Griñán, el catalán, ley Celaá, aborto... Todo lo que Sánchez se juega al renovar el TC

La renovación exprés del TC el próximo mes de septiembre, desbloqueada por Pedro Sánchez a través de una contrarreforma que devuelve al CGPJ las mismas competencias que él mismo le quitó para nombrar vocales del Constitucional, no solo permitirá frenar el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. Con la llegada de una mayoría progresista al Tribunal, el presidente esquivará importantes amenazas judiciales para su Gobierno -como el recurso de la ley Celaá- y para sus socios catalanes.

El horizonte judicial de Sánchez y el de sus apoyos parlamentarios, por tanto, puede mejorar claramente a partir de septiembre. Una circunstancia que las fuentes consultadas por Vozpópuli vinculan a la promesa del Gobierno a la Generalitat de "desjudicializar" el conflicto catalán en la última reunión de la mesa de diálogo celebrada esta misma semana.

Así, en ámbitos parlamentarios y judiciales se da por hecho que la nueva mayoría progresista en el TC acabará con los "últimos flecos", en forma de recursos, vinculados al procés. Si bien es cierto que el Constitucional ya rechazó los recursos de los líderes independentistas a sus condenas , aún queda pendiente media decena de asuntos relacionados, de alguna manera, con el 1-O.

Además, cabe recordar que ERC reclamó hace dos semanas al Tribunal de Cuentas que paralizara la multa contra los excargos de la Generalitat condenados y que consultara, precisamente, al Tribunal Constitucional, cuya posición respecto a este caso podría variar a partir de septiembre.

Por otra parte, destacan las fuentes consultadas, tanto PP como Ciudadanos anunciaron, a principios de junio, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Parlament para priorizar el catalán frente al castellano en las aulas tras la sentencia que obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano. En la mesa de diálogo, el Gobierno se comprometió a no imponer esa resolución judicial... y el TC podría ser la vía para cumplir esa promesa.

Ley Celaá, aborto, eutanasia...

Más allá de estas "cesiones" a sus socios catalanes a través del TC, las fuentes consultadas destacan otros recursos, de un carácter "más político", cuya resolución puede convertirse en favorable para el Gobierno.

Así, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma educativa, bautizada como la 'Ley Celaá', va a pasar de ser una amenaza a convertirse en "un arma" para el Gobierno.

Todo ello porque, desde la oposición, se da por hecho que el nuevo TC lo rechazará: "Sánchez tenía mucho miedo a que ese recurso prosperara. Ahora, con los cambios en el Constitucional en septiembre, la cosa cambia".

El jefe del Ejecutivo, además, también da por seguro el rechazo del TC a los recursos en contra de las leyes del aborto y la eutanasia. En principio, la previsión del Constitucional era pronunciarse sobre el aborto antes de su renovación, prevista inicialmente nen julio. Ahora, las fuentes consultadas asumen que la resolución se producirá ya en septiembre, y probablemente con los dos nuevos vocales ya designados.

Indignación en el PP

Este nuevo horizonte judicial, provocado por la renovación exprés del TC, no pasa en absoluto desapercibido para el PP. Tal y como informó Vozpópuli el miércoles, los populares vinculan las prisas de Sánchez para devolver al CGPJ la facultad de nombrar vocales al Constitucional con el objetivo de salvar a Griñán de la cárcel, pero en el partido van más allá: "El objetivo real del presidente es allanarse el camino en lo que queda de legislatura".

El objetivo real del presidente es allanarse el camino en lo que queda de legislatura

Así, las fuentes consultadas destacan que, con el cambio de mayorías en el TC, "Sánchez elude importantes amenazas judiciales que le preocupaban" después de encadenar una "serie de varapalos" procedentes del Constitucional. Un Tribunal que, entre otras cosas, declaró inconstitucional el segundo estado de alarma aprobado por el Gobierno en la pandemia.

Ahora, "el panorama para Sánchez es otro"... y todo gracias a una reforma del CGPJ "cuya legalidad habría que analizar", apuntan diferentes fuentes parlamentarias. Un análisis que -añaden- "ya no hará el nuevo TC".