El TSJ inadmite la denuncia contra Mónica Oltra por cobrar el paro tras su dimisión

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido inadmitir la denuncia contra Mónica Oltra y Ximo Puig que interpuso el diputado autonómico Vicente Fernández en la que advertía de la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación por parte de la exvicepresidenta al reconocer que cobra el paro pese a haber dimitido de su cargo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha concluido que no aprecia delito en la participación del presidente autonómico en estos hechos y respecto a Mónica Oltra declara la falta de competencia de la Sala para valorarla, ya que se trata de una persona que ya no está aforada.

No hubo injusticia en el decreto

En concreto, el informe del Fiscal –coincidente con el de la Sala– en relación al decreto de cese de Oltra firmado por el presidente autonómico valenciano no considera irregularidad alguna en la actuación de Puig. Ni arbitrariedad, ni injusticia en la redacción del cese de la exvicepresidenta, ya que considera que se ajusta a sus competencias y dentro de los parámetros determinados por el artículo 29 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano.

La Sala del TSJCV indica que la expresión "cese", según la citada legislación autonómica, designa genéricamente los diferentes motivos que pueden conllevar la pérdida de la condición de alto cargo y por tanto Puig tenía la potestad de determinar con libertad el cese de los miembros del Consell.

Tampoco ve el fiscal ninguna prueba que soporte la denuncia por malversación "por la inexistencia de razonamiento alguno que lo sostenga". Así, por lo que se refiere a la actuación de Puig tanto el Ministerio Público como la Sala coinciden en que "el decreto se circunscribe al exclusivo ámbito de separación del cargo". Y en definitiva, el Alto Tribunal valenciano decide la inadmisión de la denuncia.

Sin competencia sobre Oltra

Por lo que hace referencia a Mónica Oltra, el fiscal advierte que "las ulteriores consecuencias derivadas del uso adecuado o inadecuado del contenido del decreto (de cese) por parte de Mónica Oltra son de su exclusiva incumbencia y exceden de este ámbito", por lo que deja patente la falta de competencia del TSJ que finalmente se ha reflejado en la parte dispositiva del auto.

Ha quedado patente con este auto que es difícil que esta cuestión de la percepción del subsidio de desempleo siga teniendo recorrido judicial. No obstante, sí se ha puesto de manifiesto que a nivel político Oltra mintió al decir reiteradamente que dimitía y luego optó por el cese involuntario como fórmula para poder cobrar el paro.

Solicitaré al TSJ que remita la causa al Juzgado de Guardia para su reparto ordinarioVicente Fernández

Al conocer la decisión del TSJ, el denunciante, Vicente Fernández, ha explicado a Vozpópuli que "alguien en la Administración autonómica ha tenido que emitir para el SEPE un certificado de que el cese de Mónica Oltra era involuntario", por lo que "solicitaré al TSJ que remita la causa al Juzgado de Guardia para su reparto ordinario".

El objetivo para el denunciante es "esclarecer si Mónica Oltra o terceras personas han podido incurrir o no en responsabilidades penales en orden a la emisión de algún certificado de cese involuntario que le permita cobrar indebidamente prestación por desempleo".

Hay que recordar que la denuncia de Vicente Fernández recogía la imposibilidad de que Mónica Oltra percibiera cantidad alguna de desempleo porque su salida del Gobierno valenciano fue como consecuencia de su dimisión el 21 de junio del año pasado, en un anuncio que se hizo público ante los medios de comunicación.

El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig, sin embargo, disfrazó, según el denunciante, esa dimisión como un "cese" en los documentos oficiales, cuestión que sí le permitió a Oltra cobrar el desempleo (unos 1.300 euros) según lo que ella misma reconoció en el programa 'Salvados' de la Sexta. La decisión final fue de Puig, que es quien tiene las competencias para nombrar y cesar a los altos cargos del Consell.

Despido o dimisión

Sin ir más lejos, firmó el cese de la entonces consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que sí tenía derecho a cobrar la prestación por desempleo al tratarse de un despido. El caso de Mollà, que fue sustituida por Isaura Navarro, fue diametralmente opuesto a la salida de Oltra. En el caso de la exconsellera de Agricultura su salida provocó un agrio enfrentamiento en el seno del Gobierno valenciano y su destitución fue inesperada y de público conocimiento.

Por contra, en el caso de Oltra su salida de la vicepresidencia y de la Conselleria de Políticas Inclusivas fue una dimisión que anunció en la sede nacional de Compromís en Valencia y de la que hizo partícipe a los medios de comunicación en una comparecencia pública.

Los inspectores veían irregularidad

Los inspectores de Trabajo consultados por Vozpópuli ya consideraron en el momento de la denuncia que la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell no le habría dado derecho a percibir la prestación por desempleo que ella misma asegura estar ingresando. Las citadas fuentes indicaron que "como en el caso de un trabajador por cuenta ajena, no es lo mismo un cese que una dimisión" y, en el segundo de los supuestos –salvo en las excepciones que contempla ley y que a Oltra no le afectan– "no tienen derecho a paro".

Igualmente, entendían que la Ley General de la Seguridad Social establece claramente la diferencia entre un despido objetivo, improcedente, y una voluntariedad en el acto de abandono de un puesto de trabajo que sería el aplicable a Oltra (según el relato público que hizo ésta de su salida del Gobierno valenciano).