Melilla, Mojácar y Albudeite. Como tres capítulos de una crónica negra, estas tres localidades se han convertido en la pesadilla del PSOE en el cierre de campaña tras desplegarse operaciones policiales por estar involucrado en la compra de votos de cara a las elecciones del 28-M. Aunque la credibilidad de los de Pedro Sánchez ya quedó en entredicho a principio de mayo por la vista gorda del PSOE y el Gobierno a su socio preferente, EH Bildu, tras incluir etarras en sus listas electorales. Un silencio inaudito por la incorporación de 44 terroristas, que ya empezó a torcer el cierre de campaña entonces y que han acabado de torpedear los casos de fraude electoral.
Fraudes electorales
Todo empezó en Melilla en el arranque de semana, cuando los agentes realizaron 10 detenciones a cargos del partido de Coalición por Melilla, que es socio del Gobierno del PSOE en la ciudad autónoma, a los que se les atribuye delito electoral y pertenencia a grupo criminal por su presunta implicación en una trama de compra de votos por correo. Aunque ya están en libertad, el escándalo ya se ha saldado con el cese del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal, uno de los detenidos.
La primera pista fue el robo de 43 documentaciones electorales cuando los carteros las llevaban a los respectivos votantes, por lo que la Junta Electoral Central acordó la anulación de esta documentación sustraída y el refuerzo de dos agentes de Policía Nacional en la oficina de correos de Melilla. Más tarde se extremaron las medidas y se exigió la identificación personal mediante un DNI en las papeletas. El escándalo ya se había convertido en la comidilla de la ciudad española autónoma, aunque no sería un caso aislado, e irrumpió de lleno en el debate político nacional.
Las prácticas irregulares acabaron de golpear de lleno al PSOE este miércoles, cuando los agentes realizaron hasta siete detenciones en la localidad almeriense de Mojácar por una supuesta trama de compra de votos fraudulentos por correo. Dos de estos detenidos figuraban en la lista del candidato del PSOE en la localidad, Manuel Zamora. Todas las alarmas saltaron por los aires en el grupo socialista, que no tardó en eliminar una nota de prensa donde aparecía Bolaños apoyando al grupo municipal en Mojácar.
A raíz de estos hechos el Partido Socialista ha suspendido de manera cautelar de militancia y ha abierto expediente al número dos de su lista para las elecciones municipales en Mojácar, Francisco Bartolomé Flores. En cuanto al otro detenido, Cristóbal Vizcaíno González es número cinco en la candidatura socialista y no ha sido suspendido de militancia al no ser afiliado. En caso de que llegaran a ser elegidos y llegaran al pleno del Ayuntamiento serian expulsados del grupo municipal socialista, añadió el partido político.
La cifra de detenidos que afectan directa o indirectamente al PSOE aumentó ya a la treintena el jueves con la operación en la localidad de Albudeite en Murcia, que se saldó con hasta 13 detenidos por fraude electoral, entre los que se encuentra un candidato de la lista socialista municipal y Héctor Antonio Matínez, que también estaba incluido en la candidatura socialista. Además, la Guardia Civil investiga a otras dos personas por la trama, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver. El operativo se llevó a cabo a través de unas escuchas del Instituto Armado en un operativo antidroga.
Además, a estos hechos cabe añadir otro caso inaudito: el presunto secuestro de una concejal de Maracena, en granada, que apuntan al número 3 del PSOE en Andalucía, Noel López. El juez que investiga estos hechos apunta a la confesión del presunto secuestrador, quien señaló al político socialista como un plan mayor para no revelar información sensible sobre urbanismo.
El juez que investiga el presunto secuestro de una concejal de Maracena (Granada) ha apuntalado los indicios que obran en la causa contra el número 3 del PSOE en Andalucía, Noel López. De entre todas las pruebas recabadas en estos meses de instrucción destaca la confesión del presunto secuestrador, Pedro Gómez, que sitúa al político en el diseño de este plan con el que pretendían que la concejal "no sacara los documentos conflictivos sobre urbanismo", tal y como revela Vozpópuli.
Tres años de cárcel por fraude electoral
La ley electoral establece que vender el voto no es legal ya que el voto es libre y secreto, por tanto, no puede mediar un obsequio, en cuyo caso se estaría incurriendo en un delito electoral. El artículo 146 de dicha ley castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o le induzcan a la abstención.
En el caso de que el autor sea funcionario, se impone además la inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años. Hay un precedente en Melilla. En 2021, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos años de prisión e inhabilitación del entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, y el aún presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, por comprar votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones al Senado de 2008.
Si no está permitido comprar el voto, la venta tampoco, de manera que aunque el autor del delito es el comprador, el vendedor puede ser considerado como cómplice o cooperador necesario del delito, más allá de que se les pueda imputar otro tipo de delitos como parte de una trama más amplia (blanqueo de capitales, organización criminal).
