El Gobierno dilata 10 meses una reunión con la asociación que lucha por el 25% de castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) solicitó una reunión con la ministra de Educación, Pilar Alegría, a principios de septiembre de 2021 para abordar el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar un 25% de horas lectivas en castellano. El Gobierno lleva más de diez meses dilatando el asunto. Según ha podido saber Vozpópuli, la asociación estuvo durante meses esperando una respuesta por parte del Ministerio de Educación, pero esta no se produjo hasta hace un mes y medio, cuando volvieron a insistir para poder hablar con la titular de la cartera.

En las últimas semanas, el Govern ha aprobado un decreto ley y el Parlament una ley para blindar el catalán en las escuelas y en los institutos. Ahora, el TSJC quieren ir al Tribunal Constitucional (TC) porque admite que ve una "imposibilidad" aplicar la sentencia con el nuevo marco legal. Las dos normas comportan "serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad", avisa el TSJC, que dice que también implican "una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia" del 25% de castellano. Por eso, los jueces del alto tribunal catalán piden a las partes y a la Fiscalía que se posicionen en un plazo de 10 días sobre la propuesta de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC.

Ana Losada, presidenta de la AEB, advierte que "el Gobierno de España, y la ministra de Educación, tienen la oportunidad de poner remedio a esta sinrazón". "El TSJC ya ha planteado una posible cuestión de inconstitucionalidad del decreto y la ley lingüística elaborados a posteriori por el Govern y el Parlament para imposibilitar el porcentaje mínimo que establece el fallo de los jueces. Y el Gobierno puede actuar para que las autoridades catalanas cumplan con la sentencia", añade.

Nos parece increíble que la ministra Pilar Alegría no quiera reunirse con la asociación que está llevando a cabo toda la lucha contra la inmersión lingüística en los tribunales

"Nos parece increíble que la ministra Pilar Alegría no quiera reunirse con la asociación que está llevando a cabo toda la lucha contra la inmersión lingüística en los tribunales y que forma parte de la ejecución de la sentencia del 25%. Es increíble que nos ignoren. Me gustaría saber cuánto tiempo tardaría en reunirse con la Plataforma per la Llengua si es esta entidad la que le pide audiencia", lamenta Losada.

Fuentes ministeriales dicen que "hubo un fallo en el Ministerio y no se archivó" la solicitud de la AEB. Según las mismas, la solicitud se localizó hace unas semanas cuando volvieron a llamar para preguntar y desde la Secretaría de Estado se les indicó que se pondrían en contacto con ellos.

"Seguimos sin saber nada y sin que nos digan una fecha", indica Losada. Esta misma semana la ministra de Educación llamó a la "prudencia" respecto a la decisión del TSJC de suspender la aplicación de la sentencia del 25% del castellano e ir al Constitucional. "Cuando llegue al Ministerio de Educación y la podamos valorar, la trasladaremos al TSJC. Con este tema hay que actuar con prudencia y que se nos permita conocer el contenido del mismo", explicó.

El Gobierno pide "prudencia"

Para la AEB y el resto de entidades que integran la plataforma Escuela de Todos las palabras de la ministra son "inaceptables". "¿Prudencia? El Gobierno de España y el Ministerio de Educación piden prudencia cuando la Generalitat era consciente de que tenía que hacer cumplir una sentencia desde el 25 de enero. Desde esa fecha el Gobierno de España no ha movido un dedo en favor de que se cumpla. No le ha pedido a la Generalitat que haga cumplir de forma efectiva la sentencia, no ha utilizado todos los instrumentos que tiene a su disposición para hacerlo, no ha hecho que la Abogacía del Estado pidiera la ejecución. Tuvimos que hacerlo nosotros", recuerda la presidenta de la AEB.

Según Losada, todas las alegaciones que ha presentado la Abogacía del Estado en este proceso de Ejecución forzosa van a encaminadas a no molestar a la Generalitat. "No van encaminadas a hacer cumplir la ley y a que la escuela cumpla con el marco constitucional en Cataluña. La estrategia de la Generalitat ha sido complementada por el Gobierno de España", sostiene.

"La señora Alegría, después de siete meses en los que se debería de haber cumplido la sentencia y después de que el PSC, partido del que ella forma parte, pacte una ley con vicios de inconstitucionalidad según el TSJC, nos dice que tengamos prudencia. La sentencia no se cumple porque el Gobierno de España no ha hecho lo que debía hacer", concluye tras más de diez meses sin poder verse con la titular de Educación.

Fuentes del ministerio aseguran que el Departamento de Educación ha atendido siempre cuantas peticiones ha hecho el TSJC y siempre ha respetado las decisiones y los tiempos de los tribunales.