España

La nueva ley de memoria histórica anulará las sentencias del franquismo

El anteproyecto que tiene previsto aprobar este mes el Gobierno también recoge la creación de una fiscalía para investigar los crímenes y buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil o la dictadura

Francisco Franco, en 1943
Francisco Franco, en 1943 EFE

La nueva ley de memoria histórica permitirá anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo. Es una de las novedades que recoge borrador de esta futura ley que prepara el Gobierno, la cual derogará la aprobada en el 2007 y se hará efectiva una vez haya pasado el trámite parlamentario, para lo que antes el Consejo de Ministros tendrá que aprobar el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, algo que ocurrirá el 15 de septiembre.

La anulación de las condenas del franquismo es una de las grandes novedades de una de las más importantes leyes que tiene previsto impulsar el Gobierno. Tal y como adelanta 'El Periódico', que ha tenido acceso al borrador de la ley, esta confiere "carácter radicalmente nulo" a todas las condenas y sanciones producidas "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa" durante la Guerra Civil o la dictadura.

Esta novedad acarreará la anulación de una ingente cantidad de sentencias dictadas durante o después de la Guerra Civil, las cuales sirvieron para dar un carácter de legalidad a ejecuciones, en los casos más extremos, aunque también dejará en el aire otro tipo de condenas o fallos judiciales en otros ámbitos, como el mercantil o el de la propiedad. 

La nueva ley confiere "carácter radicalmente nulo" a todas las condenas y sanciones producidas "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa" durante la Guerra Civil o la dictadura

Además, la nueva ley de memoria histórica permitirá ilegalizar fundaciones que hagan apología de la dictadura franquista o del propio dictador, o que inciten al odio o la violencia contra las víctimas del franquismo. También establecerá un régimen sancionador para infracciones en ese sentido a fin de evitar "las humillaciones" en espacios públicos, e incluso insta a los tribunales a mantener una "estricta observancia" para aplicar la ley.

La disposición adicional tercera, según el borrador difundido por 'El Periódico', es el que contiene las previsiones sobre retirada de recompensas previstas en la legislación de 1964 sobre condecoraciones policiales y la de 1976, relativa a la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. 

Una nueva fiscalía para investigar crímenes del franquismo

En ese sentido, el de garantizar el cumplimiento estricto de la ley, la propia norma contempla y apuesta por la creación de una fiscalía de sala que permita investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil o en la dictadura, "incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución" y que puedan supone "violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

La nueva ley de memoria histórica contempla e impulsa la creación de una fiscalía para investigar crímenes del franquismo y que además tendría competencias para buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura

Esta nueva fiscalía contará con funciones específicas, como la búsqueda de víctimas de los hechos investigados, una tarea que realizaría en coordinación con los órganos de las administraciones competentes. Además, se recuperará también la figura del expediente de información para la perpetua memoria (vigente en el ordenamiento jurídico español hasta 2015) como vía para la obtención de una declaración sobre crímenes franquistas con la intención de facilitar la identificación y exhumación de desaparecidos para que sus allegados puedan darles sepultura. 

"Reconocimiento, reparación y dignificación" de las mujeres 

Mención aparte reciben las mujeres, a las que la nueva ley de memoria histórica reconoce su rol durante este periodo. En el marco del pretendido "reconocimiento, reparación y dignificación" de las víctimas, para que la Historia no se construya "desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos", la ley distingue a las mujeres por su papel a lo largo de la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

Las mujeres son reconocidas por la ley tanto como sujetos activos de la vida intelectual, profesional, política y sindical del país como en su papel de doble víctima, ya que fueron humilladas, vejadas, violadas, represaliadas o asesinadas por ser mujeres, madres o hijas de perseguidos y, en diferentes momentos de la historia, ajusticiadas por haber intentado "ejercer su derecho a libre desarrollo personal y transgredido los límites de la feminidad tradicional".

Un banco de ADN para las víctimas desaparecidos 

El proyecto de ley se extiende a lo largo de varios de sus capítulos en los desaparecidos. Además de declarar el 31 de octubre como día oficial en su recuerdo y homenaje y anunciar la creación de un censo nacional de víctimas de la guerra civil y la dictadura, se confirma la apuesta por un banco nacional de ADN y, lo más importante para las exhaustas asociaciones memorialistas, se reconoce a la Administración General del Estado como responsable de encontrar a los desaparecidos, según recoge 'El Periódico'.

La Administración General del Estado será la competente para acometer la buscar a los desparecidos, para lo que la ley establece la creación de un censo y un banco de ADN

Además, existirá un plan cuatrienal de actuaciones ligadas a la memoria desde un nuevo consejo territorial, en el que además del Estado y las autonomías estarán representados provincias y municipios. También se  prevé la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre todo lo conciernente a la contienda civil y la dictadura.

Expolio y exilio

Sobre los bienes expoliados en aquellos años, se incorporan actuaciones específicas y auditorías para reconocer a los afectados, incluyendo bienes incautados a organizaciones políticas durante la dictadura, así como el reconocimiento y reparación de víctimas que realizaron trabajos forzados. Pensando en los exiliados, se permitirá la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España descendientes en primera o segunda generación de los que fueron al exilio por razones de ideología.

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