La Junta de Fiscales vivió este martes más de tres horas de intenso debate que terminaron con un escenario inédito en su historia. El criterio mayoritario favorable a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo propició un choque entre los fiscales de Sala jefes que provocó que el asunto acabe en manos de la 'número dos' de la Fiscalía. Se trata de un movimiento que, a juicio de algunos de los allí presentes, fue fruto de una "maniobra" planificada antes de que comenzara la reunión.
Se trata de un supuesto que contempla el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y cuya aplicación no se recuerda en los últimos años. Sin embargo, el escenario de este martes propició un nuevo giro de guion, de manera que la última palabra sobre el informe de la Fiscalía la tendría la teniente fiscal del alto tribunal María de los Ángeles Sánchez Conde.
Se trata de la superior jerárquica de estos fiscales y la 'número dos' de Álvaro García Ortiz, a quien amadrinó hace apenas unos días durante su toma de posesión como fiscal general del Estado. Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que Sánchez Conde, ascendida por Dolores Delgado, puede inclinarse en su informe a favor de la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y declinar, por tanto la investigación a Puigdemont por terrorismo.
"Tenían preparada una maniobra"
El hecho de que el informe haya terminado en sus manos no es casual. El Estatuto que regula la actuación de los fiscales determina que en los casos en los que el criterio del fiscal jefe sea contrario a la opinión mantenida por la mayoría, resuelve el superior jerárquico.
Las fuentes consultadas explican que es un escenario cuanto menos inusual pero que este martes se produjo en el marco de una de las deliberaciones más espinosas de los últimos tiempos. La "amplísima derrota" al informe del fiscal Álvaro Redondo fue clara: doce de los quince fiscales presentes en la reunión se posicionaron a favor de que el Supremo asuma la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo.
Once de ellos, por su parte, respaldaron los indicios contra los dos aforados del caso: Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Rubén Wagensberg. "La posición de Redondo fue amplísimamente derrotada", rezan las voces consultadas. Sin embargo, el asunto propició un choque entre los dos fiscales de Sala que presidieron la Junta. Así, mientras Fidel Cadena respaldó el criterio mayoritario, Joaquín Sánchez-Covisa defendió al ponente.
La mayoría de los fiscales expusieron que los delitos contra Puigdemont son pocos pero sólidos. No obstante, esto se ha preparado de forma que la decisión sobre el informe de la Fiscalía recaiga en Álvaro García Ortiz
La falta de acuerdo entre los dos fiscales de Sala abocó hacia una salida que para algunos de los consultados estaba fabricada de antemano. La misma pasa porque resuelva el embrollo su superiora jerárquica y número dos de la institución.
"Se impondrá el criterio del fiscal general"
"Tenían preparada una maniobra", indican las fuentes consultadas. La duda ahora reside en el criterio que adoptará Sánchez Conde. Al respecto precisan que el criterio mayoritario no es vinculante, de manera que todo apunta a que la teniente fiscal mantendrá el criterio (también cambiado en los últimos meses) de la Fiscalía de la Audiencia Nacional acerca de no hay indicios para investigar a Puigdemont y el resto de imputados en Tsunami por terrorismo.
"La incoherencia es clara y el criterio (que se impondrá) se justifica mal, pero al final la decisión la tomará el fiscal general del Estado", indican. Así pues, el foco se pone ahora en la redacción de este futuro informe y en cómo justifica el criterio de la Fiscalía cuando una muy amplia mayoría de sus integrantes en el Tribunal Supremo han respaldado la tesis del magistrado Manuel García Castellón.
Precisamente este ha sido uno de los aspectos que más tensión ha generado en el cónclave. El mismo arrancó con la intervención de Álvaro Redondo, quien durante hora y media explicó sus motivos para desestimar la exposición razonada del magistrado de 'Tsunami Democràtic'.
Su comparecencia también estaba envuelta en polémica tras conocerse la existencia de un primer borrador, fechado el 26 de enero, en el que defendía lo contrario a lo contenido en su informe final. Sobre ello expuso Redondo que fue un mero escrito inicial y que el cuadro penológico del terrorismo y las altas penas del delito fue lo que le llevaron a barruntar su criterio y finalmente cambiarlo a favor de no investigar a Puigdemont.
Algunas de las voces consultadas defienden la trayectoria de Redondo y aseguran que "nunca se ha desviado lo más mínimo". Por eso, cuando explicó que su cambio de criterio se produjo antes de visitar al fiscal general, le creen. Otros, por contra, entienden que este viraje en su dictamen se produjo o bien para contentar a García Ortiz o bien por indicación directa del mismo. El fiscal general, por su parte, negó en una nota cualquier implicación en los hechos.
"Sólidos indicios contra Puigdemont"
Tras su alocución y un posterior reproche hacia las filtraciones de informes de la Fiscalía, tomaron la palabra los restantes fiscales presentes en el acto. En su mayoría rebatieron la tesis de Redondo y mostraron argumentos a favor de una investigación a Puigdemont.
Los motivos esgrimidos fueron varios. En lo que respecta al delito de terrorismo, se apuntó a la gravedad del delito y su tipificación en el artículo 573 del Código Penal. Tras la reforma del 2015, se refuerza este tipo penal en sintonía con los tratados internacionales y con el fin de prevenir el terrorismo yihadista. Por ello se amplía el catálogo de las finalidades terroristas comprendiendo como tal no solo subvertir el orden constitucional, sino también desestabilizar las estructuras del Estado.
En este contexto los fiscales de la mayoría apelaron a los elementos que concurren sobre Tsunami -especialmente el asedio de El Prat- y también a la implicación de Puigdemont. Pese al criterio de Redondo, que considera que el expresidente catalán no puede tener la misma responsabilidad que los manifestantes por las algaradas, estos fiscales recordaron su implicación a tenor de las conversaciones incautadas en la investigación o las agendas de su mano derecha con reuniones que le implican en su mismo nacimiento.
"Son pocos indicios pero sólidos", argumentaron. Al respecto, alguno de los intervinientes apeló incluso a que Puigdemont pudo haber parado los disturbios. Los fiscales se escudan en uno de los mensajes incautados al empresario Josep Campmajó en el que el líder de Junts avisó de que si había algún muerto durante las batallas campales que tuvieron lugar entonces, perderían la batalla.
Con todas estas pruebas la mayoría concluyó en que sí había indicios al menos para investigar a Puigdemont por terrorismo. Sin embargo, el resultado inusual de la Junta deja el futuro del informe de la Fiscalía en el aire, a expensas de lo que dictamen Sánchez Conde. Con todo, el informe de los fiscales tampoco es vinculante, por lo que la última palabra sobre el futuro de Puigdemont la pronunciará la Sala de lo Penal del alto tribunal que preside Manuel Marchena.
