Publicado: 14/10/2022 14:57
Actualizado: 14/10/2022 15:14
El Defensor del Pueblo ha avanzado sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio, en el que murieron decenas de personas. El órgano dirigido por Ángel Gabilondo considera que la cifra de devoluciones fue de 470, muy superior al centenar esgrimido hasta ahora por el departamento de Fernando Grande-Marlaska, y que se llevaron a cabo incumpliendo la legalidad. Tras el anuncio, Interior defiende la actuación de los agentes y sostiene que las Fuerzas de Seguridad "van a seguir cumpliendo como hasta ahora su misión de proteger las fronteras de España".
"Tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales", plantea el Defensor del Pueblo en el avance de sus investigaciones, al mismo tiempo que argumenta que cada entrada individualizada debe estar sometida al "pleno control judicial" y al "cumplimiento de las obligaciones internacionales".
Las conclusiones del Defensor del Pueblo llegan tras el análisis de las imágenes recibidas por parte del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad: "Se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales". La institución de Gabilondo sostiene que aún no da por concluidos sus trabajos y pide nuevas imágenes.
Un escrito a Interior
Así, el Defensor del Pueblo urge a Marlaska a que revise los "protocolos de actuación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos cuando se producen intentos de entrada irregular en los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el objetivo de que la gestión sea "integrada, segura y coordinada". También que se deje constancia por escrito de que se ha comunicado al inmigrante la información relacionada con la protección internacional y que se potencie la comunicación con Marruecos para prever este tipo de situaciones.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha remitido un escrito a Interior en el que pide "aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes" y "que se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional". También que se dicten las órdenes oportunas para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados.
"El Defensor del Pueblo apunta en su balance que se tiene constancia de que el Ministerio Fiscal ha iniciado una investigación por los hechos objeto de esta queja, por lo que las conductas o hechos presuntamente delictivos estarían ya siendo analizados por la institución competente para ello", aseveran desde la institución.
La respuesta de Marlaska
La respuesta del Ministerio del Interior no se ha hecho esperar. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseveran que "Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad" y que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos".
Las mismas fuentes de Interior defienden que todas las solicitudes de protección cursadas a partir de los episodios que se vivieron en Melilla "se están tramitando por los cauces legalmente establecidos" e insisten en su respaldo a la actuación de los agentes que intervinieron en los sucesos.
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O sea, Sánchez acusa a Marlaska... Uy, qué raro, raro, raro.
A Marlaska debería acusársele precisamente de lo contrario, y Gabilondo debería de defender a los españoles que tienen que soportar en sus modestos barrios los abusos, los robos, las agresiones de bandas de menas, o bandas latinas, que disfraza llamándole bandas juveniles. No nos podemos tragar a toda la juventud de Africa y de otros continentes. Si la ley es así disparatada habrá que cambiarla.
El defensor de que pueblo? Desde luego no el español.
La inmigración ilegal es un delito contra el pueblo español.
Pero parece que este defensor del pueblo, también, representa a otros intereses aunque cobre de nosotros.
A qué pueblo defiende este con cara de listo?
Densor de...¿qué pueblo? ¿Marruecos, Nigeria?
El Defensor del Pueblo debería defender a los españoles que le pagamos el sueldo.
Hay que abrir las puertas de par en par a los chicos árabes que todavía son pocos en España VIVIENDO DEL CUENTO Y VESTIDOS COMO SEÑORITOS A COSTA DE NUESTROS IMPUESTOS Y CUANDO LES APETECE ROBAR Y/O VIOLAR LO REALIZAN CON PLENA IMPUNIDAD .
LOS MEDIOS Y ADMONES.OCULTAN SUS DELITOS.
VISCA MAAAROCO
El problema no es para el gobierno, que son unos delincuentes, el problema es para los españoles que pagamos impuestos que nos tenemos que quedar con esta chusma.
Desde luego que no es una buena noticia.