación parlamentaria, pero sin ningún viso de avance ante la falta de respaldos obtenidos por el Ejecutivo hasta la fecha.

Sanciones de hasta 100.000 euros

La ley que trata de aprobar Garzón en el Congreso establece sanciones de hasta 100.000 euros para las empresas que no atiendan las llamadas de sus clientes en un plazo máximo de 3 minutos. Esta condición, explica José Francisco Rodríguez, es "casi imposible de cumplir" en días de alta demanda, como cuando se produce una avería en una empresa de telecomunicaciones: "Esto es como un peaje. Hay días que no pasa nadie, pero en fechas concretas se produce un atasco. Aquí pasa lo mismo y es imposible garantizar que todas las llamadas en espera pasen en 3 minutos".

Así las cosas, el presidente de la Asociación Española de Expertos en Relación con el Cliente calcula pérdidas de entre 3 y 6 millones de euros para las empresas de aplicarse esta ley. Un agujero económico que pondría en riesgo más de 200.000 puestos de trabajo.

Rodríguez recuerda, en este punto, que cerca del 80% de las plantillas de los 'call center' son mujeres y que estas empresas se suelen ubicar en la 'España vaciada', garantizando un empleo en este tipo de zonas que corre el riesgo de desaparecer.

No tiene sentido que el Gobierno intervenga en el mercado privado, y luego no se aplique este compromiso de mejora de los servicios de atención para las administraciones

Estas sanciones y condiciones, además, solo afectan a las empresas privadas, pero no así a las administraciones públicas. Una circunstancia que ha sido criticada por los partidos de la oposición y también por profesionales del sector: "No tiene sentido que el Gobierno intervenga en el mercado privado, y luego no se aplique este compromiso de mejora de los servicios de atención para las administraciones, cuando organismos como el SEPE no descuelgan nunca el teléfono".

El presidente de la AEERC recuerda, además, que "hay administraciones que contratan a estas empresas con muy poco dinero de licitación, lo que provoca ofrecer un mal servicio".

Más de 400 enmiendas

Este y otros argumentos fueron expuestos por Rodríguez a Rafael Escudero Alday, Secretario General de Consumo, en una reunión mantenida por ambos el pasado 5 de septiembre. Desde el Ministerio, sin embargo, se escudaron afirmando que "la Administración no puede regularse a sí misma" y recordando que el texto se encuentra, en estos momentos, en tramitación parlamentaria.

Efectivamente, la ley de Garzón encadena ya siete prórrogas del periodo para presentar enmiendas... y ya se han presentado más de 400, procedentes de los partidos de la oposición. Rodríguez confirma que ha mantenido reuniones con los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Junts en la Comisión de Sanidad y Consumo, y que muchas de sus reivindicaciones se han convertido en enmiendas.

La mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa, sin embargo, impide que se voten esas enmiendas al no tener todavía cerrados los apoyos necesarios para blindar el texto de Alberto Garzón. Pese a ello, los socios de Gobierno se niegan a que puedan comparecer representantes de los sectores afectados para pedir modificaciones específicas a la ley.

Esta última semana, de hecho, el PP ha solicitado a la Mesa que "se acuerde la apertura de un plazo para pedir la comparecencia de expertos, con el fin de informar a la Comisión de Sanidad y Consumo, ante la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela". El órgano de gobierno del Congreso decidirá sobre esta solicitud el martes.