El Gobierno eliminará la sedición antes de 2023 para no torpedear su poder territorial

El Gobierno apurará el máximo posible para aprobar la ley que tumba el delito de sedición por otro con una pena menor antes de que termine este año. Los planes del Ejecutivo pasan por dar luz verde a la norma a la mayor brevedad para que cuando llegue la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo el asunto se haya olvidado. "Algo así como pasó con los indultos", explican fuentes del PSOE consultadas por este diario.

En la misma línea de premura se muestra el socio del PSOE en el Gobierno. Unidas Podemos aventuró este viernes que la norma estará lista antes de Año Nuevo. Y fuentes parlamentarias consultas por este diario señalan que la única forma de lograr ese objetivo y acelerar al máximo es tramitar la ley de manera directa y en lectura única. Es decir, la idea sería someter la iniciativa a un debate en el Pleno que se ajusta a los de totalidad.

En él, se establecerían los turnos a favor y en contra y, a continuación, los de fijación de posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios que conforman el hemiciclo. Como en cualquier otro debate parlamentario, los miembros del Gobierno pueden tomar la palabra. Y los diputados debatirían sobre la iniciativa, así como sobre las enmiendas a la totalidad y el articulado. Y concluido el debate se procede a la votación.

El PSOE mantiene la incógnita

Se trata de un procedimiento legislativo que permite que el Pleno del Congreso, en un único debate, pueda aprobar una iniciativa sin que tenga que recorrer los pasos previos de ponencia y comisión. Además, este proceso mantiene con carácter general, la capacidad de enmienda de los diputados y grupos parlamentarios. El PSOE, no obstante, se limita a incidir en el "cuanto antes" cuando se le pregunta por los plazos. Las fuentes oficiales del grupo socialista no especifican a qué vía recurrirá para dar luz verde al texto.

Lo cierto es que en el PSOE se asume que la tramitación de esta ley tendrá coste electoral. Los más perjudicados son los alcaldes y presidente autonómicos que se juegan la reelección en el test electoral de mayo. Fuentes del PSOE confirman que la rebaja de la sedición les complicará la campaña. Por eso, esperan una ofensiva de PP y Vox durante los próximos meses, que puede desalojar a más de uno por el rechazo que suscita la posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exnúmero dos, Oriol Junqueras, se beneficien de la "homologación" del delito con el resto de grandes países de Europa.

Este diario puso voz al temor que atraviesa el poder territorial del PSOE: “Vamos al desastre el 28 de mayo si Puigdemont, aprovechándose de la nueva situación, vuelve a España y se pasea por Cataluña como si aquí no hubiera ocurrido nada en 2017”. Ese es el estado general del alma centralista de los socialistas.

La culpa, del PP

Mientras, el PSOE prosigue su plan de culpas. Los socialistas señalan al PP como responsable del cambio en el código penal que registraron junto a Unidas Podemos y que plantea borrar el delito de sedición, castigado ahora con penas de hasta 15 años, e introducir otro de "desórdenes públicos agravados" que rebaja a 5 años el castigo. Tanto el portavoz del PSOE como fuentes de Unidas Podemos reconocen que el Ejecutivo vio la ventana de oportunidad cuando Génova se levantó de la mesa de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Esto lo que cambió a la hora de hablarlo [con ERC] es cuando el PP rompe el pacto que teníamos para el CGPJ y ERC deja de hablar de suprimir y empezamos a hablar de europeizar", espetó el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López. Los socialistas advierten al PP de que no habrá "otro PSOE" con el que hacer pactos de Estado, porque el actual es el que "hace política para mejorar la vida de la gente aunque le cueste votos".

Miedo, quién dijo miedo

Lo más sangrante es que en la planta noble del PSOE, al menos en público, no se teme que los votantes socialistas más reacios a la indulgencia con el independentismo se alejen de sus siglas. "Si lo sabemos explicar, el votante socialista entenderá, porque desde el minuto uno, el Gobierno de coalición progresista hace política", comentó el propio López.

Precisamente López dijo este miércoles en Onda Cero aún no había proyecto para reformar la sedición. Entonces pensaba que sería una ”rebaja” y no una supresión, como finalmente ha sido. En la cabeza del portavoz socialista tenía sentido que el asunto del delito de marras fuera solo un discurso para agradar los oídos de los socios nacionalistas e independentistas se conforman el bloque de apoyo al Ejecutivo (ERC, Bildu, PNV, Unidas Podemos, Más País y Compromis).

Pero nada más lejos de la realidad, a López le tocó defender el acuerdo que tanto inquieta a un amplio sector del partido. Y es que muchos cargos socialistas, más allá, de Cataluña se están enfrentando a la presión del PP en sus respectivos territorios. Cabe recordar que los populares han presentado en todas las asambleas mociones para obligar a los barones socialistas a mojarse. Por eso, la prisa. Si el Gobierno aprueba ya la rebaja, el PSOE confía en que los presupuestos y el ciclo informativo diluya el efecto negativo. El tiempo corre.