La exconsellera de la Generalitat de Agricultura de la Generalitat Catalana, Meritxell Serret, se ha entregado este jueves de manera voluntaria en el Tribunal Supremo tras tres años huida de la Justicia, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del alto tribunal. Se encuentra procesada por los delitos de desobediencia y malversación. El resto de los integrantes del gobierno de Carles Puigdemont que fueron juzgados en 2019 por los mismos delitos fueron condenados a penas que no contemplaban el ingreso en prisión.
Las fuentes consultadas han confirmado que Serret se ha personado en el edificio del Supremo y que, tras comunicar su disposición de comparecer ante la Justicia, se le dejará en libertad y se le citará para que se le tome declaración. En este caso el trámite no ha sido necesario que lo hiciese ante el juez instructor del procés, Pablo Llarena. Este magistrado ha elevado esta semana una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para establecer las razones por las que Bélgica podría denegar la entrega de Puigdemont y el resto de los fugados tras el desafío soberanista del 1-0.
Serret era una de las fugadas que se encontraba con Puigdemont en Bélgica, por lo que su entrega voluntaria al Supremo supone una ruptura en la unidad de acción de los huidos entre los que están también todavía Toni Comín, Clara Ponsati, Marta Rovira o Lluis Puig. Sobre este último, la justicia belga ya rechazó su entrega a la Justicia española porque entiende que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarle y que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Tras la senda de Borrás, Mundó y Vila
El paso dado por Llarena ante el TJUE supone el último intento de lograr la entrega de Puigdemont y el resto de huidos por los mismos delitos por los que ya fueron condenados el resto de miembros del Govern de la Generalitat. Las condenas que estableció el Tribunal Supremo en aquella sentencia alcanzaron hasta 13 años de prisión en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras.
Serret cuenta con la experiencia previa de los exconsejeros Santi Vila, Meritxel Borrás y Carles Mundó. Los tres fueron condenados a un año y ocho meses de prisión por el delito de desobediencia lo que les costó una inhabilitación, pero evitaron el ingreso en prisión al ser una condena inferior a los años y no contar con antecedentes. Fuentes conocedoras de la decisión de Serret afirman a este periódico que su entrega a la Justicia española era un paso que tenía decidido hace tiempo.
La decisión estaba muy meditada, pienso que es la decisión correcta y el paso lógico en mi lucha para contribuir a poner fin a la represión
Desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), partido al que pertenece Serret, han emitido un comunicado en el que alegan que su compañera busca poder "continuar su lucha política contra la represión". Según dice el partido, tiene la intención de tomar posesión del acta que obtuvo en las elecciones del 14 de febrero y seguir haciendo política desde el Parlamento de Cataluña. La decisión de Serret, que llevaba exiliada en Bruselas desde 2017, responde a la voluntad de "abrir camino al resto de exiliados políticos".
ERC reproduce las primeras declaraciones de Serret tras su entrega: “La decisión estaba muy meditada, pienso que es la decisión correcta y el paso lógico en mi lucha para contribuir a poner fin a la represión contra el independentismo del estado español.” Desde 2018 ha ejercido de delegada del Govern ante la Unión Europea. Formó parte de las listas de Esquerra Republicana, sustituyendo a última hora al consejero Bernat Solé cuando este fue inhabilitado por su participación en el referéndum del 1-O.
