La cúpula de ETA era quien autorizaba atentar contra políticos, jueces, empresarios, periodistas...

TP 2/2023 y TP 3/2023. Detrás de estas dos identificaciones judiciales se esconden los nombres de dos etarras que, por primera vez, se han convertido en testigos protegidos en la Audiencia Nacional después de haber aportado pruebas clave para procesar a diversas cúpulas de la banda terrorista desde la década de los 80 -los ‘años de plomo’- hasta, al menos, 2001, en plena ofensiva tras la ruptura de la tregua bajo el Pacto de Lizarra. Según los documentos a los que ha tenido acceso la agencia Colpisa, las acusaciones que han permitido a ambos acceder a ese blindaje las han efectuado en el marco del sumario 3/95 de la Audiencia, reabierto para aclarar el papel de los jefes de la organización en el asesinato el 23 de enero de 1995 de Gregorio Ordóñez, parlamentario autonómico del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Los antiguos activistas protagonizaron las delaciones, en primer término, a principios de este año ante los agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil UCE-1, la unidad que con más ahínco está recopilando pruebas contra los diferentes comités ejecutivos de ETA. Los efectivos del instituto armado recopilaron su confesión en un informe (’diligencias policiales 1/2023’) que el pasado 31 de marzo los exterroristas ratificaron ante el juez que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez, Alejandro Abascal.

Tanto ante la Guardia Civil como ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, los dos integrantes en el pasado de la organización coincidieron en una revelación clave para encausar a los diferentes miembros de los sucesivos Zuba, los comités ejecutivos de la banda. Al menos desde 1980 hasta 2001, los comandos de ETA podían atentar libremente y sin órdenes expresas contra los entonces declarados “objetivos permanentes”; es decir, miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Pero sí necesitaban el permiso expreso de la cúpula para atacar contra cualquier otro colectivo en el punto de mira -políticos, jueces y fiscales, empresarios, periodistas…- o el conjunto de la sociedad, con atentados enorme repercusión como el de la T-4 en Madrid que reventó el proceso de paz con el Gobierno de Zapatero de 2006.

La descripción de cómo recibían las órdenes los etarras, según interpretan el juez y la acusación particular que ha venido impulsado este proceso, Dignidad y Justicia, resulta clave para poder probar la “autoría mediata” de los jefes de ETA por “supeditación” de los comandos a sus directrices y la “jerarquía” que ejercían frente a los activistas en todos los atentados desde los años 80 que no fueran dirigidos contra miembros de las FSE y militares. Una delación que puede actuar contra la impunidad de quienes dirigieron el terror etarra.

Dignidad y Justicia ha logrado con sus iniciativas reabrir varios sumarios contra miembros del Zuba en sus distintas etapas. Procedimientos judiciales que podría verse impulsados ahora por las revelaciones de los dos testigos protegidos, quienes, no obstante, y pese a haber declarado ya ante la Guardia Civil y el instructor, deberán ratificarlas en fase de vista oral llegado el caso. Además del asesinato de Ordóñez, las otras causas concernidas por estas diligencias son las del secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco; la bomba en la T-4; y el atentado que costó la vida en Durango a Jesús María Pedrosa, concejal del PP de la localidad vizcaína.

El primero de los arrepentidos que ha adquirido la condición de testigo protegido militó en ETA en los años 80 y el segundo desde 1993 hasta 2001, cuando fue detenido. De acuerdo con la documentación en poder de la Audiencia Nacional, ambos, que “estuvieron integrados en comandos que realizaron acciones armadas”, han accedido “de manera libre y voluntaria” a detallar, de acuerdo a “su propio conocimiento”, datos sobre “la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista ETA, así como el papel desempeñado por los integrantes de la dirección de las citadas estructuras”. Datos importantes sobre el poder de la jerarquía etarra tanto en la “toma de decisiones, órdenes, instrucciones y autorizaciones para la comisión de determinadas acciones armadas”, como al “identificar a los integrantes de dicho aparato de dirección en el tiempo en el que los mismos estuvieron integrados antes de ser detenidos”.

Cinco jefes

En el sumario por el asesinato de Ordóñez, que es el que ha permitido atestiguar que un atentado contra un político como el corporativo donostiarra debía tener indefectiblemente el visto bueno de los componentes del Zuba, los dos testigos protegidos han confirmado que por entonces se encontraban en la cúspide de la pirámide terrorista los cinco jefes que siempre han venido señalando la Policía y la Guardia Civil: Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Julián Atxurra Egurola, 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza'.

“El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”, apuntó en 2015 la Audiencia Nacional. Unas suposiciones, basadas en sólidas investigaciones policiales y papeles de la banda, pero que ahora, por primera vez, tienen también el sustento de dos testigos protegidos que pertenecieron a los comandos.