España

Dignidad y Justicia califica de 'golpe de Estado' la eliminación de la acusación particular que persigue Pedro Sánchez

La nueva medida del Gobierno también ha sido calificada como una "reforma constitucional encubierta" y aseguran que encamina a España "hacia una tiranía"

  • Pedro Sánchez, su mujer Begoña y la bandera de España.

La asociación Dignidad y Justicia ha comunicado en una nota de prensa que la 'proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales' propuesta por el Partido Socialista es un "golpe de estado". Ha asegurado también que el Gobierno está encaminando el país hacia "una tiranía" y que la reforma "atenta contra la Constitución".

"Tras tener controlado el poder ejecutivo, el legislativo y el Tribunal Constitucional, pretende ahora culminar su control de todo el sistema judicial por la puerta de atrás", ha expresado la asociación, con el objetivo de "poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno".  A través de la 'proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales'.

La entidad ha acusado a Sánchez de querer eliminar la acusación popular para que solo la Fiscalía pueda impulsar procedimientos legales. Desde la asociación han informado que sin esta acusación popular muchas causas contra ETA y el terrorismo no habrían llegado a los tribunales o no tendrían una sentencia condenatoria: "Las acusaciones populares han cubierto el papel que no ha jugado la fiscalía más politizada de la historia de nuestra democracia y por eso ahora se las quieren cargar".

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha confirmado que el Gobierno va contra ellos porque "quieren evitar que las víctimas impulsen procedimientos penales” y que esta reforma "va en contra el artículo 125 de la Constitución Española", referida al derecho de los ciudadanos a ejercer "la acción popular y participar en la Administración de Justicia". Asimismo, ha asegurado que deja a las víctimas sin "capacidad de acción" y que no van a poder participar en procedimientos más allá del enaltecimiento, que "el propio Gobierno quiere despenalizar, como ya han anunciado sus socios del Ejecutivo".

Portero ha recalcado que el proyecto "hace algo perverso": "Prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan 'vinculación' con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado" y deja a la libre interpretación de los jueces el nivel de "vinculación". También ha criticado que esta ley podrá ser aplicada a los procedimientos en tramitación, y como consecuencia, "a aquellos que afectan al propio Gobierno".

"Instrumentalización de la Fiscalía"

"Estamos ante la mayor instrumentalización de la Fiscalía de la historia de la democracia", ha expresado Dignidad y Justicia. La entidad ha asegurado que el Gobierno ya "controla políticamente el ministerio público" y ahora quieren darle un "poder absoluto" a través de un proyecto de ley "completamente institucional".

Por otra parte, Portero ha declarado que el proyecto de ley es "un despropósito", ya que "pretende extender a las causas penales una directiva europea que aplica únicamente para procedimientos civiles" y que la redacción del texto es "incoherente", ya que es un texto inacabado y plantea modificaciones "que luego ni siquiera el propio texto hace".

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