Caso Tándem

Las grabaciones de Villarejo señalan a Corrochano como destinatario de los regalos por sus trabajos

“Nosotros haremos nuestro acuerdo personal si el tema sale adelante”, le dijo en 2009 el comisario al jefe de seguridad del BBVA 

Julio Corrochano Peña
Julio Corrochano Peña EFE

El escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del BBVA por el caso Villarejo incluye la acusación de que alguno de los directivos investigados cobró dádivas del excomisario a cambio de contratarle. Existe al menos una grabación que compromete al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano. En ella se escucha a Villarejo hablarle de su “acuerdo personal” en caso de que “esto salga adelante”.

La conversación fue desvelada el pasado 11 de julio por El Confidencial y Moncloa.com en una investigación conjunta. “Nosotros haremos nuestro acuerdo personal si el tema sale adelante y tal…”. Eso le dijo concretamente Villarejo a Corrochano, excompañero suyo en la Policía. En esa conversación, mantenida en el año 2009, abordaban un conflicto surgido en el banco sobre qué empresa debía investigar al empresario Fernando Martín por una deuda que tenía con la entidad. 

Corrochano era partidario de contratar a la empresa de Villarejo y en esa postura estaba también el entonces presidente del BBVA, Francisco González, según se desprende de sus palabras. Pero otros directivos del banco habían apostado por otra agencia de detectives llamada Kroll. El jefe de seguridad califica a esa otra firma como “una mierda”. “Y que además es enemigo nuestro, hostias”, añade. Este periódico se ha puesto en contacto con Corrochano para tratar de recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta alguna por parte del exdirectivo del banco.

La investigación a Sebastián 

Para hacer valer el trabajo de las empresas de Villarejo, ambos hablan como un éxito de la investigación sobre la vida privada del exministro socialista Miguel Sebastián que desveló Vozpópuli el pasado octubre. Aquel trabajo tenía el objetivo de frustrar el intento de compra del BBVA por parte de Sacyr en una operación que contaba con el apoyo del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De lo que se deduce de la conversación mantenida en 2009 por Villarejo y Corrochano, es que el segundo ejercía como nexo de unión entre Francisco González (del que llega a decir que conoce “como si le hubiese parido”) y el polémico mando. Por estos hechos hay investigados ya ocho directivos del banco como ex consejero delegado Ángel Cano o el propio Corrochano. 

También fueron imputados Ignacio Pérez Caballero Martínez, exdirector de banca comercial y consejero delegado de BBVA Seguros; Javier Malagón Navas, exdirector general de finanzas; Antonio J. Béjar González, quien fuera máximo responsable del área inmobiliaria del banco; y Ricardo Gómez Barrero, exresponsable de contabilidad y supervisión. la lista la completaron Inés Díaz Ochagavia, ex jefa de seguridad de BBVA; Nazario Campo Campuzano, quien fuera jefe de equipo de BBVA.

Derechos fundamentales

Todos ellos se negaron a declarar ante el juez alegado que la causa está bajo secreto de sumario y desconocen el detalle de los hechos que se les imputan. Tan solo Béjar, a preguntas de su abogado, admitió que su Departamento contrataba las empresas de Villarejo entre 2010 y 2013 para hacer investigaciones patrimoniales a clientes morosos de la entidad. Dijo no saber que esas empresas eran del comisario y que la orden de adjudicarle trabajo partía de sus superiores. 

En el escrito en el que pide la imputación del banco, la Fiscalía destaca que los encargos a Villarejo incurrieron en "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas". El ministerio público acusa a la entidad también de un presunto delito de cohecho y otro de revelación de secretos. El BBVA ha contestado con un comunicado en el que dice estar colaborando con la Justicia.

Asegura que ya le ha remitido a la Fiscalía el resultado de su investigación interna por estos hechos y recuerda que esta petición del Ministerio Público todavía tiene que aceptarla el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. En caso de que así sea y el banco acabase juzgado y condenado por estos se enfrentaría a una posible condena millonaria como persona jurídica. 

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