El Gobierno tumba la ley gallega del litoral mientras cede al País Vasco la jurisdicción costera

La guerra que mantienen el Gobierno y la Xunta de Galicia en torno a las competencias relacionadas con la gestión del litoral ha dado un nuevo giro tras confirmarse que en el acuerdo de investidura firmado entre Pedro Sánchez y el PNV figura el compromiso de ceder al País Vasco la jurisdicción plena de su espacio costero. Eso significaría, según el Partido Popular gallego, que el Ejecutivo se ha plegado por completo a las exigencias del Partido Nacionalista Vasco con tal de conseguir el apoyo de Andoni Ortuzar a la investidura de Pedro Sánchez mientras niega el derecho a Galicia a gestionar su litoral. Puros intereses partidistas provocan, en suma, que unas comunidades tengan privilegios sobre otras pese a que la legalidad debería ser igual para todas ellas.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, hace un par de semanas, el recurso interpuesto por el Gobierno contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, promulgada el pasado 6 de julio tras su aprobación sin votos en contra por el parlamento autonómico, al estimar que la normativa invade competencias exclusivas del Estado. Desde entonces, 31 de los 73 artículos de la citada ley han quedado suspendidos hasta que el TC resuelva las controversias, con los consiguientes efectos negativos en el desarrollo de proyectos industriales y de todo tipo relacionados con el ámbito marítimo-terrestre.

El presidente gallego ya ha alzado la voz para denunciar lo que considera un intolerable agravio por parte del PSOE y señala que Pedro Sánchez es capaz de todo con tal de conseguir sus intereses, aunque sea a costa de trocear España y de conceder a algunos territorios privilegios que a otros se les niegan. En cuanto a las “dispensas” jurídicas, Alfonso Rueda resalta que la Xunta ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por querer gestionar su litoral mientras todo indica que el País Vasco, con un estatuto de autonomía idéntico al gallego, va a gozar de plenos poderes para ordenar su territorio costero por el simple hecho de facilitar que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno.

La Xunta inició la tramitación de una normativa propia del litoral cuando el Gobierno sacó adelante la Ley de Cambio Climático, que en opinión del PPdeG pone en jaque la supervivencia de unos cuatro mil inmuebles radicados en zonas sensibles y de al menos trescientas empresas, entre ellas muchas conserveras, que necesitan ejercer su actividad en el borde marítimo para captar agua. Alfonso Rueda ha defendido desde entonces que la nueva norma no va ni contra la Constitución ni contra las leyes estatales de ordenación del litoral, sino que responde a la necesidad de gestionar el espacio costero con más eficacia debido al factor de proximidad y al mejor conocimiento de la realidad socioeconómica de Galicia.

El Gobierno, por contra, considera que dicha normativa no garantiza las restricciones impuestas por la legislación estatal para proteger la costa y que, en cualquier caso, Galicia no puede asumir competencias que la Constitución otorga al Estado. El PP gallego se pregunta si ese alegato tan rotundo por parte del Ejecutivo central tiene ahora alguna credibilidad tras conocerse los privilegios y cesiones que ha concedido a diversas comunidades con tal de asegurar su apoyo a Pedro Sánchez.