España

El Gobierno indigna a las víctimas del franquismo al impulsar la ley de memoria sin realizar exhumaciones

El Ejecutivo se comprometió hace dos años, tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, a exhumar los restos de las víctimas que siguen en enterrados en el Valle de los Caídos. No ha habido avances en este sentido

Vista general del Valle de los Caídos, situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial.
Vista general del Valle de los Caídos, situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Archivo/Efe

La nueva ley de memoria histórica no ha acabado de calar entre los familiares de las víctimas del franquismo y las diferentes asociaciones. Celebran este paso del Gobierno, pero consideran que todavía quedan asuntos por resolver, como la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

El PSOE se comprometió hace dos años, con la llegada al poder de Pedro Sánchez, a retirar los restos de las víctimas que siguen en Culegamuros, sin embargo no ha habido avances en este sentido por parte del Gobierno. Por este motivo, familiares y asociaciones por la memoria expresan su indignación con la falta de compromiso del Ejecutivo y muestran su escepticismo con la nueva norma que prevé aprobar el Consejo de Ministros.

El 9 de mayo de 2016 el magistrado José Manuel Delgado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), reconoció el derecho de los familiares de las víctimas a dar "digna sepultura" a los fallecidos. La Justicia se pronunció a raíz del caso de los hermanos Lapeña, asesinados en Calatayud en agosto de 1936 y trasladados posteriormente a Cuelgamuros.

"No es realista"

"No es realista o razonable que haya una sentencia desde hace cuatro años, que el Gobierno sea quien deba cumplirla y ejecutarla, y a día de hoy no tengamos fecha de esa exhumación, cuando estamos hablando de la única sentencia en el mundo que ordena exhumar", señala a Vozpópuli Eduardo Ranz, letrado experto en memoria histórica y abogado de la familia Lapeña.

Se refiere al fallo emitido el 9 de mayo de 2016 por el magistrado José Manuel Delgado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en que reconoció el derecho de los familiares de las víctimas a dar "digna sepultura" a los fallecidos. La Justicia se pronunció a raíz del caso de los hermanos Lapeña, asesinados en Calatayud en agosto de 1936 y trasladados posteriormente a Cuelgamuros.

Además, un informe del CSIC de noviembre del año pasado emitido tras haber estudiado la situación de las criptas de la Abadía del Valle de los Caídos determinó que las estructuras son estables y por tanto la seguridad de forenses y técnicos que trabajen en las exhumaciones está garantizada. 

"Los derechos humanos no se subvencionan"

La no exhumación de las más de 30 víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos no es lo único que molesta a los familiares. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tampoco está conforme con el modelo de "subvención" de las exhumaciones que el Gobierno quiere mantener con la reforma de la ley de memoria histórica de 2007 y exige la implicación directa del Ejecutivo en estas tareas.

Para Emilio Silva, presidente de esta entidad, no haría falta una ley, sino "voluntad política" y actuar con decisión desde el Ejecutivo para cuidar a las familias de las víctimas, como, defiende, llevan haciendo desde hace 17 años en el País Vasco. 

Sospecha su asociación que la nueva normativa repetirá el sistema de subvenciones para que sean las asociaciones las que se ocupen de los trabajos de exhumación y rastreo de fosas comunes y después el Gobierno se ocupe de sus gastos. "Los derechos humanos no se subvencionan", señaló a la agencia Efe de manera tajante.

Desde ARMH proponen que sea el Ejecutivo quien se encargue directamente, sin intermediarios, igual que atiende a los familiares y víctimas del terrorismo, máxime cuando dispone de laboratorios, equipos forenses y recursos suficientes para trabajar en la recuperación de los miles de desaparecidos que hay en España

Silva sí está de acuerdo con la decisión del Ejecutivo de dar cobertura legal a la prohibición de entidades que exalten el régimen franquista, como a su juicio hace la Fundación Francisco Franco, pero reitera que la suspensión debe extenderse a cualquier asociación que no respete los derechos humanos.

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