El Juzgado Mercantil de Vigo pide refuerzos ante las 20.000 reclamaciones relacionadas con el 'cartel de coches'

La preocupación aumenta cada día entre los funcionarios del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ante la previsible avalancha de demandas que inundarán este órgano judicial a lo largo del próximo año en relación con el denominado cártel de coches. El temor al colapso ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia a pedir refuerzos urgentes al Consejo General del Poder Judicial para poder atender las más de 20.000 reclamaciones que, según las previsiones más cautas, interpondrán en los próximos meses los afectados por el pacto anticompetencia que fabricantes y vendedores de numerosas marcas alcanzaron con el fin de inflar el precio de los vehículos.

Esa avalancha de demandas se debe a que el domicilio de Stellantis España, grupo al que pertenecen nueve de las 24 firmas automovilísticas sancionadas por pactar sobreprecios en sus vehículos, se encuentra en Vigo y dicho órgano judicial es, por lo tanto, la puerta de entrada de las reclamaciones que tienen que ver con las marcas Citroën, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Opel y Dodge.

Para evitar el colapso, el alto tribunal gallego solicita que en el reparto de este tipo de asuntos entren, a través de una comisión de servicios, los titulares de los juzgados de lo mercantil 1 y 2 de la provincia, radicados en la ciudad de Pontevedra, así como "un autorrefuerzo de la magistrada titular del órgano con sede en Vigo". También pide a la Xunta que incremente el número de funcionarios.

El cártel de coches fue una colaboración entre los diferentes fabricantes con presencia en España a través de la cual, mediante pactos irregulares que afectan al libre mercado, se manipularon al alza los precios de millones de vehículos entre los años 2006 y 2013. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que reconoció las malas prácticas de los fabricantes y el derecho de los afectados a recibir una indemnización, los afectados empezaron a reclamar cada vez en mayor número y ahora la situación amenaza con desbordar los juzgados competentes sobre estos asuntos.

Aunque cada caso tiene sus propios matices, las indemnizaciones pueden rondar entre los dos mil y los nueve mil euros, equivalente de forma aproximada al 10% del precio pagado por el vehículo.

Dentro de este proceso, el Mercantil de Vigo tendrá un especial protagonismo a nivel estatal debido al enorme nivel de ventas del grupo Stellantis, de forma que casi una cuarta parte de los vehículos matriculados en España durante el pasado año correspondieron a alguna de las marcas que comercializa. La proporción se incrementa en la parcela de automóviles comerciales, con una cuota de mercado del 34,2%. En conjunto, el grupo vendió casi 215.000 unidades en 2022 frente a los poco más de 930.000 vehículos matriculados en total.