El Consell per la República, un ente de tan solo 92.712 socios desde su creación en marzo de 2018, se está convirtiendo en el principal escollo para reeditar un Govern entre ERC y Junts. Presidiendo este organismo con sede en Bélgica está Carles Puigdemont y aspira a funcionar como un 'poder' paralelo al Ejecutivo catalán que represente a todos los partidos secesionistas y sea la voz del procés en Europa, junto a las delegaciones al exterior de la Generalitat.
Pero se trata de un ente que no solo excluye a toda la oposición parlamentaria sino que ni siquiera ha logrado integrar a todo el espectro del independentismo en su seno: la CUP no forma parte de él -solo la corriente de Poble Lliure- ni tampoco Òmnium Cultural, entidad que tuvo un papel fundamental en el auge del procés independentista cuyo líder es Jordi Cuixart, en prisión condenado por sedición.
En su alumbramiento en 2018 se marcó como objetivo activarlo con un millón de socios. Pero tres años después, se han quedado muy lejos de lograrlo. Incluso hay otras entidades de la órbita secesionista, como Òmnium, que tienen más socios (165.000 socios). Es decir, casi duplica en número de inscritos al Consell per la República pero, sin embargo, no está condicionando las negociaciones en la forma que lo hacen desde este organismo con sede en Bélgica.
Este lunes, en vísperas del segundo pleno de investidura, han enviado un comunicado en el que afirmaban que abren la puerta a reformular el propio ente con tal de que se selle un acuerdo entre ERC y Junts. Pero no avisaron al único miembro de ERC, Isaac Peraire, en la dirección del ente de este nuevo planteamiento.
Esta actuación ha irritado a ERC, explican fuentes del partido a Vozpópuli, ya que consideran que es una forma más de demostrar que es un organismo "partidista" y que está al servicio de los deseos de Puigdemont.
Fuera del control del Estado
Sus defensores, en cambio, afirman que el Consell per la República "actúa de manera soberana", fuera del alcance del Estado, y recuerdan que en junio habrá un proceso para volver a elegir presidente.
Después de que se conforme una asamblea de representantes tras los comicios, ésta tendrá la potestad de elegir la Presidencia, que es quien nombra a los miembros del órgano de gobierno. Desde la actual dirección del Consell per la República reivindican que no tienen ninguna limitación derivada de las leyes españolas y que las personas jurídicas que lo encabezan están fuera del alcance de la acción del Estado.
En el comunicado han emplazado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la secretaria general republicana, Marta Rovira, al secretario general de Junts, Jordi Sànchez, así como a los máximos dirigentes de la CUP, de la ANC y Òmnium Cultural a establecer un "diálogo bilateral" para debatir sobre una reformulación de la gobernanza del Consell.
Mandato del 1-O
La dirección erige al Consell per la República como "la institución republicana desde la cual deben acordarse las estrategias para hacer efectivo" el mandato del 1-O, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y es que reivindican que su legitimidad funcional está en el mandato del 1-O y en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, y que ello explica que, en su etapa funcional, se haya construido alrededor "de los miembros del Govern de la Generalitat en el exilio y del presidente, como responsables últimos del aquél referéndum y aquella la declaración".
"Así se determinó en el pacto entre Junts y ERC que dio inicio a la pasada legislatura, y en el que se acordó formalmente la creación del Consell per la República", constatan, y añaden que es el espacio estable con la presencia más plural y transversal del independentismo.
