La idea de propiciar una eventual amnistía para Carles Puigdemont y otras miles de personas vinculadas al procés ha vuelto a cobrar fuerza tras convertirse el expresidente catalán en un activo clave para que Pedro Sánchez conforme gobierno. Desde el entorno del líder independentista consideran que no habría tacha para que el Congreso aprobara esta ley, aunque constitucionalistas lo descartan de plano porque, dicen, "va contra el Estado de derecho".
Catedráticos de Derecho Constitucional consultados por Vozpópuli indican que la condición que podría poner sobre la mesa Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Sánchez es un "disparate" porque la amnistía es "contraria a la Constitución". Según sostienen, la Carta Magna contempla el indulto -regulado por ley desde 1870- pero en ningún caso la amnistía.
Sin embargo, desde la órbita independentista empieza a cobrar fuerza esta exigencia que afectaría no solo a Carles Puigdemont, sino también a más de 3.000 personas encausadas por el procés y sus derivadas. Desde su entorno sostienen que es factible sacar adelante una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Bastaría con que tuviera el respaldo de la mayoría de la cámara baja para su aprobación como ley orgánica.
Una ley de amnistía para Puigdemont
Lo que se trasmite desde la formación independentista es que no se busca únicamente una salida individualizada para Puigdemont el cual, por su parte, siempre ha rechazado acogerse a un posible indulto porque ello implicaría ser juzgado antes en la causa que tiene pendiente el Tribunal Supremo. Por ello no se pone el acento en su persona, aunque lo cierto es que sería uno de los principales beneficiarios ante una hipotética ley de amnistía.
Por eso, y al margen de medidas personalistas, se alude a las personas que tienen pendiente sentarse en el banquillo de los acusados por todas las aristas relacionadas con el proceso de independencia en Cataluña. La entidad Òmnium Cultural defiende al respecto que desde 2017 hay más de 2.850 "represaliados" por el Estado.
Desde el entorno de Puigdemont y Junts ven factible la creación de una ley de amnistía que delimite los hechos concretos y el espacio temporal que afecta la figura
A los doce líderes independentistas condenados en el Supremo se suman los fugados de la Justicia (entre los que se encuentran Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí) y otros 29 investigados por el Tribunal de Cuentas. Según las cifras que maneja el ente que lidera Jordi Cuixart, la Fiscalía habría investigado a más de 700 alcaldes por dar apoyo al referéndum, y a más de 700 ciudadanos.
Completan la lista de investigados un total de 15 bomberos, 18 docentes y otras 18 personas más por clonar páginas web, según los datos de Òmnium a cierre del año 2020. No obstante, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, apuntaba este martes en entrevista radiofónica que la cifra ronda las 4.000 personas. ¿Cómo se acotaría, pues, la ley de amnistía para integrar a todos los encausados? Según el entorno de Puigdemont, delimitando tanto los hechos concretos como el periodo temporal que se vería afectado por esta figura. El asunto no iría de nombres concretos, sino de una etapa determinada.
"Es anticonstitucional"
Sin embargo, los constitucionalistas consultados niegan esta posibilidad y consideran que se azuza el fantasma de una ley de amnistía únicamente para presionar al Gobierno porque son conscientes de que no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. "Una cosa es el indulto que se aplica a una persona concreta o la derogación de un delito que afecta a un grupo de personas, pero la amnistía es anticonstitucional", reza una de las voces consultadas.
El experto pone como ejemplo la ley de amnistía de 1977, previa a la Constitución. La norma, que se aprobó bajo el Gobierno de Adolfo Suárez, supuso la excarcelación de centenares de presos políticos, etarras, y otros condenados por delitos de rebelión y sedición. Además dejó sin efecto las órdenes de busca y captura para todos los declarados en rebeldía.
Al respecto, las fuentes consultadas sostienen que las amnistías se producen "en situaciones de tránsito de un régimen totalitario a la democracia" pero que no tiene cabida en un Estado de derecho. "La diferencia entre la amnistía y el indulto es que la primera elimina el delito y la segunda la pena (...). No hay amnistía posible en un Estado de derecho porque ésta presupone que quien ha cometido un delito se le exime y en España la Constitución contempla que se le debe juzgar con posibilidad de indulto", indica uno de los catedráticos consultados.
Puigdemont y el banquillo
Preguntados por un posible cambio en la situación de Puigdemont, los consultados coinciden en que debe hacer frente al procedimiento penal en el que está inmerso. Al expresidente catalán, fugado de la Justicia en los primeros compases del procés, no le queda otra opción que sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los mismos hechos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y los otros exmiembros de su gobierno.
Sin embargo, en su caso o en el de Toni Comín, el escenario es más ventajoso tras el cambio del Código Penal impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Derogada la sedición, el magistrado Pablo Llarena tuvo que reformular su procesamiento por el delito de desobediencia. Ahora bien, no se libra de la acusación por malversación agravada pese a que el Ejecutivo también retocó este delito para evitar que tuviera que responder por los gastos que se desviaron a la consulta ilegal.
En paralelo, la Justicia europea se ha pronunciado sobre dos asuntos determinantes que hicieron dejar en el aire las órdenes europeas de detención: la negativa de Bélgica a entregar a Lluís Puig y la retirada de la inmunidad de Puigdemont. En el primer caso supuso un respaldo para el magistrado Llarena, mientras que en el segundo un revés para el líder catalán, que ahora aguarda a que el TJUE pronuncie la última palabra sobre su inmunidad.
Mientras tanto, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha pedido al instructor del procés que reactive las órdenes internacionales de detención para Puigdemont. La petición se produjo apenas horas después de las elecciones generales que sitúan al independentista como ficha clave en el puzzle de Sánchez si quiere conseguir revalidar su mandato. Y al respecto Miriam Nogueras (Junts) fue muy clara la noche electoral al advertir que no apoyarán al presidente en funciones "a cambio de nada".
