Feijóo y Arrimadas anuncian su primer pacto: recurso al TC contra la ley del catalán

Este viernes se oficializará el primer pacto entre Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas desde la llegada del primero a la presidencia del PP. Ambos mandatarios acordaron, a principios de junio, poner en marcha un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley catalán que veta el 25% en castellano en las aulas pese a la sentencia del TSJC. Ahora, y tras varias semanas de negociaciones y entre Cuca Gamarra y Edmundo Bal, se va a anunciar esa acción conjunta ante el TC del Partido Popular y Ciudadanos.

El acuerdo, que han confirmado Inés Arrimadas y Cuca Gamarra en las ruedas de prensa que ambos partidos han convocado en Barcelona y en Madrid, respectivamente, comenzó a gestarse la segunda semana de junio, después de que el Parlament de Cataluña convalidara el decreto sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria para "proteger el catalán" frente a la resolución del TSJC, tal y como avanzó entonces Vozpópuli.

Según las fuentes consultadas, fue Inés Arrimadas la que tomó la iniciativa. La presidenta de Ciudadanos ofreció a Feijóo que el PP, que no tiene grupo propio en el Parlament de Cataluña, se sumara al recurso de Cs frente al Consell de Garanties Estatutàres catalán y que después el Partido Popular contara con la formación naranja para poner marcha, a través de los dos grupos parlamentarios en el Congreso, el recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

El acuerdo entre los dos dirigentes puso en marcha un trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ambas formaciones, coordinado por sus respectivos portavoces parlamentarios en la Cámara Baja: Cuca Gamarra y Edmundo Bal. Esta misma semana, de hecho, se han intensificado los contactos entre ambos para tener listo el texto antes del parón estival.

Invasión de competencias estatales

El trabajo de ambos partidos ha dado sus frutos y el texto está ya listo para presentarse ante el TC. El recurso, de 20 folios, argumenta que el decreto aprobado en el Parlament es inconstitucional porque invade competencias estatales y porque no se aprobó por razones de "urgente necesidad", sino para sortear la sentencia del TSJC que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano.

Así, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que en el recurso no se cuestiona la competencia autonómica de la enseñanza, pero sí se deja claro que esa competencia no puede confundirse con el uso de las lenguas cooficiales.

En ese sentido, PP y Cs entienden que el decreto aprobado en el Parlament "invade una competencia estatal" al dar potestad a la Generalitat para "decidir sobre lenguas cooficiales". Dicho de otra forma, "un gobierno autonómico no puede quitar del sistema una lengua cooficial como el castellano".

El segundo gran argumento para solicitar la inconstitucionalidad del texto catalán tiene que ver con el propio fundamento del decreto, que se aprobó por extraordinaria y urgente necesidad. La Generalitat justificó esa "urgencia" en la cercanía del inicio del nuevo curso académico en septiembre, pero lo cierto es que redactó el mismo con un solo objetivo: sortear la sentencia del TSJC conocida apenas unos días antes.

El propio consejero de Educación, Josep González-Cambray, dejó claro en el Parlament, en su intervención para presentar el decreto, que su aprobación tenía como objetivo "proteger el catalán" frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que blindaba un 25% del castellano en las aulas. Esas declaraciones del consejero, confirman las fuentes consultadas, son citadas en el recurso.

Sánchez y el nuevo TC

Tal y como avanzó Vozpópuli este viernes, uno de los objetivos de Sánchez con la renovación exprés del TC es, precisamente, 'librarse' de este recurso de PP y Ciudadanos contra la 'ley del catalán'.

El presidente del Gobierno espera que la nueva mayoría progresista que tendrá el Constitucional a partir de septiembre ponga fin al trámite del texto presentado por populares y naranjas. No obstante, hasta entonces, tano PP como Cs van a dar la batalla contra un decreto que, desde el día de su aprobación, consideraron inconstitucional.