La Guardia Civil sostiene que el contratista del caso cuarteles "enmascaró" pufos en sus facturas

La Guardia Civil estrecha el cerco al empresario del caso cuarteles. Asuntos Internos sostiene que Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', habría amañado facturas replicando el concepto de los recibís para cobrar de manera irregular por las reformas de más de una decena de acuartelamientos que se adjudicó del Instituto Armado en toda España.

Así consta en un informe de la unidad de Asuntos Internos, que desvela Vozpópuli, y en el que se adjuntan facturas de las empresas de este contratista canario en relación a las obras que ahora investiga la Justicia. Precisamente el trabajo de esta unidad fue el que impulsó una causa penal en los juzgados de Ávila por presuntas irregularidades en los trabajos de pintura y de impermeabilización de 25 cuarteles de la provincia.

El oficio remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid precisa que entre los meses de febrero y marzo de 2021 una de las empresas de Mon emitió ocho facturas por importe de 64.771 euros por obras realizadas en cuarteles de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Los agentes destacan que se trata de recibís que que ya habían sido objeto de actuaciones anteriores por otras empresas suyas.

Facturas repetidas

La investigación, que ha destapado un presunto fraude de 3,3 millones de euros, ha puesto de manifiesto que operó con las empresas Angrasurcor, Solocorcho S.L y, en menor medida, CanaryCork. Asuntos Internos, junto con la Fiscalía y también la Abogacía General del Estado, sostiene que 'Mon' habría abultado muchos de los contratos de obras de acuartelamientos siendo que, en algunos casos, estas reformas no se llegaron a ejecutar.

Se podrían haber llevado a cabo, también cobrando por ello, operaciones dirigidas a enmascarar, ocultar o enmendar lo no ejecutado o lo ejecutado de manera incompleta, deficiente o defectuosa Informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil

Además, apunta que troceó las facturas para no superar el límite legal y poder tramitarlas como un contrato menor. El empresario, tal y como avanzó este medio, ha remitido un escrito al juzgado en el que niega las acusaciones y asegura que ha trabajado para la Guardia Civil desde el año 2000. La juez le ha citado para el próximo 15 de noviembre para interrogarle como investigado.

Al respecto, Asuntos Internos determina que buscaría ocultar una presunta operativa irregular de cobro. "En algunas de esas facturas las partidas parecen reproducir conceptos ya comprendidos en las precedentes (...) de lo que se desprende que se podrían haber llevado a cabo, también cobrando por ello, operaciones dirigidas a enmascarar, ocultar o enmendar lo no ejecutado o lo ejecutado de manera incompleta, deficiente o defectuosa", reza el oficio.

Misma dinámica identificaron en el acuartelamiento de Fuente de Cantos (Badajoz), también en 2021. Asuntos Internos sostiene que se facturaron obras por empresas no relacionadas con el imputado cuyo concepto aparenta guardar relación con los trabajos que sí se adjudicó en 2016. Por ese motivo los agentes entregan a la juez del caso cuarteles las facturas bajo sospecha por si considera pertinente dar traslado de las mismas a los peritos que evaluarán las reformas.

El peritaje de los cuarteles

Precisamente la causa que arrancó en Ávila en 2019 sigue su curso en Madrid a la espera de que Patrimonio del Estado perite todas las obras de las trece comandancias de la Guardia Civil que contrataron con 'Mon'. De hecho, las pesquisas arrancaron ante el recelo de los investigadores de que obras menores en Ávila se adjudicaran a un contratista de Canarias y no empresas locales de la ciudad.

Con todo, su nombre ya había salido a relucir en el marco del caso 'tito Berni'. Aunque no está formalmente imputado en estas diligencias, 'Mon' aparece en varias ocasiones a lo largo del sumario por sus vínculos con algunos de los imputados, como Antonio Navarro Taraconte, el 'mediador' que da nombre a la causa.

Así pues, 'Mon' fue uno de los primeros investigados en estas diligencias en las que también se actuó contra un autónomo que contrató para estas obras y contra el teniente coronel Carlos Rodríguez en su condición entonces de jefe de la Comandancia de Ávila.

Precisamente Rodríguez, en su declaración, negó que cometiera ilegalidad alguna y dijo que se contrató a Tejera de León por orden directa de la Dirección General de Madrid. Más en concreto, del teniente general Pedro Vázquez Jarava. En paralelo, la Guardia Civil amplió su informe inicial y detectó también adjudicaciones al empresario imputado en un total de 13 comandancias de toda España.

Ello hizo que el juzgado de Ávila se inhibiera en favor de Plaza Castilla, donde ahora se siguen las pesquisas. Las mismas se han ralentizado meses ante la negativa de los entes contactados de que peritaran las obras. Así, Interior se negó, por ejemplo, apelando al volumen de la investigación. En este momento el juzgado está designando expertos de Patrimonio del Estado que evaluarán las reformas por provincias.

La versión de 'Mon'

Por su parte la magistrada amplió en mayo el catálogo de delitos por los que investiga a los imputados y añadió, además de falsedad y malversación, el delito de cohecho. Ello implicó abrir la puerta a que el enjuiciamiento de los hechos sea competencia de un tribunal de jurado. Una decisión que han recurrido los imputados y que terminará dilucidando la Audiencia de Madrid.

Además, esta misma semana la juez María Isabel Durántez ordenó paralizar las obras que se pudieran estar llevando a cabo en los puesto de Tarifa (Cádiz); Tarazona de la Mancha (Albacete) y Jacarilla (Alicante) y que se habrían financiado con fondos europeos.

Por su parte, 'Mon' remitió un escrito recientemente en el que acusó duramente a la Fiscalía y la Abogacía por actuar con "meras conjeturas" y negó que hubiera algún tipo de desviación patrimonial entre sus empresas y Vázquez Jarava.