La expulsión de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra ya tiene fecha: 1 de julio

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha anunciado que el Ejecutivo regional y el Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a un preacuerdo para culminar la completa cesión de las competencias de Tráfico, lo que supone el cese de la actividad de la Guardia Civil de Tráfico, en detrimento de la Policía Foral, que asumirá estas funciones. La decisión afecta a más de un centenar de agentes del Instituto Armado, a los que se les tendrá que buscar nuevo destino.

La cesión total de las competencias de Tráfico en Navarra viene fraguada tras una serie de acuerdos firmados por Moncloa con diversas formaciones políticas. Los más recientes se remontan a diciembre de 2019, cuando Sánchez suscribió con el PNV que la Comunidad Foral asumiría estas funciones en condiciones similares a como lo hace el País Vasco; y en noviembre de 2022, cuando se pactó con EH Bildu un horizonte inminente para la cesión definitiva. Ambos acuerdos fueron cruciales para la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado.

La decisión supuso un hondo malestar en el seno de la Guardia Civil, toda vez que el pacto se suscribiera con EH Bildu, alcanzando así una reivindicación histórica de los abertzales de limitar la presencia del Instituto Armado en País Vasco y Navarra.

El futuro de los guardias civiles

Asimismo, los agentes lamentan que la decisión deja en el aire el futuro de más de un centenar de guardias civiles que actualmente se desempeñan en las carreteras navarras. Argumentan que muchos de ellos ya tienen sus familias asentadas en la Comunidad Foral y que un cambio de región les deviene en graves contratiempos personales.

Porque a los agentes afectados se les han ofrecido hasta el momento varias opciones. La primera pasa por seguir ejerciendo sus funciones de Tráfico pero en otra región española. La segunda, por cambiar de unidad y quedarse en Navarra. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que cambien el verde por el rojo, incorporándose a la Policía Foral para vigilar las carreteras, teniendo en cuenta que el cuerpo autonómico tendrá que reforzar su plantilla para asumir por completo las competencias.

Ahora, María Chivite, presidenta de Navarra, ya pone fecha a la incertidumbre que reinaba en el seno de la unidad de Tráfico de la Guardia Civil: el preacuerdo está fijado para el 1 de julio y los agentes afectados tendrán que encontrar una salida antes de llegar a este horizonte.