La Generalitat apoya en los tribunales la denuncia de una votante del 1-O que dice haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un policía nacional. El juez ha rechazado de momento profundizar en los hechos relatados por la mujer en base a unas imágenes defectuosas donde, según sostiene, no se aprecian con claridad los hechos. Ahora, la denunciante y los servicios jurídicos del Govern piden a la Audiencia Provincial de Barcelona que ordene al magistrado identificar al policía

Los hechos denunciados se ubican en la Escola Mediterrania de la ciudad condal el día del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Más de tres años después de aquellos acontecimientos, cientos de denuncias de particulares se reparten por juzgados ordinarios de Cataluña. En su mayoría tienen que ver con lesiones provocadas durante el dispositivo policial. La supuesta agresión sexual recayó en el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.

Su titular es el magistrado Francisco Miralles, que mantiene abiertas una treintena de piezas separadas, una por cada colegio electoral. La Escola Mediterrania es la número 6. Según el relato de hechos de la mujer, ella estaba esperando a que abriera el colegio para poder votar. Cuando llegó la Policía, se puso en medio “para evitar que otras personas salieran perjudicadas”. Relata que primero recibió “una bofetada en la cara” por parte del agente. Luego le agarró del brazo hasta que le tiró al suelo.

Relato de hechos

Siempre según la versión de esta mujer, el policía le dio una patada en la espalda y justo después notó como le empezó a tocar por todo el cuerpo. “Nota como el agente le toca los pechos y finalmente ve cómo se sube la visera del casco, ríe y le dice: ‘Puta vieja, no me gustan tus tetas’”, dice la abogada de la mujer en un escrito remitido en octubre al juzgado. Piden identificar al agente oficialmente. Solicitan mandar a la Policía Nacional las imágenes captadas sobre el terreno por los Mossos d’Esquadra. También quieren que encargue un informe videográfico a la policía autonómica catalana.

Sin embargo el juez rechaza estas diligencias porque las imágenes son demasiado borrosas, movidas y tangenciales. Apenas se ve “algún empujón confuso que no permite apreciar la real actuación policial”. La Fiscalía comparte el criterio del magistrado. También la Abogacía del Estado, que sostiene que “no existe siquiera vídeo o fotografía, ni de buena ni de mala calidad, que sustente la imputación de tan graves hechos a una agente del Cuerpo Nacional de Policía”.

La denunciante discrepa, dice que en las imágenes se puede ver al mismo agente en otras ubicaciones, realizando una labores muy concretas junto a otro agente al que sí se le puede distinguir por su número profesional. Por ello ha recurrido la negativa del Juzgado ante la instancia superior, la Audiencia Provincial. A su recurso de apelación se ha adherido la Generalitat por medio de un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Generalitat, ANC y Òmnium

Lleva el sello del Gabinete Jurídico de la Dirección General de Asuntos Contenciosos integrado en el Departamento de la Presidencia que desde septiembre ocupa en funciones el dirigente de ERC, Pere Aragonès. Desde el Govern reivindican que debe ser un perito quien determine si la calidad de las imágenes son suficientes. “Los hechos son de tanta entidad que exigen agotar las vías de investigación que puedan conducir a la identificación de su autor”, alega el escrito firmado por el letrado de la Generalitat Joan Costa. 

A estos argumentos se han unido también las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, personadas en la causa. La ANC considera que “son unos hechos graves de por sí pero que cometidos por un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones es especialmente relevante”. Òmnium, por su parte, defiende que con las pruebas que hay en la causa está justificado proceder a las diligencias solicitadas por la denunciante.