Sánchez llevará este viernes al Congreso la reforma del delito de sedición

La bomba de la sedición estalla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en una entrevista en La Sexta que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este mismo viernes en el Congreso una proposición de ley para rebajar las penas por delito de sedición. El plan del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales consultadas por este diario es "derogar como tal" el actual tipo penal y "crear otro" con penas homologables a Europa.

Finalmente, el 'desliz' de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se convierte en realidad. Tras semanas negando que Sánchez se haya puesto un plazo para remitir la reforma del delito a la Cámara Baja ante la "inexistencia de una mayoría parlamentaria que la pudiera sacar adelante", Moncloa acelera el cambio del código penal en plenas negociaciones con ERC para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado.

La idea del PSOE y de Unidas Podemos es presentar de forma conjunta una iniciativa para retocar las penas del delito de sedición del código penal y sustituirlo por otro de "desórdenes públicos agravados". Esta nueva figura jurídica se registrará por ambos grupos a las 10.00. Poco antes, a las 9.30, el portavoz de los socialistas en la Carrera de San Jerónimo, Patxi López, ofrecerá una rueda de prensa para explicar en detalle la iniciativa.

Los líderes del procés, beneficiados

Sánchez, según ha señalado en la entrevista, pretende "modernizar y homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición" a países, según ha detallado el líder socialista, como Alemania, Bélgica o Italia. De manera que en la nueva figura jurídica que quiere crear el Gobierno, las penas por ese delito serán inferiores las vigentes bajo el tipo de sedición. De esta manera, los exdirigentes independentistas condenados por el procés podrán beneficiarse de dicha rebaja.

Moncloa ya había advertido de que la idea era presentar las reformas legislativas destinadas a favorecer la "desjudicialización" del conflicto político con Cataluña, entre las que se encontraba la modificación del delito de sedición. Este era una compromiso personal del presidente del Gobierno, quien ha logrado evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado tengan que pronunciarse al respecto.

Precisamente la reforma de este delito ha sido el gran escollo que dinamitó las negociaciones entre el PP y el Ejecutivo para dar luz verde a la renovación del Poder Judicial. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se negó a estrechar la mano de Sánchez por esta reforma. Y argumentó su espantada con que los pactos de Estado llegarán con "otro PSOE", uno que no esté entregado al independentismo.

ERC habla de "gran paso adelante"

ERC no puede esconder su alegría, ya que, por mucho que se haya negado, su 'sí a las cuentas generales del Estado está condicionado a la rebaja de las penas de la sedición: "La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya. No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión", zanjan fuentes republicanas.

El presidente del Gobierno ha justificado esta iniciativa como una medida que "va a ayudar a destensar la situación en Cataluña". Sánchez ha recordado la crispación existente en el año 2017 entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central y ha elogiado la labor de su Ejecutivo entorno a una estrategia de "conciliación" con Cataluña. Ya se lo recordó al líder del PP en el Senado, en el último cara a cara parlamentario entre ambos.

El jefe del Ejecutivo ha justificado que la medida no es, en su opinión, una cesión al independentismo. “Lo que quiere el independentismo es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar”, ha añadido. Es más, Sánchez ha sido rotundo con la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien "tendrá que dar cuentas ante la justicia española". Y es que Sánchez ha zanjado que los delitos que cometió, pese a que se reforman, "siguen estando presentes en el código penal".

Comprendo que haya españoles que tengan dudasPedro Sánchez, presidente del Gobierno

El presidente es plenamente consciente de que esta iniciativa turbará a parte de los ciudadanos: "Comprendo que haya españoles que tengan dudas", ha remachado. Lo más sangrante para el presidente es que entre esos españoles se encuentran miembros de su propio partido, líderes territoriales y presidentes autonómicos, que no ven con buenos ojos esta reforma, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Pero el líder socialista se ha escudado en que el lío catalán no lleva su firma: "Este problema no lo he creado yo, lo heredé del anterior inquilino de Moncloa".

La reacción desde la bancada de la oposición no ha tardado en llegar. El PP acusa al Gobierno de utilizar el código el penal como "moneda de cambio" con el independentismo para facilitar su permanencia en Moncloa un año más. Para el PP se trata de una "barbaridad política" que reafirma el portazo que Alberto Núñez Feijóo dio a Sánchez de cara a la renovación del Poder Judicial.

"Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos", sostienen fuentes del Partido Popular. Y añaden: "El centro político y la moderación ya no tienen espacio en el Gobierno de España, y nuestra nación merece un Gobierno centrado y a la altura de un gran país. Y hoy no lo tiene", sentencia.

Los socios de Unidas Podemos dan el visto bueno

Pese a las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, lo cierto es que los alidos de los socialsitas en Moncloa Lconsideran el cambio de rumbo como un paso más hacia la conciliación en conflicto catalán: "La derogación del delito de sedición nos homologa con el resto de países europeos y nos permite avanzar en el camino del diálogo, el acuerdo y la 'desjudicialización'. Con la mayoría progresista avanzamos en derechos y en el respeto a la plurinacionalidad de nuestro país", ha comentado Ione Belarra, secretaria general de Podemos, en su cuenta de Twitter.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lleva tres años cambiando papeles con ERC sobre la reforma del delito de sedición. Es más, una de las primeras del lado socialista que participó en las conversaciones fue la exvicepresidenta primera Carmen Calvo. Fuentes conocedoras del diálogo entre Moncloa y la central independentista liderada por Oriol Junqueras señalan que el 'sí' de los 13 de diputados republicanos a las cuentas generales del Estado de 2023, en pleno debate en la Cámara Baja, depende de que se despeje el embrollo del delito de marras.

En España, el delito de sedición tiene un castigo máximo de 15 años para las “personas constituidas en autoridad”. Fuentes de ERC reconocían premura por impulsar el cambio penal, aunque los desvinculaban de los presupuestos. Los republicanos no querían entrar en una "subasta" para fijar las penas. Y llegaron a insinuar que es el PSOE el que no estaba por la labor de atar la reforma por su repercusión electoral cuando faltan siete meses para los comicios municipales y autonómicos del próximo mayo. Pero Sánchez ha apretado el botón nuclear.