La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha afrontado este viernes la fase de informes finales del juicio de la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa al presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación detectado en los prestamos concedidos entre 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín. Una causa dirigida contra la citada modista, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, exdirector financiero.

Durante la sesión, el fiscal anticorrupción encargado del caso ha considerado que "llama la atención" que fuese la propia Administración pública la que "se interesase" por apoyar la actividad de la modista y no al contrario, testificando el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, que conoció a Juana Martín en 2005 de la mano de la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía Rosa Torres; y ordenó que Pérez-Sauquillo contactase con ella para apoyar su actividad.

En ese sentido, el fiscal ha avisado de que un informe de gestión de invercaria refleja que de 240 proyectos de inversión analizados, de los que sólo 112 fueron finalmente aprobados, no figura el sector de la alta costura como ámbito abarcado por las iniciativas estudiadas.

En paralelo, el fiscal ha esgrimido el Plan Director de Invercaria, que para Pérez-Sauquillo era sólo "un borrador obsoleto", avisando de que la inversión en Juana Martín "no encaja ni de lejos" en el concepto de "proyectos semilla" y que los mismos estaban sujetos a una serie de "requisitos", entre ellos el de la "viabilidad" económica.

Tras ello, ha alertado de que el primer préstamo participativo de 120.000 euros concedido para la sociedad Juana Martín Diseño creada por la modista para el proyecto acordado con Invercaria fue aprobado "sin documentos actualizados de la actividad ni datos de facturación del último año", toda vez que la actividad de la diseñadora, a su entender, "no era extrapolable" a la entidad mercantil.

Especialmente, ha criticado que tras la concesión de dicho préstamo participativo no hubiese "un seguimiento del dinero" público entregado; así como que el siguiente préstamo de 50.000 euros no contase con "ninguna garantía" pese a que se trataba, como ha insistido, de fondos públicos.

Al punto, ha sostenido que el "destino final" de tales préstamos no fue la promoción de los proyectos de líneas de actividad relacionadas con la moda, sino "cubrir las pérdidas recurrentes" de la actividad de Juana Martín, canalizada primero mediante la sociedad Juana Martín Diseño y después y en paralelo a través de la entidad Juana Martín Andalucía, de la que participaba la propia Invercaria al ser creada entre ambas partes.

Los citados fondos públicos, ha incidido el fiscal, fueron usados también para la adquisición de un inmueble en Córdoba, considerando que "todos los acusados tenían conocimiento" de que los préstamos participativos de Invercaria estaban siendo usados para "atender" las diferentes contingencias de la actividad de la modista, frente a los requisitos estipulados.

"Absoluta falta de control"

Además, ha señalado la detección de transferencias de hasta 90.000 euros de los fondos públicos de Invercaria mediante sólo "órdenes verbales", extremo que ha conectado con la "absoluta falta de control de los 43 millones de euros de fondos públicos" de los que dispuso Invercaria, algo "conocido" además por los acusados, según su tesis.

Mientras en la causa pesa que Juana Martín e Invercaria, con Pérez Sauquillo al frente, alcanzaron un acuerdo para crear la sociedad Juana Martín Andalucía con una aportación no dineraria de la modista consistente en su marca, valorada tanto en 440.000 euros como en 390.000 euros en la parte expositiva del acuerdo firmado entre ambas partes, el fiscal ha señalado además que no medió "ningún fundamento" técnico para dicha valoración, pues un perito tasador encargado de elaborar un primer estudio de la marca testificó que sólo redactó un "borrador" al carecer de suficientes datos.

Así, el fiscal ha considerado que los delitos atribuidos a los acusados radican en "cada préstamo participativo" concedido y desembolsado por Invercaria para la actividad de Juana Martín siempre que la cuantía superase la barrera de 100.000 euros.

El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), socia única de Invercaria, ha coincidido en que "chirría" que el respaldo a la modista partiese de la propia Administración, cuando ella "ni siquiera sabía qué era Invercaria".

A continuación, ha indicado que Invercaria decidió inyectar el primer préstamo participativo de 120.000 euros en la sociedad Juana Martín Diseño, creada "ex profeso" por la modista para recibir el dinero público tras las conversaciones previas, "sin ningún tipo de estudio", cuando además la actividad de la diseñadora arrojaba "pérdidas recurrentes año tras año".

En este punto, ha avisado de que frente al declive de la empresa Juana Martín Andalucía tras los préstamos participativos librados en favor de la misma, la sociedad Juana Martín Diseño está "operando actualmente con valores positivos", con lo que a su juicio la modista "ha ganado", toda vez que no pesa "ninguna explicación del valor" de la marca con la que la modista colaboró en la creación de la sociedad Juana Martín Andalucía.

IDEA ve "un traje a medida"

Según su informe, el proyecto de inversión relacionado con la diseñadora de moda Juana Martín partió de "un traje a medida" que supuso "un evidente desvío de poder", es decir que fue "construido un edificio jurídico para dar el dinero" con una "confusión entre los distintos sujetos", o sea la modista y las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía.

El abogado del PP andaluz, que no había formulado acusación contra Cantos y en sus conclusiones finales retiraba los cargos contra el resto de los acusados, ha asegurado que tras la celebración del juicio, no hay prueba de "dolo, arbitrariedad o autoría" por parte de los encartados, considerando que, en efecto, "se ha perdido dinero público, pero en circunstancias que se ajustaron a la normativa aplicable", es decir que no ha mediado "desvío" del dinero público.

El representante del PP andaluz ha esgrimido que ha quedado acreditado el "éxito e impacto" de la diseñadora de moda, "animando" el consejero Vallejo a la misma a solicitar apoyo de Invercaria. Tras aquello, según el letrado, la diseñadora a "no vuelve a celebrar ningún tipo de reunión consistente en solicitud de ayuda económica alguna", extremo en el que insistió el exconsejero al testificar.

Los "riesgos" de la inversión

Para él, la inversión en la actividad de la diseñadora era "un proyecto asumible para Invercaria, con las consiguientes incertidumbres y riesgos que suponían tal decisión", al tratarse de una empresa de capital de riesgo.

Especialmente, ha señalado que los investigadores de la Policía Nacional que han testificado especificaron que en sus informes no abordaron "la existencia de desvíos de los fondos concedidos a fines distintos que los acordados en virtud de su concesión, hecho que igualmente ratifican los redactores del informe de Taxo", la entidad de peritaje encargada de tal labor.

"Nos encontramos ante un proyecto que fracasó por circunstancias ajenas a sus intervinientes, tanto los miembros del consejo de administración como la diseñadora", ha concluido el abogado, viendo "difícil de entender" que sea acusado el presidente del consejo de Invercaria, pero no los miembros de IDEA que tomaban parte del órgano.