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España

Estas son las 25 denuncias por adoctrinamiento político en la educación catalana

Independentistas

La división en el profesorado con respecto a la independencia es solo uno más de los ejemplos de la fractura social que viven estos días quienes residen en Cataluña. Mientras que el Departamento de Enseñanza, el Consejo Escolar autonómico, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FaPaC), que representa a 500.000 familias de alumnos por toda Cataluña, o entidades como la Conferencia de Decanos de Educación de Cataluña y plataformas como Universitats per la República- una de las principales organizadoras de las manifestaciones pro-independentistas- lanzan sus respectivos comunicados negando que exista en las aulas adoctrinamiento político y denunciando que las acusaciones en torno a estas supuestas malas prácticas se hacen desde un plano "político y partidista", el sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) ha recogido una lista de 25 denuncias sobre presunto adoctrinamiento partidista en algunos centros educativos de la región.

El motivo a no querer comparecer ante los medios, de acuerdo al sindicato de profesores, es "el miedo a la reacción contra ellos, en el caso de los profesores, o contra sus hijos, en el caso de los padres"

Según ha informado este jueves la entidad en un comunicado, la mayoría de los profesores y de los padres "no quieren dar sus datos personales y se niegan a ser entrevistados en radio o televisión". El motivo a no querer comparecer ante los medios, de acuerdo al sindicato de profesores, es "el miedo a la reacción contra ellos, en el caso de los profesores, o contra sus hijos, en el caso de los padres". Además, aseguran que tienen previsto recibir más denuncias y, a medida que las certifique, irá la lista de delitos. Entre los casos que aparecen en el listado, ordenados cronológicamente, está el del los carteles y llamamientos a concentrarse en la puerta del instituto el 17 de octubre de 2017 a las 12 horas en protesta por la detención de personas por motivos políticos "sin tener en cuenta las opiniones de los alumnos y de sus padres y presionando al profesorado que podría pasar a una lista negra".

Imagen de uno de los carteles que piden libertad para los 'Jordis'

Más ejemplos

Además figura la denuncia del inspector de educación Jordi Cantallops sobre que en escuelas catalanas "se adoctrina con el conocimiento e inacción de responsables públicos", una acusación que rechazó acto seguido la Asociación de Inspectores de Educación de Cataluña (AIEC); el álbum fotográfico 'Adoctrinamiento en escuelas' del autor Eduardo González Palomar en la red social Flickr, donde se puede encontrar cerca de 1.300 imágenes relacionadas con la propaganda secesionista o antisistema en centros escolares de Cataluña o en sus inmediaciones.

También hacen referencia a los testimonios de tres estudiantes de la UAB en el programa Espejo Público conducido por Susanna Grisso, donde cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas o a la carta que un padre colgó en su Facebook para denunciar la decisión de la directora del Instituto donde estudia su hija, de hacer una parada de país el martes 3 de octubre, sin respetar la pluralidad de opiniones de todos los padres, profesores y alumnos:

Carta de un padre denunciando la imposición de la directora del Instituto donde estudia su hija

Otros ejemplos de "adoctrinamiento político" que recoge el sindicato de profesores AMES son la explicación del 1-O que hizo el programa infantil de TV3 Info-K, donde se criticaba la actitud de la policía y se idolatraba a los mossos, vídeo que ha sido finalmente retirado del canal; además del testimonio de una estudiante en que aseguraba que la profesora les hizo votar en clase si estaban a favor o en contra de la huelga o el de un estudiante de Bachillerato y el acoso a una madre que pidió más clases en español para sus hijos. Y agregan seis vídeos que ejemplificarían el denunciado adoctrinamiento por parte de políticos y de profesores.

Denuncias en juzgados

En materia judicial, por ahora, solo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Seu d'Urgell tiene abierta una investigación por un presunto delito de incitación al odio en el colegio Mossèn Vives de esta ciudad, después de que varias familias denunciaran humillaciones al hijo de una agente de la Guardia Civil, supuestamente incitadas por el director y profesores, después del 1-O.

"Podría ser que los profesores y el director del centro educativo, incitaran de manera directa a sus alumnos (de edades muy tempranas y en consecuencia moldeables, máximo por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos) a la comisión de hechos mínimamente concretados los que pueda predicarse la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia", dice el documento.

"Hasta tal punto existen indicios de lo indicado, que según se relata en la denuncia, un alumno de este centro habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil, y fue este hecho conocido por el resto de alumnos y profesores ", continúa.

Por otro lado, un total de 18 familias se han dirigido al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para expresar su malestar por los comentarios que, según afirman, algunos profesores del IES El Palau hicieron a alumnos que son hijos de agentes de la Guardia Civil, a raíz de las cargas policiales del 1 de octubre.

Requerimientos del ministerio

Por parte del Gobierno, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recordó este miércoles que se han cursado dos requerimientos -el 27 de septiembre y el 5 de octubre- a la Generalitat de Cataluña para investigar una serie de actuaciones acaecidas en centros educativos contra menores.

Sin embargo, considera que no se puede lanzar una sombra de sospecha sobre todos los profesores de Cataluña y ha animado a denunciar si ha habido "casos puntuales" en los que haya podido haber adoctrinamiento. El plazo para responder a los citados requerimientos por parte de la Generalitat es de un mes y "si no hay una respuesta satisfactoria, el Gobierno procederá acudiendo a los tribunales".

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