El Servicio de Salud de Islas Baleares, bajo el Gobierno de Francina Armengol, adjudicó contratos por valor superior a los diez millones de euros a empresarios que gestionaban sociedades off-shores en paraísos fiscales. Las adjudicaciones tuvieron lugar en el marco de la adquisición de productos fitosanitarios, como mascarillas o guantes, durante los peores compases de la pandemia de coronavirus. La Fiscalía europea ya investiga los contratos suscritos por el ejecutivo balear de Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, con la empresa del caso Koldo.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares destaca que el IBSALUT [Servicio de Salud de Islas Baleares] adjudicó un total 10.161.576 € a “empresarios que, según la International Consortium of Investigative Journalists (Offshore Leaks Database), tienen relaciones con sociedades off-shore domiciliadas en paraísos fiscales”. Así consta en un informe elaborado por este órgano, dependiente del Parlamento balear y encargado de prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos.
Una de estas sociedades sería Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en el epicentro de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, donde se investiga el supuesto cobro de mordidas en adjudicaciones para la compra de material sanitario durante la pandemia. Un caso que ha suscitado una airada polémica en esferas políticas, con la dimisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al frente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y su consiguiente decisión de pasar al grupo mixto.
Contratos del Gobierno de Armengol
Esta compañía suscribió varios acuerdos con la administración pública para proveer de mascarillas y material fitosanitario durante la pandemia. Los contratos más cuantiosos llegaron desde Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el propio Ábalos. Pero también hay adjudicaciones del Ministerio del Interior y de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente bajo la presidencia de Armengol y Ángel Víctor Torres -hoy titular de Política Territorial-.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares centra sus investigaciones en las adjudicaciones que el Gobierno de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, suscribió durante la pandemia. El informe elaborado por este órgano recoge otra referencia a contactos de los empresarios con paraísos fiscales, en este caso relacionada con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
Al desglosar la actividad empresarial y financiera de esta entidad, la oficina anticorrupción destaca la figura de José Ángel Escorial Senante como administrador único. Un individuo que “aparece en el caso de los denominados Paradise Papers con dos sociedades offshore en Malta.
Las sociedades radicadas en estos países o territorios están sometidos a una escasa o nula tributación, y su opacidad permite eludir los controles habituales financieros e impositivos.
La oficina anticorrupción balear también destaca en su documento, consultado por Vozpópuli y fechado en marzo de 2021, que “en 2008 era administrador de Delta Advisory and Management Services Limited, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital".
Y añade: "De acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad, sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda”.
Armengol se defiende
La presidenta del Congreso compareció este martes en la Cámara Baja para defenderse en medio de la polémica por la gestión de su Gobierno en la adjudicación de contratos durante la pandemia. Armengol manifestó su intención de mantenerse en el cargo y arremetió contra el Partido Popular, a quien acusó de traspasar “todas las líneas rojas posibles” al exigir su dimisión.
En dicha comparecencia, Armengol aseguró que no hubo un contacto directo entre su Gobierno y las diferentes firmas salpicadas por el caso Koldo. No obstante, esta versión contrasta con el contenido de un informe elaborado por el Gobierno balear en 2021, donde se detalla que fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas quien contactó directamente con el Ejecutivo regional, tal y como adelantó en exclusiva este diario.
Por su parte, la Fiscalía Europea ya ha abierto una investigación en relación a los contratos que Francina Armengol y Víctor Torres suscribieron con la trama Koldo, tras recibir una denuncia de un particular en relación a los contratos de mascarillas y verificar su competencia. En concreto, investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
