El Gobierno sale en defensa del fiscal general en plena polémica por la querella por prevaricación del PP

Nuevo frente para el fiscal general del Estado. Tras el varapalo del Tribunal Supremo que anuló el pasado mes de noviembre el ascenso de Dolores Delgado y le señaló por "desviación de poder", llega la querella que presentará el Partido Popular ante la sala de lo Penal del Alto Tribunal por presunta prevaricación. Un nuevo volantazo que amenaza con torpedear la carrera Álvaro García Ortiz, quien cuenta con la "indiscutible" confianza del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se refleja en una respuesta parlamentaria emitida por el Gobierno a reclamación del partido de Abascal. Vox registró el pasado 4 de diciembre en el Congreso de los Diputados un documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que requería al Ejecutivo explicaciones razonadas sobre la renovación de García Ortiz como fiscal general del Estado.

En su exposición de motivos, la formación se agarra al dictamen del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que declaró no idóneo al jurista para desempeñar dicho cargo, pocos días después de la sentencia de Tribunal Supremo sobre el ascenso de Dolores Delgado, para señalar su falta de "imparcialidad" necesaria para el puesto.

El Ejecutivo defiende el "prestigio" profesional del fiscal general

En su respuesta, el Gobierno liderado por los socialistas defiende que dicho nombramiento se realizó como resultado del proceso de designación y cumpliendo los requisitos exigidos para el cargo. Moncloa justifica la designación del anterior fiscal jefe de la Secretaría Técnica en que el jurista disfruta de "reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo en su profesión".

Asimismo, el documento resalta la "idoneidad" de García Ortiz como fiscal general del Estado como un hecho "indiscutible" por sus méritos profesionales, lo que ha hecho que haya recibido el aval del Congreso de los Diputados. Seguidamente, el Gobierno recupera algunas premisas recogidas en el artículo 124.4 de la Constitución Española, donde se resalza al Ministerio Fiscal como un órgano cuyo deber pasa por "garantizar la imparcialidad y eficacia de la Justicia en interés de toda la sociedad".

El Ejecutivo añade que el Ministerio Fiscal además de tener una gran "relevancia constitucional", dispone de una "personalidad jurídica propia" que actúa conforme a los principios de "legalidad e imparcialidad". El Gobierno defiende que el Ministerio Fiscal tiene "consagrada su autonomía funcional y que actúa "sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado".

Dichas cualidades necesarias para desempeñar dicho cargo público han sido puestas en duda en el caso del actual fiscal general del Estado. Por ello, Vox demanda al Gobierno central a responder si tiene previsto nombrar a "otra persona más idónea para ostentar el cargo". Lo cierto es que esta apreciación se ha visto avalada, anteriormente, con pronunciamientos pertenecientes al Poder Judicial.

Los tropiezos de García Ortiz

García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado que no recibe el aval del CGPJ. Un capítulo más en la larga historia de contratiempos que ha sufrido la carrera del jurista en los últimos años, algunos por su supuesta cercanía a miembros del PSOE. El último escollo se produjo el pasado mes de noviembre cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló en su sentencia que el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar se produjo ante la estrecha relación de confianza con este.

La orden de anulación dictada por el Alto Tribunal llegó después de que el fiscal general promoviera a su antecesora en el cargo como fiscal de Sala de lo Militar, el puesto que catapultó a la exministra de Justicia socialista hasta la máxima categoría de la carrera fiscal. Tras ello, García Ortiz la nombró fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo que ostenta Delgado en la actualidad y que también está recurrido ante el Supremo.

Ahora, García Ortiz tendrá que enfrentarse a la querella redactada por el PP por una posible prevaricación en un nombramiento que no contó con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Los populares defienden en su escrito que el fiscal general propuso a la exministra del Gobierno del PSOE "en base, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas" a la "condición de fiscal de Sala así como su nombramiento como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo".

El PP considera dicho procedimiento como "un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación", ya que este se produjo "sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente, basados exclusivamente en su obstinación personal".