Publicado: 30/05/2022 14:10
Actualizado: 07/06/2022 13:05
La consellería de Educación de la Generalitat ha decidido asumir, a través de un decreto ley, la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC del 25% de castellano y defender un modelo sin cuotas fijas. Según el decreto, el catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña" y establece como criterio la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas", por lo que se rechaza el porcentaje uniforme de impartir el 25% de materias en lengua castellana que marca el TSJC.
Según el Decreto Ley del catalán en los centros educativos, el departamento de Educación habrá evaluado previamente los proyectos lingüísticos, que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica. El Decreto Ley fija los criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
El Govern ha aprobado el decreto este lunes, en una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir como mínimo el 25% de materias en castellano en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio. En rueda de prensa tras la reunión, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha subrayado que el objetivo del decreto es "proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales".
El decreto defiende la "diversidad cultural y lingüística del alumnado", por lo que subraya que "la realidad heterogénea de los diferentes centros del sistema educativo de Cataluña imposibilita la aprobación de una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio". Según el texto, "en primera instancia corresponde a cada centro efectuar el análisis de los factores sociales y culturales del entorno que deben servir de base para elaborar el proyecto lingüístico", aunque la consellería de Educación "debe validar y velar por garantizar que el proyecto lingüístico se ajusta a la legalidad".
Respecto a la validación de los proyectos lingüísticos, el decreto establece que, "sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos", la consellería de Educación "debe validar, en un periodo no superior a 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar su modificación en caso contrario".
Por ello, el proceso de validación por parte de la consellería demoraría hasta el próximo curso la aplicación de los planes lingüísticos. En este sentido, el decreto reconoce que la "necesidad extraordinaria y urgente de aprobar este decreto ley radica en la exigencia de contar de forma inmediata y con la antelación suficiente con el marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso escolar 2022-23".
El PSC se desmarca
La viceprimera secretaria del PSC Lluïsa Moret ha avisado este lunes de que los socialistas no apoyarán el decreto del Govern sobre el catalán en la escuela "si tiene la voluntad de esquivar o de incumplir sentencias", en referencia a la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano.
Preguntada en rueda de prensa, Moret ha asegurado que los socialistas catalanes no han conocido el contenido del decreto hasta su presentación a los medios -el Govern lo ha aprobado este mismo lunes-, y ha sostenido que "esta propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia del TSJC".
Junts: "El decreto no frenará la justicia española"
El portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado este lunes de que el decreto ley del Govern "no frenará la justicia española, decidida a acabar con el modelo de inmersión", después de que su contenido rechace la aplicación de porcentajes en el uso de lenguas ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
"Estamos ante operación de estado para acabar con el modelo de escuela catalana. Los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara", ha destacado en rueda de prensa, donde ha añadido que el modelo de escuela catalana no estará del todo protegido hasta que Cataluña sea independiente. Tras apuntar que "la justicia, con la complicidad del PP y PSOE, intentará imponer el castellano a golpe de ley", ha reivindicado la vía del decreto ley para buscar una solución a la sentencia del TSJC y los cambios en su contenido.
Según Rius, el decreto ley será una herramienta útil, y ha confiado en que los tribunales aplicarán la ley: "Sabemos que los tribunales, muchas veces, actúan con intereses que no deberían pasar. Confiamos en que tribunales aplicarán las leyes que aprueban las cámaras legislativas".
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«En pocos lugares como en Cataluña se suman los fenómenos que permiten hablar, cabalmente, sin ambages, de una profunda «cultura de la violación». Y no, no hay necesidad de aludir a vaporosas «estructuras» o «sistemas», ni siquiera a porcentajes escogidos ad hoc. No: hablamos de instituciones, reglas, declaraciones públicas y propósitos explícitos. Y también de actitudes sociales conniventes, de ostracismo, de genuina re-victimización para quienes reclaman sus derechos, familias a quienes finalmente se invita a irse de Cataluña.
Han pasado ya casi 7 años del que bien puede ser llamado caso del «acoso de Balaguer» y se han sucedido episodios parecidos, individuales o grupales, hasta el más reciente del «niño de Canet». ...
Su reclamación es bien sencilla: que se respeten las leyes y que se ejecuten las sentencias que, de manera firme, han declarado los derechos de sus hijas e hijos. El Gobierno central, ya saben, no dispone de medios para el control y la vigilancia de aquello que los Tribunales han dictaminado, y la Generalidad y los partidos que la sostienen insisten en su rebeldía y tratan ahora de evitar lo que ya no puede ser considerado sino desobediencia delictiva mediante una reforma legislativa urgente. Con ella, en el fondo, la violación se refrenda, se regula y normaliza.
(…)
Parafraseando a la delegada del Gobierno en Valencia, alarmada ante la proliferación de episodios de presuntas agresiones sexuales «en manada», cabría preguntar a nacionalistas del PSC e independentistas del resto de grupos que persisten en pisotear los derechos de padres y menores que quieren recibir una educación realmente bilingüe en su país: ¿qué os pasa con el Estado de Derecho?
(…) La «cultura de la violación» más evidente que existe en España es el desprecio generalizado que impera en Cataluña a los derechos de quienes no comulgan con el nacionalismo, al imperio de la ley y a la división de poderes.» (Pablo de Lora, en Dolça Cataluña)
"La ministra de educación, Alegría, advierte de que el Gobierno estará «vigilante» ante cualquier intento de la Junta de coartar los derechos y libertades fundamentales." La ministra está advirtiendo a la Junta de Castilla-León, cuyo gobierno lo integran el PP y Vox.
Hoy la ministra Alegría: la sentencia que obliga a implantar un 25 % de enseñanza en castellano en Cataluña "no hay debate que valga", ya que es de obligado cumplimiento. Ha subrayado que en un Estado de derecho las sentencias son de "obligado cumplimiento para cualquier administración y ciudadano de a pie".
Si dicha sentencia "se cumple o no se cumple no le corresponde a esta ministra", sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).