Guardias civiles piden que se incluya en la amnistía a cuatro agentes expulsados

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado este lunes que se amplíe el número de beneficiados por la amnistía. Una medida que incluiría el reingreso en el Instituto Armado de los agentes que fueron expulsados hace más de dos décadas por promover la defensa de los derechos de los trabajadores. Para ello han redactado una propuesta de enmienda para que la normativa afecte también a varios funcionarios con los que el Estado tiene una "deuda histórica".

Esta plataforma cree que la Ley de Amnistía podría favorecer a estos agentes que han vivido una "anomalía democrática" por la que siguen "peleando y trabajando". "Por un reconocimiento merecido y por la dignificación de las condiciones de readmisión", afirman este lunes.

Entre los beneficiarios estarían el Sargento primero José Morata, el Cabo primero Manuel Rosa o el Guardia Civil José Carlos Piñeiro, tres de los socios fundadores de AUGC. También solicitan que se contemple la inclusión del agente "represaliado" Alejandro Álvarez Borja y el resto de compañeros.

El nombre de los beneficiarios

"Es por lo que ahora queremos hacer llegar al Grupo Parlamentario del Congreso de los Diputados una propuesta de enmienda para incluir en la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que permita la rehabilitación de diversas penas y sanciones que sufrieron guardias civiles por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de los intereses de naturaleza profesional en un ámbito distinto al derecho de asociación profesional", defienden.

En este texto, AUGC piden que sean rehabilitados estos agentes que fueron sancionados con anterioridad al 31 de octubre de 2001, tras la tramitación de los expedientes gubernativos números 4/89, 32/93, 47/93 y 48/93, que tenían entre sus causas de incoación la recogida en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, por "llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses de naturaleza profesional, en un ámbito distinto al del derecho de asociación profesional".

De igual forma, la asociación exige que se rehabiliten los funcionarios de las referidas sanciones en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. "El tiempo de separación del servicio les será computado a todos los efectos, con excepción de la percepción de haberes. No obstante, se procederá a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de servicios", añaden. Además pasarían a retiro en el caso de que por edad les correspondiera.

Un encaje en la Ley de Amnistía

Desde AUGC recuerdan que reconocimiento del derecho de asociación profesional como derecho fundamental se produjo a través de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Esta normativa no recogió la posibilidad de que aquellos guardias civiles pudieran tener un "merecido reconocimiento". "Y se articularan los mecanismos legislativos necesarios para ser rehabilitados y resarcidos por las consecuencias penales y disciplinarias y de otros tipos, que su actividad les supuso", critican.

Por todo ello, consideran que con la actual Ley de Amnistía se podría encajar esta propuesta que vendría a resolver una "deuda histórica" que tiene el Cuerpo con los guardias civiles que promovieron el derecho de asociación profesional. Todo ello bajo el amparo del informe emitido por la secretaria general del Congreso de los Diputados, de fecha 5 de marzo de 2018, en relación con iniciativas anteriores.