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PAÍS VASCO

El Gobierno acuerda con el País Vasco el traspaso de cuatros transferencias, entre ellas prisiones

El traspaso de las las competencias se escenificará con un acto en mayo. Entre las competencias que cambian de manos también está la del edificio del distrito marítimo de Ondarroa (Vizcaya)

El Gobierno acuerda con el País Vasco el traspaso de cuatros transferencias, entre ellas prisiones
Carmen Calvo, y el vicelehendakari Josu Erkoreka.

El calendario de transferencias sigue su curso. Tal y como estaba previsto, este viernes los gobiernos vasco y central han cerrado un acuerdo para el traspaso al País Vasco de cuatro nuevas transferencias. Entre estas competencias, cuyo cambio de manos se escenificará en mayo, está la de Prisiones, que es una de las que tienen mayor carga simbólica. Porque la clave está en saber cómo afectará este cambio a los presos de ETA.

Como ya publicó Vozpópuli semanas atrás, el Gobierno presidido por Íñigo Urkullu ultima un plan penitenciario propio que apuesta por la reinserción y del que podrán beneficiarse los reclusos etarras siempre y cuando abjuren de su pasado terrorista. Todo ello teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trasladando de forma sistemática a los presos etarras a cárceles del País Vasco o de comunidades cercanas. La última remesa de traslados se daba a conocer también este viernes.

El anuncio de este viernes no coge a nadie por sorpresa. Porque en los primeros días de marzo los gobiernos central y vasco acordaron celebrar en abril la comisión mixta de traspasos para rematar el traspaso de Prisiones, aumentar las materias que se transferirán entonces y acelerar la negociación sobre el ingreso mínimo. Así, el Ejecutivo vasco de PNV y PSE empezará a gestionar una reivindicación histórica como es la de las cárceles, cuyo traspaso estaba previsto en el Estatuto de Gernika. Hasta ahora, entre el resto de comunidades sólo Cataluña tiene las competencias en esta materia.

El traspaso de Prisiones

Ahora mismo hay algo más de 1.200 presos en los tres centros penitenciarios vascosdonde trabajan 630 funcionarios. Estas cifras seguramente aumentarán en pocos años, porque está previsto que en 2023 esté terminada la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que tendrá capacidad para 500 reclusos y será una de las más modernas de España. Dicha prisión sustituirá a la vieja cárcel donostiarra de Martutene, donde ahora hay apenas 300. No hace mucho que la cárcel de Zaballa sustituyó a la de Nanclares de Oca.

En ese contexto se enmarca el modelo penitenciario propio que ultima el Gobierno vasco. El portavoz de dicho Ejecutivo, Bingen Zupiriamatizó hace unos días que "existe un régimen penitenciario que establece el Gobierno y que se gestiona desde los jueces de régimen penitenciario y las juntas de las cárceles". Y admitió a continuación que "lo que el Gobierno vasco puede hacer una vez recibida la transferencia es impulsar un modelo que busque la reinserción". Ahí se enmarca el plan en ciernes del que ya informó este diario.

Anuncio de este viernes

La cesión de nuevas transferencias se conocerá íntegramente este mismo viernes. El vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, tienen prevista una comparecencia urgente a las seis de esta tarde en Lehendakaritza para dar cuenta con todo detalle de los acuerdos, según han informado fuentes del Ejecutivo autónomo a Europa Press.

Fuentes del Ejecutivo vasco han precisado que se ha alcanzado acuerdo para el traspaso de cuatro transferencias y, por lo tanto, se procederá a la convocatoria de la Comisión mixta de transferencias. Entre esos traspasos sobre los que se ha alcanzado consenso, está la gestión de prisiones, cuyo acuerdo ya estaba hecho hace tiempo, y la del edificio del distrito marítimo de Ondarroa (Vizcaya).

Estatuto de Gernika

El pasado mes de octubre el Gobierno central remitió un nuevo calendario para completar el Estatuto de Gernika con el traspaso de 30 competencias, una propuesta que fue aceptada por el Ejecutivo vasco.

Ese nuevo calendario suponía una actualización del cerrado en febrero de ese mismo año y en el primer bloque de transferencias previsto se incluía la gestión de los centros penitenciarios, sobre la que se ha alcanzado un consenso.

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