El Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha abierto diligencias previas para aclarar si el presidente regional, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, cometieron un delito de cohecho por un supuesto trato de favor hacia el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Supuestamente ambos mediaron para adelantar la operación de un familiar de García Egea.
Según informa este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en la resolución, fechada el 2 de diciembre, el magistrado José Fernández Ayuso del Juzgado de Instrucción 7 pide al Ministerio Fiscal que informe “acerca de la viabilidad jurídica” de la denuncia interpuesta, “con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados”.
El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha comentado este martes tras conocer la decisión judicial que Podemos e Izquierda Unida denunciaron en junio pasado el caso tras conocer la información publicada por Infolibre de una conversación privada del jefe del Ejecutivo y García Egea como prueba del supuesto cohecho y que desde el PP se asegura que se obtuvo de forma ilícita según el artículo 197 del Código Penal.
Desde la formación morada subrayan además que “ninguno de los implicados ha negado los hechos, sino que se han dedicado a intimidar a los medios que hablan de este caso”, lo que considera un ataque a la libertad de prensa que, en opinión de Sánchez Serna, supone “una prueba más de que el PP ha traspasado en esta legislatura todas las líneas rojas”.
Satisfacción en IU
Por su parte, el coordinador de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, ha manifestado su “satisfacción por esta noticia” y considera que “la justicia no podía obviar sin más una evidencia delictiva tan palpable, que debe ser como mínimo investigada”.
En su opinión, “la documentación oficial puede aclarar sin ningún lugar a dudas por qué algunos pacientes tienen que esperar meses para una operación de este tipo y el familiar de García Egea habría sido operado presuntamente en solo 6 días y habría conseguido una consulta con el especialista en cuestión de horas tras las gestiones de López Miras”.
Desde el PP han anunciado acciones legales contra los denunciantes por lo que consideran una acusación "falsa" que "atenta contra la dignidad de las personas" e intentan "ensombrecer y deshonrar" a dos "de trayectoria intachable" de forma "mezquina y miserable".
Recuerdan en una nota que un informe del hospital Virgen de la Arrixaca descartó trato de favor o privilegio al familiar de Egea y "dejó patente que el personal vinculado al PSOE y Podemos aprovechó la situación para cometer supuestamente un delito de intromisión ilegítima" accediendo a los datos personales de la historia clínica de un paciente, lo que califica de "muy grave". El propio hospital denunció ante la fiscalía "la actuación del liberado sindical que utilizaron presuntamente como marioneta", concluye.
