El juzgado de instrucción 18 de Barcelona ha iniciado las diligencias de la denuncia realizada por Fiscalía tras el informe del Tribunal de Cuentas, que estima que el Govern gastó al menos 4,8 millones de 2011 a 2017 para internacionalizar el proceso independentista. Del total de actividades cuestionadas, llama la atención el pago de 5.000 euros a una empresa belga para el asesoramiento en crear un ejército catalán.
En el auto se atribuye a Roger Albinyana, exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, y Teresa Prohias, exdirectora de servicios del Departamento de Presidencia, la contratación directa de "unos informes sobre la política europea de defensa" que estaría encaminado a "la elaboración de las estructuras de un hipotético estado independiente".
Esta contratación se produjo en 2015, poco después de la primera consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 y en pleno auge del procés, cuando se debatía si una Cataluña independiente podría integrarse en la Unión Europea o debería tener un ejército propio. "Se encargó a una empresa belga de la que se desconocen datos, no constando documentación de la misma ni del trabajo original realizado", prosigue el auto.
El Govern abonó hasta 5.000 euros por un trabajo cuyo resultado nunca ha trascendido y, según la investigación del Tribunal de Cuentas, tampoco ha resultado acreditado "quién es el titular de la cuenta bancaria en el banco radicado en Bélgica al que se transfirió el pago".
La contratación de esta empresa fue a través de la intermediación de Salvador Cardús, apodado el 'sociólogo del procés' y cuyo hijo, Pere Cardús, fue contratado en 2018 como asesor en el gabinete de presidencia de Quim Torra y, posteriormente, ha sido recolocado como director en la oficina de expresident de Torra con un salario de unos 80.000 euros anuales.
El auto argumenta que esta contratación excede el marco competencial de la Generalitat y que tenía como finalidad la creación de un Estado independiente.
Diplomacia paralela del Govern
De la investigación previa del Tribunal de Cuentas se observa cómo Bélgica se convirtió en un enclave estratégico antes de la llegada de Carles Puigdemont. Por ejemplo, el Diplocat, consorcio de diplomacia de la Generalitat, contrató durante los meses de mayo a noviembre de 2017, sin justificación acreditada, "un espacio de coworking en Bruselas cuyo coste ascendió a 13.352,07 euros".
La contratación de distintos locales y personal por parte del Diplocat en la capital belga cuando la representación institucional de la Generalitat en el exterior se articula a través de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Bruselas podría ser, según el auto, un indicio de gastos no justificados por su función pública, sino para la promoción del plan rupturista del Govern.
En este sentido, el pago de 196.920 euros sin concurrencia pública por el Diplocat al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) para un estudio académico sobre el "estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un Estado miembro" también se enmarcan en esta lógica de usar el dinero público a "usos ajenos a la función pública". Es decir, apuntan a una presunta malversación.
Cabe recordar, que el primer contrato del Govern con Independent Diplomat, una lobby diplomático con sede en belga, por valor de 1.485.142 millones (según el informe 1.319 del Tribunal de Cuentas) se realizó solo 14 días después de la reunión entre Artur Mas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy para pedirle un pacto fiscal para Cataluña.
Independent Diplomat diseñó una estrategia para situar el proyecto rupturista del Ejecutivo de Mas en la agenda política internacional. Este lobby elaboró 20 memorandos con argumentos afines al independentismo y facilitó listados de periodistas y diputados de Westminster. También contribuyó a expandir el proyecto del Govern no solo en medios sino entre figuras de renombre. Es así como voces como la de Julian Assange se entregaron a la causa.
